María Fernanda Cabal envió duro mensaje a Petro por presunta entrega de contratos públicos a Deicy Jiménez a cambio de favores sexuales: “Cosificación, abuso y corrupción”

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, afirmó que es auténtico un chat atribuido al expresidente Gustavo Petro, en el que este le habría pedido mantener a Deicy Jiménez contratada en el Ministerio del Interior. La conversación forma parte de señalamientos que la mujer ha formulado sobre su relación con el exmandatario.

Rodríguez habló con Semana y aseguró que el intercambio es “1.000 por ciento real”. Según la publicación, el diálogo está fechado el 12 de diciembre de 2025, cuando ella ocupaba la dirección del Dapre.

El chat alude a la continuidad de un contrato en el Ministerio del Interior

En la conversación divulgada figura el envío de un archivo identificado como “DeicyJimenez.pdf”, seguido de un mensaje atribuido a Petro: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato, en Interior”. Rodríguez respondió: “Perfecto, señor Presidente”.

La exfuncionaria sostuvo que conserva otros chats con el entonces jefe de Estado. Indicó que podrían incluir instrucciones relacionadas con servidoras públicas, aunque no entregó detalles ni aportó documentos adicionales durante la entrevista.

Rodríguez señaló que está dispuesta a poner esas conversaciones a disposición de las autoridades si las requieren. Hasta ahora, el contenido difundido corresponde a la versión de la exdirectora del Dapre y a la publicación del medio; su alcance probatorio deberá ser establecido por las instancias competentes.

En medio del escándalo que protagoniza Gustavo Petro por los llamados sexocontratos, la exsenadora María Fernanda Cabal en sus redes sociales criticó los presuntos excesos del exmandatario colombiano.

La integrante del Partido Republicano señaló que espera que la justicia caiga con todo el peso sobre el líder del Pacto Histórico, quien, a su juicio, dejó al país en quiebra para financiar sus deseos, entregando contratos públicos.

“Esto va mucho más allá de las bacanales y los excesos de Petro: hay órdenes de contratación y plata de los colombianos de por medio. Y mientras salen los chats, el país, en la olla, busca cómo tapar el hueco fiscal que nos dejaron. ¿En qué terminará esta novela? Ojalá la justicia llegue hasta el fondo y no nos salgan con otro capítulo de impunidad”, escribió Cabal en su cuenta de X.

A propósito, argumentó que “usar el poder y la plata de los colombianos para convertir a mujeres jóvenes en objetos de placer a cambio de contratos no es vida privada: es cosificación, abuso y corrupción. Las denuncias de Deicy Jiménez y los contratos del Dapre exigen justicia. La dignidad de las mujeres no se compra y los dineros del Estado son sagrados”.

Bajo la misma línea, la excandidata presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia señaló en la misma red social que desde el Dapre exhibieron pruebas sobre la entrega de contratos.

“El delito de @petrogustavo está probado. El actual director del Dapre ha denunciado que decenas de mujeres fueron vinculadas mediante contratos de prestación de servicios con el fin de mantener cercanía íntima con el entonces presidente Petro”, expuso.

Para dejar sentada su postura, indicó que “Deicy Jiménez ha declarado haber recibido más de cien millones de pesos en contratos en el Senado, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el propio Dapre; y efectivamente los contratos existen. Además, mostró un video que prueba su cercanía íntima con el ex presidente Petro”.

A renglón seguido mencionó que hay “contratos verificados, una orden directa y el material visual, superan toda duda. Los hechos criminales están probados. No es un asunto privado, es el uso indebido del poder público, de recursos del Estado y el abuso de poder para instrumentalizar sexualmente a una mujer”.

Por ello, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia actuar con el fin de proteger la dignidad de las mujeres y la integridad de la función pública.