A 41 años de la tragedia de Armero, solo una de las 23 recomendaciones para reparar a las víctimas se ha cumplido: esta es la advertencia de la Defensoría

A 41 años de la tragedia de Armero, las consecuencias sociales y humanitarias del desastre continúan afectando a las personas sobrevivientes y sus familias. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que presentó un balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 2025 para atender las afectaciones que dejó la emergencia.

La tragedia dejó entre 21.000 y 28.000 personas fallecidas, entre 3.000 y 4.000 desaparecidas y desaparecidos, incluidos más de 400 niños y niñas, y entre 4.000 y 12.000 sobrevivientes. La destrucción del casco urbano obligó al traslado de la cabecera municipal a Armero-Guayabal y provocó la dispersión de numerosas familias hacia otros territorios, entre ellos Lérida, Ibagué, Bogotá y Medellín.

Las personas afectadas tuvieron que abandonar sus viviendas, perdieron sus bienes y medios de subsistencia y debieron reconstruir sus vidas en otros municipios y ciudades. Este proceso generó diferentes formas de movilidad humana, particularmente desplazamientos forzados y reubicaciones que, de acuerdo con la Defensoría, estuvieron marcados por deficiencias en la planificación y la ausencia de soluciones integrales para las comunidades.

La entidad señaló que las consecuencias de estos procesos se mantienen en el tiempo y que las afectaciones no se limitan a las pérdidas materiales ocasionadas por el desastre. La fragmentación de las familias y las comunidades, el desarraigo y las dificultades para acceder a una vivienda digna, servicios básicos, seguridad jurídica sobre la propiedad y oportunidades económicas continúan haciendo parte de la situación de las personas sobrevivientes.

Solo una de las 23 recomendaciones registra cumplimiento total

En 2025, la Defensoría del Pueblo presentó en Honda, Tolima, la investigación titulada Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia. El documento examinó las afectaciones que persisten cuatro décadas después de la tragedia y formuló 23 recomendaciones dirigidas a las instituciones del Estado para avanzar en la garantía de derechos y la reparación de las víctimas.

Un año después de la presentación de la investigación, el seguimiento institucional identificó avances limitados y compromisos pendientes en asuntos relacionados con la restitución material, el acceso a vivienda, la atención en salud mental y la búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con el balance, la única recomendación cumplida en su totalidad corresponde a la producción del documental institucional sobre la memoria de Armero. Este producto hace parte de las acciones propuestas para preservar y divulgar lo ocurrido durante la tragedia.

Por su parte, 15 recomendaciones presentan un cumplimiento parcial. Estas están relacionadas con la elaboración del censo y la caracterización de las personas sobrevivientes, la implementación de acciones afirmativas, la declaratoria de bienes de interés cultural y la creación del Centro de Memoria Histórica de Armero.

También hacen parte de este grupo las medidas relacionadas con la reglamentación y financiación de las leyes 1632 de 2013 y 2505 de 2025, que conforman el marco legal en Colombia para honrar la memoria de las víctimas de la tragedia de Armero y proteger su territorio e historia.

Las siete recomendaciones restantes continúan incumplidas. Entre ellas se encuentran el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, su priorización en los programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral, la implementación de rutas turísticas de memoria y la creación de un mecanismo nacional para buscar personas desaparecidas durante desastres.

Las medidas que reclama la Defensoría para reparar a las víctimas

Frente al estado de las recomendaciones, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que el Estado reconozca oficialmente los daños prolongados ocasionados por la tragedia y establezca medidas de reparación integral con enfoque diferencial y generacional.

Una de las principales solicitudes consiste en realizar un censo nacional que permita identificar y caracterizar a las personas sobrevivientes y sus descendientes, incluidas aquellas que actualmente residen fuera de Colombia. La medida busca establecer quiénes integran la población afectada y facilitar su acceso a los programas institucionales.

En materia de vivienda y patrimonio, la entidad recomendó priorizar a estas personas en los programas de vivienda de interés social, la asignación de tierras y las medidas de restitución patrimonial. Asimismo, pidió culminar los procedimientos de formalización y saneamiento de los predios correspondientes al antiguo municipio de Armero.

En el ámbito de la salud, planteó la necesidad de garantizar atención integral y acompañamiento psicosocial para las personas sobrevivientes y sus familias, teniendo en cuenta las afectaciones emocionales y familiares que se han prolongado a través de las generaciones.

Otra de las medidas está relacionada con la búsqueda e identificación de niñas y niños desaparecidos durante la tragedia. Para ello, la Defensoría recomendó desarrollar un programa que permita avanzar en la búsqueda y eventual reunificación familiar, además de establecer mecanismos institucionales para atender los casos de personas desaparecidas en desastres.

La preservación de la memoria también hace parte de las solicitudes. La entidad propuso crear el Centro de Memoria Histórica de Armero y fortalecer el museo del municipio como un espacio permanente de investigación, divulgación y formación sobre lo ocurrido.

A estas medidas se suman el impulso al turismo de memoria, el ecoturismo y los emprendimientos comunitarios sostenibles, con el propósito de promover oportunidades de recuperación económica y cultural para las comunidades afectadas.

Finalmente, la Defensoría insistió en garantizar los recursos necesarios para implementar las disposiciones contempladas en las leyes 1632 de 2013 y 2505 de 2025, mediante mecanismos de seguimiento institucional y rendición de cuentas.

La entidad anunció que continuará vigilando el cumplimiento de las 23 recomendaciones y acompañando a las personas sobrevivientes y sus familias en la exigencia de sus derechos, mientras persisten los compromisos estatales relacionados con la reparación integral de las víctimas de la tragedia de Armero.