“¡El colmo!”: concejal Fuchi denunció que de  512.080 vehículos inmovilizados, 1.761 conductores fueron declarados no infractores

El concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como “Fuchi”, cuestionó los cobros por grúas y patios a conductores cuyos casos terminaron con una declaración de no infractor.

El cabildante pidió explicaciones a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la empresa Grúas y Patios Bogotá (GYP) por recursos que, según afirmó, superarían los $966 millones.

Forero señaló en sus redes sociales que, de 512.080 vehículos inmovilizados, 1.761 conductores fueron declarados no infractores. A pesar de esa decisión, sostuvo que 1.678 personas habrían pagado servicios de grúas y patios por más de la millonaria suma expuesta.

“Los declararon no infractores, pero les metieron la mano al bolsillo como si fueran culpables”, escribió el concejal al cuestionar los cobros.

De acuerdo con las cifras expuestas por Forero, esta cantidad de conductores asumieron cerca de $720 millones por el servicio de patios y otros $245 millones por las grúas.

‘Fuchi’ pidió respuestas al Distrito y al operador

El concejal afirmó que el caso evidencia un posible perjuicio para quienes, tras la inmovilización de sus vehículos, fueron exonerados de responsabilidad por la autoridad competente.

“El abuso empieza por ustedes. ¿Dónde está la plata?”, manifestó Forero, que también pidió que la administración distrital responda a los conductores afectados y que aclare cuál fue el trámite aplicado a las personas que recibieron una decisión favorable y si los valores cobrados fueron devueltos o compensados.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, de la Alcaldía de Bogotá ni de Grúas y Patios Bogotá sobre las cifras y los cuestionamientos.

Concejal ‘Fuchi’ cuestionó presuntos sobrecostos de $1.535 millones en la compra de cámaras de fotodetección en Bogotá

El concejal de Bogotá también pidió explicaciones por un presunto detrimento patrimonial de $1.535 millones relacionado con la compra de 25 cámaras de fotodetección para la ciudad que involucraría a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y a la Secretaría Distrital de Movilidad por las diferencias entre el valor pagado a proveedores y el monto facturado al Distrito.

Según la información divulgada por el Concejo de Bogotá y citada por Forero, ETB pagó cerca de $6.380 millones por los equipos y servicios asociados, mientras que la Secretaría de Movilidad recibió una facturación cercana a $8.490 millones. La Contraloría de Bogotá analizó esa diferencia y estableció un presunto detrimento de $1.535 millones.

Forero sostuvo que las 25 cámaras de fotodetección fueron pagadas antes de que estuvieran instaladas. Incluso, el informe citado por el cabildante también señala posibles problemas de planeación y coordinación durante la implementación de los dispositivos.

“¿Cómo así que para cobrarles comparendos a los conductores tienen toda la tecnología, pero para revisar las facturas y cuidar la plata de los bogotanos no aparece nadie?”, cuestionó el concejal.

La Secretaría Distrital de Movilidad explicó los mayores valores con argumentos relacionados con gastos de soporte, garantías, impuestos y servicios adicionales. Sin embargo, de acuerdo con el documento divulgado por el Concejo, la Contraloría consideró que los soportes y explicaciones entregados no justificaban de forma suficiente los pagos observados.

Fuchi cuestionó el papel de ETB en el contrato

El concejal pidió revisar el papel de la ETB como intermediaria en el suministro de las cámaras. La empresa tiene al Distrito como su principal accionista, aunque también cuenta con participación privada.

“Alcalde Galán, explíqueles a los bogotanos cómo es que la ETB compra por $6.380 millones y Movilidad termina pagando $8.490 millones. ¿Qué justifica semejante diferencia?”.

También preguntó por la responsabilidad de quienes autorizaron los pagos, supervisaron el contrato y ejercieron la interventoría sobre la adquisición de los dispositivos.

En consecuencia, anunció que solicitará a la Superintendencia de Transporte que revise, dentro de sus competencias, las presuntas irregularidades relacionadas con las cámaras de fotodetección. Además, pidió que los organismos de control fiscal y disciplinario establezcan si hay responsables por los valores cuestionados.

“No vamos a permitir que esto se quede en un informe guardado en un escritorio”. El concejal indicó que mantendrá el control político sobre el contrato y solicitará información acerca de los procesos de aprobación de precios, facturación y pagos.