
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsuperintendente nacional de Salud Daniel Quintero Calle por una presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. La actuación disciplinaria se apoya en una entrevista difundida ese día a través de TikTok.
“A juicio del ente disciplinario, Quintero Calle, al parecer, optó por participar indebidamente en política, acción con la que pudo ocasionar una presunta violación a los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. La presunta falta disciplinaria endilgada al exsuperintendente de Salud fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo”, indicó el organismo.
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Conforme a lo expuesto en el documento oficial al que accedió Semana, el exfuncionario ocupaba la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) cuando se emitieron las declaraciones examinadas por el Ministerio Público. En ese contenido audiovisual, Quintero habría expresado respaldo a Iván Cepeda y cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella, entonces candidatos a la Presidencia de la República.
La Procuraduría examina el impacto de las declaraciones en la segunda vuelta

El auto sostiene que la conducta bajo revisión pudo afectar las garantías de equilibrio e imparcialidad que rigen la intervención de los servidores públicos en el debate electoral. El máximo organismo del Ministerio Público consideró que las prohibiciones aplicables al cargo buscaban preservar condiciones iguales para quienes participaban en la contienda.
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José Rodrigo Vargas, procurador a cargo de la investigación, señaló en el expediente que la naturaleza del puesto aumentaba la relevancia disciplinaria de las manifestaciones. La Supersalud es la entidad que vigila el sistema de salud, por lo que su titular debía ceñirse a las restricciones constitucionales sobre actividad política.
El documento advierte que el incumplimiento de esas reglas “podría convertirse en un escenario que vulnere los derechos” de los candidatos y afecte “las condiciones de equilibrio e imparcialidad”. La formulación de cargos no equivale a una declaración de responsabilidad: el proceso continuará con las etapas previstas para que las partes ejerzan su defensa, informó la revista.
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El expediente cita el antecedente de Quintero como alcalde de Medellín

La Procuraduría también incluyó como antecedente una actuación de 2022, cuando Daniel Quintero era alcalde de Medellín. En ese momento fue suspendido tras divulgar un video con la frase “el cambio es en primera”, que las autoridades asociaron con la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Para el órgano de control, ese antecedente tiene incidencia en la calificación provisional de la falta. El auto plantea que el exalcalde conocía las limitaciones que rigen a los funcionarios públicos y, aun así, habría incurrido nuevamente en una conducta de la misma naturaleza. Por ello, la entidad formuló el cargo de manera provisional a título de dolo.
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Quintero rechazó el caso en sus redes sociales, argumentando que es objeto de una persecución política. Su postura contrasta con lo consignado por la Procuraduría sobre el desarrollo de este trámite, en particular, respecto de las oportunidades procesales abiertas tras la práctica de pruebas.
El exsuperintendente no presentó observaciones ni alegatos, según el auto

En agosto de 2026, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría presentó un informe técnico y se corrió traslado del documento a Quintero. El expediente indica que el exsuperintendente fue notificado, pero no pidió aclaraciones ni complementaciones sobre ese material.
Un mes después, la entidad ordenó el cierre de la investigación para resolver la siguiente etapa. Además, otorgó 10 días al exfuncionario para que expusiera alegaciones previas. En octubre quedó registrado que no remitió escritos de alegatos dentro de ese plazo, de acuerdo con el auto.
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El expediente seguirá ahora el procedimiento disciplinario correspondiente. La Procuraduría deberá adoptar una decisión de fondo una vez se surtan las actuaciones y garantías de defensa previstas en la ley.
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