La excandidata presidencial Sondra Macollins volvió a ser objeto de críticas luego de que compartió una foto en sus redes sociales, y como parte del viaje familiar que adelanta en Bangkok, Tailandia.
El detalle que rebosó la paciencia de algunos usuarios, se dio por cuenta de las revelaciones por parte del portal La Silla Vacía, sobre la legalización de un millonario anticipo estatal, sumada a la imagen que tomó de uno de los rascacielo más exclusivos, el Lebua At State Tower, y en donde se grabaron varias escenas de la película Qué pasó ayer. Parte 2 (The Hangover Part II), junto a una frase que desató la indignación.
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Macollins señaló: “Hay escenas de películas que uno nunca olvida… ¡y lugares a los que llegas y no puedes resistirte a recrearlas! Esta vez nos tocó vivir nuestra propia versión de The Hangover (¿Qué pasó ayer?), en las alturas de Bangkok. Misma pose, diferente elenco… ¡y una historia que también merece película!”
“Quédate por allá no vengas más”; “Sigue de tour!! Con la reposición de votos!!! En 3 años regresan”; y “se pagaron un viajecito a Bangkok con la plática de nuestros impuestos! Qué rico esos millones de anticipo, ojalá tuvieran los votos, pero bueno, el guayabo electoral se pasa facilito en Bangkok. Listos para otra tanda en 2030″, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación de la excandidata a la Presidencia.
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El millonario anticipo por el que señalan a Sondra Macollins
La investigación del portal señaló que la campaña presidencial de Sondra Macollins Garvin recibió $4.500 millones como anticipo estatal diez días antes de las elecciones y destinó al menos $3.261 millones a dos entidades con vínculos con la candidata y su familia.
El medio señaló que la Corporación Partido Digital Colombiano y la empresa Integral Servicios Profesionales (ISP) concentraron buena parte de esos recursos públicos. Macollins figura como directora, presidenta y asociada de la primera organización, mientras que ISP pertenece a hijos de su esposo, Moisés Garvín (uno de los que aparece junto a ella en la fotografía).
La candidata obtuvo 19.987 votos, equivalentes al 0,1% de la votación. Al no superar el umbral del 4% para acceder a la reposición de votos, quedó abierto el debate sobre la eventual devolución del anticipo. Sin embargo, un precedente del Consejo Nacional Electoral (CNE) permite que los candidatos eviten ese reembolso si prueban que gastaron los recursos en propaganda electoral y administración de campaña.
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El Partido Digital recibió $1.770 millones por publicidad electoral
De acuerdo con los documentos revisados por La Silla Vacía, la campaña reportó el 27 de mayo pagos por $1.770 millones a la Corporación Partido Digital Colombiano.
De ese monto, $1.726 millones correspondieron a “servicio de producción y difusión de propaganda electoral para campaña presidencial”, mientras que otros $44 millones fueron registrados como actividades culturales de propaganda electoral.
La publicación advirtió que el mismo 21 de mayo, fecha en la que ingresaron los recursos estatales, la corporación modificó su objeto social para incluir actividades de publicidad, producción audiovisual, plataformas digitales, páginas web y centros de llamadas.
La organización había sido creada en 2020 por Moisés Hernández, nombre con el que antes figuraba Moisés Garvín. Entre 2020 y 2025, registró ingresos anuales promedio cercanos a $ 10 millones. Macollins ingresó formalmente a la entidad en abril de 2024, después de su matrimonio con Garvín.
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La candidata afirmó al mismo medio que la corporación estaba habilitada para prestar los servicios y sostuvo que las facturas se habían expedido antes del giro del anticipo.
ISP recibió pagos por transporte de propaganda y soporte digital
La campaña también reportó pagos a Integral Servicios Profesionales (ISP) por $1.491 millones. De esa cifra, $1.099 millones correspondieron a transporte para difusión de propaganda política mediante vehículos terrestres y $392 millones a soporte digital, infraestructura y alojamiento web.
El mismo informe advierte que ISP era administrada por Moisés Garvín en 2016 y posteriormente pasó a manos de su hijo Sebastián David Hernández, quien hoy figura como socio, gerente y representante legal. Otros hijos de Garvín también aparecen como propietarios.
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La investigación indicó que la compañía amplió su objeto social para incluir servicios de infraestructura digital el 1 de junio, un día después de la primera vuelta presidencial. Por ello, el medio cuestionó que la campaña hubiera contratado ese servicio antes de que la empresa lo incorporara formalmente.
Macollins respondió que no existe una prohibición expresa para contratar con sociedades en las que participen familiares suyos o de su cónyuge. También afirmó que ISP podía desarrollar actividades comerciales lícitas para promover su candidatura.
El CNE deberá establecer si los recursos se usaron conforme a la ley
La Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que no resulta usual que un movimiento político reciba pagos de una campaña para ejecutar publicidad electoral. El Partido Digital figura ante el CNE como un movimiento sin personería jurídica.
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La investigación también indicó que la campaña superó inicialmente el tope de gastos destinado a propaganda política y después ajustó sus reportes contables.
En el segundo informe, trasladó los $392 millones pagados a ISP por soporte web al rubro de otros gastos de campaña.
El CNE no había iniciado, según el reporte, la revisión de las cuentas de Macollins. Además, esa evaluación deberá determinar si los recursos del anticipo fueron ejecutados conforme a las reglas electorales y si procede una devolución total o parcial de los fondos.
La investigación menciona vínculos con organizaciones bajo escrutinio
El artículo también reseñó los vínculos de Moisés Garvín y Sebastián David Hernández con Aldesarrollo, Red Summa, Inntic y Red Universitaria, organizaciones descritas por el medio como “contrataderos” por sus relaciones contractuales con entidades públicas.
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Algunas de esas organizaciones enfrentan denuncias y actuaciones ante la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por posibles acuerdos irregulares en contratación. Garvín negó estar detrás de esas entidades y sostuvo que fue empleado de Aldesarrollo hasta 2023.
El gerente de campaña de Macollins, Hainer Alvernia Angarita, también aparece relacionado con algunas de esas organizaciones y figura en actas de la Corporación Partido Digital Colombiano.
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