Reforma del Gobierno de Abelardo de la Espriella reduciría las entidades del Estado de 209 a 104: así sería el fuerte recorte y qué desaparecería

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara una reforma que eliminaría, suprimiría o fusionaría 105 entidades del Estado para reducir gastos de funcionamiento, aunque el plan, de entrada, plantea una fuerte disputa por las facultades que el Congreso le entregaría al Ejecutivo para rediseñar la administración pública durante seis meses.

El proyecto, de 36 páginas, pone sobre la mesa la discusión sobre la estructura del Ejecutivo, que pasaría de 209 a 104 entidades. La proyección hecha con esta iniciativa calcula, al menos, un ahorro de $8,6 billones a partir de la supresión de organismos y la integración de funciones hoy repartidas entre varias dependencias del ordenamiento estatal.

Según reveló Noticias RCN, la reducción de entidades no implicaría una disminución de ministerios. El Gobierno conservaría 18 carteras con la creación del Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que asumiría funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia; y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, que recogería responsabilidades del Departamento de Prosperidad Social.

A su vez, la reforma también concentraría los seis departamentos administrativos en dos estructuras: el Departamento Administrativo de Planeación, Inversión y Desarrollo Nacional, en reemplazo del Departamento Nacional de Planeación; y el Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, que asumiría las funciones del Dane.

Congreso debatirá facultades extraordinarias por seis meses

En el artículo 7 de la Ley de Rescate Fiscal, la primera reforma tributaria de De la Espriella, se propone otorgar al presidente facultades extraordinarias durante seis meses para suprimir o fusionar ministerios y departamentos administrativos, modificar nombres, objetivos, estructuras y orden, además de reasignar funciones y ajustar las plantas de personal.

La iniciativa permitiría también suprimir empleos y vacantes, crear entidades que asuman competencias de organismos eliminados y efectuar los cambios presupuestales derivados de la reorganización. Esto de entrada genera un fuerte choque, pues el artículo 150 de la Constitución asigna al Congreso la definición de la estructura de la administración nacional.

Aunque, como también reza en la norma de normas, el legislativo puede delegar temporalmente esas atribuciones en el mandatario para asuntos específicos y con mayoría absoluta en ambas cámaras. Eso sí, en su exposición el Gobierno debe especificar de manera detallada qué sectores o entidades se pueden reestructurar, como lo haría con el documento.

Ministerios de Cultura y Deporte se unirían, al igual que Educación y Ciencia

El rediseño contempla fusionar los ministerios de Cultura y Deporte en una sola cartera. Educación y Ciencia también quedarían bajo una misma estructura ministerial. Los demás ministerios mantendrían su funcionamiento, pero incorporarían funciones que hoy están distribuidas entre agencias, direcciones, superintendencias y otras entidades.

En otra versión del plan se plantea que el nuevo Ministerio de Desarrollo Social reúna competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Al respecto, el ministro de Hacienda Miguel Gómez había planteado inicialmente que el país pasara de 18 a 13 ministerios; aunque la reducción no se hará.

Y es que el documento conocido posteriormente prevé conservar el mismo número de carteras, con dos fusiones y dos nuevos ministerios. Cabe destacar que en febrero de 2003, el gobierno de Álvaro Uribe utilizó ese mecanismo para reestructurar 465 entidades, un ejemplo que buscaría emular De la Espriella, que prometió en campaña reducir el Estado en un 40%.

En lo que respecta a la conocida Ley de Ajuste Fiscal, busca, según el Gobierno, contener el déficit fiscal, evitar el crecimiento insostenible de la deuda pública y garantizar de este modo la sostenibilidad económica del país. Pese a lo que serían sus objetivos, el articulado ha recibido críticas porque concentraría gravámenes, en especial a plataformas de comercio.