Mujeres del Pacto Histórico fijaron posición frente a las denuncias contra Petro por ‘sexocontratos’: “Nuestra defensa de los derechos no está condicionada”

Las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República se pronunciaron frente a los señalamientos que hizo Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, relacionados con presuntas conductas de naturaleza sexual e irregularidades en la contratación estatal, también conocidos como “sexocontratos”.

A través de un documento dirigido a la opinión pública, manifestaron que su posición frente a estos hechos debe ser coherente con los principios feministas y democráticos que han defendido desde su trayectoria política.

En el pronunciamiento, las congresistas sostuvieron que las acusaciones no pueden ser ignoradas, minimizadas ni abordadas de acuerdo con las conveniencias políticas. Asimismo, insistieron en que las mujeres que acuden a la justicia deben recibir un trato respetuoso, sin cuestionamientos sobre su vida privada ni descalificaciones por presentar denuncias.

“Toda denuncia merece ser escuchada con respeto”, señalaron las integrantes de la bancada, quienes también hicieron énfasis en que la defensa de los derechos de las mujeres debe mantenerse independientemente de la identidad de la persona señalada, su posición política o el cargo que haya ocupado.

Solicitaron protección para las denunciantes y garantías de investigación

Uno de los principales puntos del comunicado está relacionado con las garantías que, según las congresistas, deben recibir las mujeres que han presentado señalamientos. En ese sentido, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección evaluar su situación y adoptar las medidas de seguridad y acompañamiento que correspondan.

El propósito, explicaron, es que las denunciantes puedan exponer sus versiones ante las autoridades por medio de los canales institucionales y con las garantías necesarias. También indicaron que, cuando existen posibles asimetrías de poder o relaciones de subordinación entre las partes, estas circunstancias deben recibir especial atención durante las investigaciones.

Las congresistas recordaron que su posición se fundamenta en disposiciones como los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, la Ley 51 de 1981, que incorpora la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw); la Ley 248 de 1995, correspondiente a la Convención de Belém do Pará, y la Ley 1257 de 2008, relacionada con la prevención y sanción de las violencias contra las mujeres.

Sin embargo, también hicieron referencia a las garantías procesales del expresidente. De acuerdo con el documento, el material divulgado públicamente no ha sido sometido a peritaje ni valorado por una autoridad judicial, por lo que pidieron que las actuaciones se desarrollen con independencia y respeto por el debido proceso.

“Será la justicia la que establezca las responsabilidades”, expresaron, al mencionar a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación, la Fiscalía y la Procuraduría como entidades que deben actuar dentro de sus competencias.

Las integrantes de la bancada también recordaron que los estatutos del Pacto Histórico rechazan las distintas formas de discriminación, la violencia basada en género y la violencia política. Además, señalaron que el partido contempla mecanismos disciplinarios frente a comportamientos contrarios a esos principios, siempre con respeto por las garantías procesales.

Piden revisar los contratos y evitar la instrumentalización política

En relación con los señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación estatal, las congresistas manifestaron que esperan una revisión técnica y objetiva de los contratos mencionados. Para ello, citaron como marco normativo las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1712 de 2014, relacionadas con la contratación pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Sobre este punto, fueron enfáticas en señalar: “En cuanto a la contratación pública, creemos que la mejor respuesta es la transparencia. Por ello, esperamos que la justicia revise los contratos mencionados de manera técnica y objetiva”.

También insistieron en que es necesario establecer diferencias entre los señalamientos de carácter personal y aquellos relacionados con el ejercicio de la función pública. Al respecto, expresaron: “Es importante distinguir con cuidado los asuntos de carácter personal de aquellos que corresponden a la gestión pública, para que cada uno sea valorado en su justa dimensión”.

Otro de los planteamientos estuvo dirigido al fortalecimiento de los mecanismos institucionales para prevenir y atender las violencias basadas en género, tanto dentro del partido como en los escenarios nacionales. En ese sentido, las congresistas señalaron: “Consideramos que este momento representa también una oportunidad para seguir fortaleciendo, a nivel nacional y en nuestro partido político, las herramientas institucionales para la atención y prevención de las violencias basadas en género”.

Las congresistas también pidieron que la controversia no desplace otros asuntos de la agenda nacional, entre ellos el trámite de la reforma tributaria denominada Ley de Rescate Económico y la reciente aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso. Asimismo, mencionaron las discusiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población diversa en Colombia.

De igual manera, rechazaron que los hechos sean utilizados con fines partidistas y afirmaron: “También esperamos que la situación no sea instrumentalizada por ningún sector político para intereses particulares. Es un hecho que merece todo el cuidado y respeto posible por las partes”.

Las congresistas marcaron distancia frente a las responsabilidades de los hombres

Uno de los apartados centrales del documento estuvo dedicado a la relación entre las convicciones feministas y las afinidades políticas. Las firmantes señalaron que las mujeres no tienen que asumir la responsabilidad política, personal o jurídica que corresponde a los hombres involucrados en situaciones de esta naturaleza.

“El feminismo no puede convertirse en un mecanismo para encubrir, justificar o minimizar conductas por afinidades ideológicas, partidistas o lealtades políticas”, afirmaron.

En ese mismo sentido, reiteraron: “Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quién sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca”. Además, añadieron que no consideran necesario escoger entre defender los principios feministas y pertenecer a un proyecto político, pues, según expresaron, su compromiso consiste en mantener las mismas posiciones sin excepciones ni privilegios.

Las congresistas también cuestionaron la atención que reciben de los medios de comunicación frente a este episodio. Manifestaron que, a su juicio, no suelen ser consultadas sobre los principales debates legislativos, los problemas del país o sus iniciativas en el Congreso, pero que ahora han recibido solicitudes reiteradas para pronunciarse sobre las denuncias que involucran al expresidente.

Finalmente, aseguraron que continuarán trabajando en las investigaciones que correspondan y activando las rutas de atención frente a las violencias basadas en género, tanto dentro como fuera de las instituciones políticas y públicas.

“Nosotras seguiremos trabajando, haciendo las investigaciones que correspondan y activando las rutas de violencias basadas en género dentro y fuera de las instituciones políticas, públicas o de cualquier índole, por la verdad, la justicia y los derechos de las mujeres”, concluyeron las mujeres de la bancada del Pacto Histórico del Congreso de la República.