Transparencia por Colombia pidió investigar con urgencia las denuncias contra Petro y alertó sobre una posible “sextorsión”: “No puede haber impunidad”

Transparencia por Colombia se pronunció sobre las denuncias conocidas como los “sexocontratos”, que involucran al expresidente Gustavo Petro, y solicitó a las autoridades judiciales adelantar una investigación rigurosa, independiente y urgente para determinar si durante su trayectoria política se habrían utilizado contratos estatales para obtener beneficios de carácter sexual.

En un pronunciamiento divulgado el 6 de noviembre, la organización señaló que los hechos denunciados revisten especial gravedad y requieren la atención de las instituciones encargadas de investigar posibles irregularidades. También insistió en la necesidad de garantizar la protección de las personas que han entregado información sobre el caso.

“No se trata de juzgar anticipadamente a nadie, sino de reconocer que el abuso de autoridad con fines sexuales constituye, si se prueba, una de las formas más graves de corrupción y de vulneración de derechos humanos”, manifestó la organización.

La entidad sostuvo que las denuncias no deben abordarse exclusivamente desde la esfera personal del exmandatario, debido a que el punto central consiste en establecer si existió una relación entre el ejercicio del poder público, la contratación estatal y la obtención de beneficios particulares.

Transparencia por Colombia alertó sobre la corrupción sexual o “sextorsión”

En su comunicado, la organización explicó que los hechos denunciados podrían enmarcarse en una modalidad de corrupción conocida como sextorsión, que ocurre cuando una persona que tiene una posición de poder la utiliza para explotar sexualmente a alguien que depende de ella.

Para explicar este fenómeno, hizo referencia al informe de Transparencia Internacional de 2020, titulado Rompiendo el silencio sobre la sextorsión: los vínculos entre el poder, el sexo y la corrupción, en el que se aborda la relación entre las desigualdades de poder y las prácticas de corrupción sexual.

Según Transparencia por Colombia, esta modalidad tiene un marcado sesgo de género, debido a que la evidencia muestra que las mujeres son víctimas de manera desproporcionada. Por esa razón, advirtió que las denuncias conocidas en Colombia también deben examinarse desde las posibles condiciones de vulnerabilidad, intimidación y desigualdad que podrían existir entre las personas involucradas.

“No solo la presunta situación debe generar un rechazo contundente ante un posible abuso del poder público a cambio de un favor sexual. También estaríamos hablando de una forma de corrupción que ha sido silenciada y que tiene muchas barreras para su investigación”, indicó la organización.

En ese sentido, pidió que las autoridades realicen todas las pruebas necesarias y garanticen una protección integral a los denunciantes, evitando posibles represalias, estigmatización social y revictimización.

Las denuncias contra Petro y los frentes de investigación

El pronunciamiento se conoce en medio de las investigaciones que se adelantan por las declaraciones de Deicy Jiménez, una excontratista que aseguró haber mantenido una relación con Gustavo Petro desde 2019, cuando él todavía era senador, y que posteriormente habría recibido contratos con entidades públicas por recomendación del entonces dirigente político.

Según su testimonio, las vinculaciones contractuales habrían funcionado como una forma de pago por los encuentros sexuales. Jiménez también aseguró que existiría una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos estatales bajo condiciones similares. Cabe aclarar que esas afirmaciones no han sido comprobadas judicialmente.

Los registros de contratación pública mencionados en las denuncias incluyen vinculaciones en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. De acuerdo con la información recopilada por varios medios de comunicación, Jiménez figura con diez contratos en esas entidades.

A estos señalamientos se sumaron las declaraciones de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien habló de 48 mujeres que habrían sido vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios durante la administración anterior.

La controversia también involucra a antiguas funcionarias del Gobierno, como Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes fueron llamadas por la Fiscalía para entregar información sobre los procedimientos de contratación durante su paso por la dirección del Dapre.

La Fiscalía abrió una noticia criminal el 23 de octubre de 2026, mientras que la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio una denuncia relacionada con Petro y la senadora María José Pizarro, por hechos que se remontarían a la época en que el exmandatario ocupaba una curul en el Congreso. El alto tribunal también ordenó labores de policía judicial en la Secretaría del Senado para revisar los contratos de Jiménez.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades disciplinarias en las vinculaciones contractuales de mujeres en diferentes dependencias estatales.

Gustavo Petro, por su parte, ha rechazado las acusaciones y negado haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, afirmó en su cuenta de X.

Frente a estas denuncias, Transparencia por Colombia planteó preguntas sobre el alcance de esta modalidad de corrupción y la manera en que los recursos públicos podrían haberse utilizado para favorecer intereses particulares.

“¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué tanto se ha extendido esta forma de corrupción? ¿en qué momento se habría vuelto aceptable que los recursos públicos se convirtieran en vehículos de corrupción sexual?”, cuestionó la organización, que pidió un rechazo categórico frente a esta y todas las formas de corrupción.