La JEP le ordenó a Sandra Ramírez comparecer este viernes 13 de noviembre a responder por reclutamiento de menores y violencias sexuales en las extintas Farc: la exguerrillera había pedido aplazar la diligencia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la petición de Sandra Ramírez Lobo Silva para aplazar durante 30 días hábiles su segunda versión voluntaria dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas por parte de las Farc-EP. La compareciente deberá rendir la diligencia de forma virtual este viernes 13 de noviembre.

Según informó Noticias RCN, la audiencia estaba programada para la mañana del jueves 12 de noviembre. Un auto de la jurisdicción negó una nueva suspensión, aunque autorizó que la declaración se realizara al día siguiente por vía remota.

La JEP busca establecer el alcance de su influencia dentro de las Farc-EP

La Sala de Reconocimiento de Verdad pretende ampliar y contrastar la información sobre la trayectoria de Ramírez dentro de la guerrilla, las responsabilidades que tuvo y su posible conocimiento de hechos ocurridos en la vida intrafilas contra menores de edad.

La indagación también examina si su relación con Pedro Antonio Marín Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez, o alias Tirofijo, fundador y máximo comandante de las Farc-EP, le otorgó una capacidad efectiva de influencia sobre otros integrantes de la organización. La JEP deberá definir, de ser el caso, cuál fue el alcance de ese poder.

La convocatoria no implica una imputación ni una declaración anticipada de responsabilidad. La diligencia busca obtener información adicional que permita esclarecer los hechos y establecer eventuales máximas responsabilidades.

El Caso 07 investiga violencias cometidas contra menores reclutados

La versión de Ramírez se desarrolla en la etapa final de contrastación de la segunda estrategia investigativa del Caso 07. Esa fase se concentra en las responsabilidades regionales por cuatro patrones de violencia identificados por la jurisdicción: tratos crueles, tortura, homicidios y juicios sin garantías; violencias reproductivas; violencias sexuales; y agresiones motivadas por prejuicios contra menores con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas.

La sala trasladó a la exintegrante de las Farc-EP información y demandas de verdad aportadas por víctimas acreditadas, con referencias a hechos atribuidos al Bloque Oriental. La documentación fue anonimizada para que pueda pronunciarse durante su declaración.

Las víctimas reconocidas y sus representantes judiciales podrán presentar preguntas y demandas de verdad por escrito. El despacho de la magistrada Lily Rueda Guzmán evaluará cuáles resultan pertinentes para incluirlas en la audiencia.

Más de 11 mil personas han sido acreditadas como víctimas

El Caso 07 cuenta con 11.277 víctimas acreditadas. De ese total, 2.250 corresponden a acreditaciones individuales y 9.027 participan de forma colectiva a través de cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano.

En octubre de 2024, la JEP imputó a seis antiguos miembros del último Secretariado de las Farc-EP como máximos responsables por su liderazgo en cinco patrones macrocriminales relacionados con el reclutamiento de menores y las condiciones de vida dentro de la organización.

La jurisdicción también imputó, en marzo de 2026, a 20 exintegrantes de la antigua guerrilla por responsabilidades regionales en el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Hasta ahora, 26 antiguos integrantes de las Farc-EP han sido llamados a reconocer su máxima responsabilidad dentro de este caso.

Víctima de Sandra Ramírez cuestionó a la JEP por garantías a la exFarc

Sara Morales, víctima de reclutamiento y violencia sexual atribuidos a las extintas Farc, cuestionó ante medios la decisión de permitir que Sandra Ramírez participara de manera virtual en una audiencia de versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Morales sostuvo que las instituciones priorizaron la seguridad de la compareciente, mientras las víctimas que denunciaron los hechos enfrentan amenazas sin protección suficiente. “Ese nerviosismo que usted tiene es mínimo al miedo con el que vivimos las víctimas que hemos denunciado lo que ustedes hicieron”, afirmó.

La magistrada Lily Andrea Rueda explicó que Ramírez tiene un nivel de riesgo extremo, según una evaluación de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La JEP rechazó aplazar la diligencia y responder por escrito, aunque autorizó la conexión remota por razones de seguridad.

Morales aseguró que informó amenazas ante la jurisdicción hacía cerca de tres meses y que no recibió respuesta de la Unidad de Investigación y Acusación ni de la magistrada. “En vez de hacer nuestros estudios de seguridad y llegar al fondo de estas amenazas, nos ven a las víctimas como victimarios”, declaró.

La diligencia buscó establecer las responsabilidades de Ramírez dentro de la antigua guerrilla, su capacidad de influencia y su posible conocimiento sobre agresiones sexuales y reproductivas contra niñas y niños. Durante la audiencia, Ramírez negó haber tenido acceso a comunicaciones de los mandos o haber participado en reuniones nacionales y de bloques, y afirmó que realizó labores como cuidar animales y construir trincheras.

Morales rechazó esa versión y sostuvo que Ramírez tuvo responsabilidades superiores a las de una enfermera. También la señaló de participar en la séptima y octava conferencias de las Farc, en las que, según su testimonio, se definieron políticas sobre planificación forzada y abortos. “El cinismo de Sandra Ramírez sigue”, afirmó la representante de 380 víctimas ante la JEP.