Una valla instalada el viernes 13 de noviembre de 2026 en la Y de los Chinos, una de las entradas a Puerto Colombia, Atlántico, abrió una nueva controversia alrededor del proceso judicial contra Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’. El aviso muestra la imagen del procesado detrás de unas rejas y el mensaje: “Soy inocente. Mi libertad es de todos. Juan Álvarez libre”.
Álvarez Torres permanece privado de la libertad en la cárcel Distrital El Bosque, en Barranquilla, mientras avanza la investigación por el presunto delito de acto sexual violento agravado contra una surfista de 16 años. El empresario fue capturado el 20 de octubre de 2026 y no aceptó los cargos que la Fiscalía General de la Nación le imputó durante las audiencias preliminares.
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Según declaró Julio R. Del Villar, abogado de la adolescente, a El Tiempo el mismo día de la polémica, la representación de la víctima presentó solicitudes para pedir el desmonte de la valla. “Hacer esto no ayuda en nada en su caso. Se sigue demostrando que hay una revictimización con esta clase de actos en contra de la víctima, que es una menor de edad”, manifestó el jurista.
El reclamo de la familia y las preguntas por los permisos
El representante de la joven señaló que el mensaje permanece expuesto en un lugar de circulación pública de Puerto Colombia y consideró que puede llevar a habitantes del municipio a interpretar que la denuncia es falsa. Por ello, insistió en que la controversia debe resolverse ante las autoridades judiciales, que son las encargadas de determinar si existe o no responsabilidad penal.
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La misma posición fue expuesta por Del Villar a Caracol Radio. El abogado afirmó que la instalación de la valla constituye una forma de revictimización para la surfista y cuestionó la eventual autorización de la publicidad. “No entendemos como las autoridades competentes se presenten para otorgar un permiso de esta clase, para establecer una valla de esta índole, de difamación que va contra toda realidad”, indicó.
En otra declaración a esa emisora, el jurista reconoció que Álvarez Torres tiene derecho a la presunción de inocencia, pero sostuvo que la pancarta afecta a la denunciante. “Aunque todos tenemos la presunción de inocencia es un chiste de mal gusto, sobre todo para la víctima porque ella se atrevió a denunciar y con esta pancarta lo que se intenta demostrar es que ella está mintiendo. Es decir, hay revictimización con la víctima”, dijo.
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La denuncia del 2 de octubre y el proceso judicial
El proceso se originó en la denuncia de una surfista de 16 años por hechos que, según el relato de su abogado a El Heraldo, ocurrieron el 2 de octubre de 2026 en una oficina del inmueble donde funciona Kilymandiaro, en el sector de Pradomar, Puerto Colombia. La adolescente aseguró que Álvarez Torres “la llamó, la tomó del brazo y la condujo hasta una oficina ubicada dentro del inmueble”.
Según informó la Fiscalía General de la Nación tras la judicialización de Juan Fernando Álvarez Torres, reportada el 31 de octubre, la investigación reúne grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de personas cercanas a la adolescente y otros elementos materiales probatorios.
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También señaló que le habría impedido salir de la oficina hasta que recibió una llamada de una amiga. Entre los elementos recopilados figuran grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de personas cercanas a la adolescente y un video que, de acuerdo con el abogado de la víctima, el procesado habría enviado a sus padres.
Álvarez Torres fue capturado el 20 de octubre de 2026 por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La administración de Kilymandiaro afirmó en un comunicado que Álvarez Torres es propietario del inmueble, pero no forma parte de la sociedad que opera el establecimiento ni participa en sus actividades comerciales.
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La Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación para que el caso avance hacia el juicio. Aunque Álvarez Torres permanece bajo medida de aseguramiento en centro carcelario, esa decisión no constituye una condena: su responsabilidad penal deberá ser definida por la justicia.
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