Hospital San Juan de Dios certificó que recibió la hoja de vida de Deicy Jiménez, pero nunca se concretó la contratación

Deicy Jiménez difundió el 4 de noviembre de 2026 un video junto a Gustavo Petro que presentó como respaldo de su denuncia sobre una presunta relación íntima con el expresidente de la República y un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos públicos. La publicación también incluyó una advertencia: responsabilizó a Petro si ella o su familia llegaran a sufrir algún daño.

La joven había llevado sus señalamientos ante la Corte Suprema de Justicia, donde expuso durante cerca de tres horas y media sus acusaciones sobre presuntos casos de contratación irregular. Jiménez sostiene que los colombianos “merecen saber quién es Gustavo Petro”.

En el fragmento difundido en redes sociales se escucha una conversación privada entre ambos, con risas y comentarios sobre el estado físico de quien ocupó la Casa de Nariño. Jiménez afirmó que el contenido busca sustentar ante las autoridades el vínculo personal que asegura haber mantenido con el exmandatario.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. (...) Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió en su cuenta de Instagram.

En medio del escándalo de los “sexocontratos” en un documento, al que accedió La FM, el Hospital San Juan de Dios certificó que recibió la hoja de vida de Jiménez.

“Que, consultados los registros documentales de esta Subdirección, se constató que el 27 de julio de 2026 se recibió la hoja de vida y la documentación correspondiente de la señora DEICY ALEJANDRA JIMÉNEZ RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.[número oculto], con destino a una posible vinculación en provisionalidad en la entidad”, puntualiza la misiva.

Y agrega: “Que, la gestión adelantada respecto de la mencionada ciudadana se limitó a la recepción de su hoja de vida y de los documentos aportados, realizando un estudio de verificación de cumplimiento de requisitos en el empleo Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, el cual se encontraba vacante para la fecha de recepción de los documentos”.

El centro de salud también confirmó que Jiménez no fue contratada tras la revisión de los requisitos para aspirar al cargo. “(...)en consecuencia, no se avanzó a las etapas posteriores del trámite de vinculación, ni se materializó su nombramiento y posesión en un empleo de la entidad”.

Los contratos de Deicy Jiménez

Los vínculos laborales registrados durante el cuatrienio 2022-2026 se suman a contrataciones anteriores que elevaron su balance a más de $130.000.000 a lo largo de cinco años. Todos fueron adjudicados de manera directa para tareas de archivo, digitación, apoyo administrativo y logística.

El primer contrato fue firmado en marzo de 2023 con el Senado de la República por $7.000.000, para apoyar la unidad de archivo institucional. Seis meses después, Jiménez recibió una segunda asignación identificada con el radicado CDPS-SEN-695-2023, por $34.000.000, con vigencia hasta julio de 2024.

Durante ese período prestó apoyo en la Primera Vicepresidencia del Senado, que entonces estaba a cargo de María José Pizarro. Los registros contractuales revisados indican que esos dos compromisos fueron otorgados mediante contratación directa.

Las vinculaciones continuaron en el poder ejecutivo en junio de 2025, cuando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le asignó $18.000.000 para labores de archivo y organización documental en la delegatura para el control.

El 28 de agosto de ese año, la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior emitió un certificado de idoneidad que avaló su perfil para trabajar en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Con ese respaldo, suscribió el contrato de prestación de servicios número 1826 de 2025 por $11.151.338.

La cláusula principal estableció que debía “prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para los proyectos y/o contratos que se encuentran en la etapa de ejecución y liquidación, financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON (sic)”.

El Ministerio del Interior renovó la orden de servicio el 21 de enero de 2026, con las mismas funciones, por $30.000.000 y una vigencia prevista hasta el 31 de diciembre. Los soportes laborales de la contratista consignan que obtuvo el título de bachiller académico en el colegio Capacitación 2.000 y que tuvo experiencia en el sector audiovisual independiente.