Gustavo Petro anunció demanda contra la Ley de Sometimiento y la calificó de “alcahuetamiento de narcos”

El expresidente Gustavo Petro anunció que presentará una demanda contra la Ley de Sometimiento, sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella el miércoles 4 de noviembre y oficializada como la Ley 2640. El exmandatario cuestionó los beneficios judiciales contemplados para integrantes de organizaciones criminales y calificó la iniciativa como un “alcahuetamiento de narcos”.

A través de su cuenta de X, Petro aseguró que dio instrucciones a su abogado para acudir ante las autoridades y radicar la demanda el día de hoy, jueves 5 de noviembre. En su pronunciamiento, sostuvo que la legislación representa beneficios para quienes han cometido delitos graves y cuestionó sus disposiciones frente a las consecuencias económicas que, según su planteamiento, tendría para otros sectores de la población.

“Mientras las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes. Beneficios para quienes llenaron de sangre a Colombia, más impuestos para los pobres y los trabajadores asalariados, y más privilegios para los más ricos”, escribió.

El expresidente también cuestionó que la discusión pública se concentrará en asuntos relacionados con su vida privada, mientras, según planteó, se prestaba menos atención a la aprobación de una legislación que establece mecanismos de sometimiento judicial para integrantes de organizaciones criminales.

“A quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo, les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa”, manifestó.

En ese sentido, insistió en que la controversia sobre su intimidad no debería desplazar la discusión sobre las disposiciones de la nueva ley. “Ningún vídeo va a ocultar eso, ni la intimidad de nadie va a detener la indignación popular. Esa ley no pasará el examen de la Constitución”, agregó.

Petro también cuestionó los beneficios previstos para los integrantes de las estructuras criminales y anticipó que acudirá a las autoridades para controvertir la constitucionalidad de la norma.

Qué establece la Ley de Sometimiento sobre las penas para grupos criminales

La principal discusión planteada por Petro está relacionada con los beneficios judiciales que contempla la Ley 2640 para integrantes de organizaciones criminales de alto impacto.

La norma modifica disposiciones de la Ley de Orden Público y prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997. Su objetivo es establecer un marco jurídico para facilitar el desmantelamiento de esas estructuras mediante mecanismos de sometimiento a la justicia, sin reconocerles estatus político ni permitir negociaciones políticas con sus integrantes.

El articulado establece un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para los cabecillas y de seis años para los colaboradores. También contempla reducciones de hasta el 50% para integrantes de base y de hasta el 30% para los mandos, siempre que cumplan las condiciones previstas en la legislación.

Entre los requisitos para acceder a los beneficios están la colaboración eficaz con la justicia y la entrega de bienes obtenidos de manera ilícita. Las condenas deberán cumplirse en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La legislación también establece la pérdida de beneficios para quienes oculten información sobre personas desaparecidas. Esta disposición busca vincular los incentivos judiciales con el suministro de información útil para las investigaciones y la reparación de las víctimas.

Otro de sus componentes contempla programas de tránsito a la legalidad bajo la coordinación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con participación de los ministerios de Trabajo y Educación y procesos de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Además, incorpora medidas de transformación territorial para sustituir economías ilegales por actividades lícitas y prevenir la reorganización de grupos armados. Entre las conductas contempladas se encuentran la minería ilegal, la deforestación y la tala ilegal.

Así se aprobó la Ley de Sometimiento en el Congreso

La iniciativa recibió el respaldo de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. En su último debate, la Cámara aprobó el proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra, mediante una votación espejo que permitió acoger el texto aprobado previamente por el Senado.

Para alcanzar ese acuerdo, los representantes reabrieron los artículos 2 y 25. La decisión permitió que ambas corporaciones aprobaran un articulado idéntico y evitó que el proyecto tuviera que pasar a una comisión de conciliación.

En el Senado, la propuesta había recibido 57 votos a favor y 24 en contra. Durante la discusión también se introdujeron modificaciones, entre ellas la eliminación del artículo 25, relacionado con el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

La disposición fue retirada con 78 votos, después de los cuestionamientos sobre la posibilidad de realizar contratación directa y reservada con recursos de ese fondo.

El representante de la Alianza Verde Jaime Raúl Salamanca Torres señaló que varias de sus proposiciones fueron aceptadas durante el trámite. Entre los ajustes mencionó la posibilidad de investigar a terceros señalados por integrantes de grupos armados ilegales sin tener que esperar una condena contra quien suministre la información.

También se limitó la facultad reglamentaria del Gobierno a aspectos operativos y logísticos, para impedir que el Ejecutivo establezca requisitos, beneficios o causales adicionales a los definidos por el Congreso.

Salamanca advirtió que quedaron pendientes aspectos relacionados con los recursos y los plazos para la reparación de las víctimas, así como garantías frente a posibles presiones en los procesos de libertad condicional.

Abelardo de la Espriella defendió la sanción de la Ley 2640

Después de que las dos cámaras aprobaron el mismo articulado, los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, firmaron la iniciativa para continuar con el trámite de sanción presidencial.

El presidente Abelardo de la Espriella sancionó la legislación el miércoles 4 de noviembre, antes de que venciera el plazo establecido para hacerlo, a las 11:59 p. m. La norma quedó oficializada como la Ley 2640.

Tras la firma, el mandatario defendió el alcance de la iniciativa y aseguró que no representa privilegios ni impunidad para los integrantes de organizaciones criminales.

“¡SE ACABÓ LA FALSA PAZ! ¡EN COLOMBIA LOS CRIMINALES SE SOMETEN A LA JUSTICIA, NO EL ESTADO A LOS CRIMINALES!”, escribió en su cuenta de X.

De la Espriella sostuvo que quienes se acojan a los mecanismos previstos deberán confesar sus crímenes, reparar a las víctimas, entregar sus fortunas ilegales y responder ante la justicia.