Defensoría del Pueblo reaccionó al ataque con explosivos en Santa Rosa del Sur, que ya deja 3 muertos: “Estos hechos no son aislados”

Hay indignación en Colombia por el ataque con aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos que se registró el 7 de noviembre de 2026 contra el Cantón Militar del Ejército Nacional ubicado en Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. El atentado fue perpetrado mientras las autoridades realizaban un consejo de seguridad en la alcaldía, tras el asesinato de tres personas que se presentó el 6 de noviembre.

De acuerdo con cifras oficiales actualizadas hasta el momento, el ataque ya deja 3 uniformados muertos, 16 heridos de gravedad que fueron remitidos a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica, y 31 afectados.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que expresó preocupación por los hechos de violencia. En el texto, el organismo se solidarizó con los integrantes de la unidad militar que resultaron afectados y sus familias, y advirtió que la situación de orden público en el territorio amenaza también a la población civil.

Según explicó, las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, han agravado la situación humanitaria en el sur de Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas. El panorama está permeado por la disputa por el control territorial entre los grupos armados, las rentas de la minería ilegal y los corredores estratégicos de la región. “Estos hechos no son aislados”, advirtió.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo informó que entre mayo y septiembre de 2026 se registraron 22 emergencias humanitarias por confinamientos –que es una de las principales formas de afectación de las comunidades rurales— y desplazamientos forzados masivos en varios municipios del sur de Bolívar. Estas situaciones afectaron a 11.135 personas de 4.939 familias.

A estas problemáticas se suma la instalación de minas antipersonal en el departamento, así como las restricciones a la movilidad de la ciudadanía y al abastecimiento de alimentos y medicamentos. El accionar de los criminales también ha afectado a los niños, niñas y adolescentes, que padecen la interrupción de las actividades educativas.

Entre la población impactada negativamente por los actos de violencia de los criminales están los uniformados. La Defensoría del Pueblo recordó que la estación de Policía de Arenal fue atacada el 29 de marzo de 2026 y que sufrió otro atentado el 11 de julio.

Asimismo, un mes después (el 19 de agosto), la estación de Policía de Norosí fue blanco de un atentado perpetrado con drones explosivos y ráfagas de fusil. El hecho dejó ocho policías heridos y puso en riesgo a la comunidad educativa de una institución ubicada a poca distancia del lugar.

Una alerta vigente que no habría sido debidamente atendida

Ahora bien, el organismo indicó que Santa Rosa del Sur está incluida en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo informe de seguimiento más reciente fue emitido en agosto de 2026. Según detalló, pese a que los riesgos identificados se mantuvieron y se agravaron, no se convocó la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) que se requería.

“La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección”, precisó.

Así las cosas, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior convocar con urgencia esa comisión para evaluar los riesgos, revisar el cumplimiento de sus recomendaciones y coordinar medidas de prevención y protección. También solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales proteger a la población de la cabecera, los corregimientos y las veredas de Santa Rosa del Sur.

De igual manera, pidió a la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, a la Gobernación de Bolívar y a la Unidad para las Víctimas verificar posibles desplazamientos, activar las rutas de atención humanitaria y asistir a las familias afectadas. También solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar los homicidios ocurridos en el municipio y los ataques contra instalaciones militares para identificar a los responsables.