Abelardo de la Espriella prohibió a interventores de EPS tener cualquier contacto con el poderoso empresario de la salud Mario Urán: “Siniestro”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prohibió a los interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) reunirse o tener contactos con Mario Urán.

La instrucción fue divulgada el jueves 5 de noviembre de 2026 en una publicación en X y contempla la separación inmediata del cargo para quien la desobedezca.

El mandatario calificó la directriz como una “¡ORDEN TERMINANTE!” y escribió: “Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán”.

De la Espriella añadió que “quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones”. El mensaje no detalla las razones específicas de la restricción ni identifica eventuales reuniones o gestiones que hayan motivado la medida.

El presidente vinculó la medida con el uso de los recursos sanitarios

En la misma publicación, el presidente afirmó que su gobierno pondrá fin a las “mafias, los negociados y la corrupción en el sistema de salud”, expresión que atribuyó también a los “negocios irregulares con los medicamentos”.

Según el texto, los recursos destinados a la atención médica deben emplearse para “atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus medicamentos”. De la Espriella sostuvo que esos fondos no pueden utilizarse “para enriquecer a intermediarios inescrupulosos”.

El mandatario cerró su pronunciamiento con otra advertencia: “No permitiré que se siga jugando con la salud y la vida de los colombianos”.

Polémicas de Mario Urán

Un informe de 23 páginas de la Procuraduría General de la Nación examinó presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de cuatro Entidades Promotoras de Salud (EPS). El documento incluyó a Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud, y surgió después de las alertas que presentó en noviembre de 2024 el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

La entidad identificó posibles transferencias de fondos a terceros, incumplimientos de metas e indicios de relaciones con paraísos fiscales. Según la Procuraduría, parte de los recursos que debían financiar la atención de los afiliados habría tenido destinos distintos a los establecidos por la normativa.

El informe también registró pagos a organizaciones clínicas, giros de cuantías elevadas a terceros y anticipos pendientes de legalización. Además, la Procuraduría detectó diferencias en registros financieros de las EPS, situación que puso en duda la consistencia de la información entregada por las entidades.

En el caso de Coosalud, que no estaba intervenida cuando se elaboró el reporte, se hallaron diferencias entre los giros efectuados de enero a septiembre y las cifras expuestas en una circular financiera oficial. La Procuraduría consideró que esas variaciones requerían explicaciones sobre la administración de los recursos y los mecanismos de control.

Asmet Salud acumuló 12 anticipos a terceros que no habían sido legalizados y que superaban los $21.000 millones. El documento advirtió que esa situación afectaba la verificación de pagos a prestadores de servicios médicos y podía dificultar la recuperación de los dineros involucrados.

Sobre Emssanar, la Procuraduría alertó sobre un eventual sobrecosto en la compra de material de osteosíntesis, utilizado para estabilizar fracturas. Los desembolsos mensuales por esos insumos pasaron de $3.115 millones a $5.276 millones entre julio y septiembre del período evaluado, una diferencia de $2.161 millones que quedó bajo revisión.

La investigación sobre SOS se concentró en una diferencia de $455 millones en la trazabilidad de recursos enviados a seis prestadores y proveedores. Para la Procuraduría, el hallazgo podía reflejar fallas en el control financiero de la EPS.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una línea de investigación por el presunto desvío de recursos en el sector salud. El proceso incluyó a Mario Andrés Urán, asesor de la industria, señalado por una posible participación en un esquema relacionado con el direccionamiento de fondos hacia entidades intervenidas.

La defensa de Urán rechazó los señalamientos. Su abogado, Andrés Garzón Roa, afirmó: “El doctor Mario Andrés Urán Martínez no ha direccionado dineros de la salud”. También negó que su cliente fuera socio del Centro Oncológico del Caribe y sostuvo que un proyecto de asociación mediante la empresa ROMA no se protocolizó y concluyó a finales de 2023.