Habló jueza acusada de recibir un soborno de $1.200 millones para liberar a un neerlandés pedido en extradición: “Tenemos un deber”

El 29 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la jueza de control de garantías Miryan Alcira Martínez López, al funcionario judicial Waldo Garavito Mejía y a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca por un presunto acuerdo para obtener la libertad de un ciudadano neerlandés requerido en extradición mediante un hábeas corpus.

De acuerdo con la investigación, el supuesto pacto contemplaba el pago de $1.200.000.000. El ente acusador sostiene que los implicados buscaban que el recurso llegara al despacho de Martínez López durante un turno de fin de semana y que la decisión favoreciera a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, quien permanecía detenido mientras se tramitaba su extradición.

Los tres procesados fueron capturados en Bogotá y Cota en un operativo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Ninguno aceptó los cargos por cohecho propio y falsedad ideológica en documento público durante las audiencias.

La Fiscalía ubica un primer pago el 4 de junio de 2026

La abogada Herrera Cuenca, según el expediente, habría entregado $600.000.000 a la jueza el 4 de junio de 2026 como parte del pago acordado. Al día siguiente, Martínez López presuntamente envió una fotografía de un formato de libertad con los datos de Van der Voort.

La Fiscalía afirmó que Herrera Cuenca y Garavito Mejía habrían coordinado la radicación de un hábeas corpus en un fin de semana en el que la jueza estuviera de turno. El objetivo, señaló, era que el trámite fuera asignado a su despacho.

El 13 de junio de 2026, Martínez López concedió el hábeas corpus y ordenó la libertad inmediata de Van der Voort. La jueza consideró que habían pasado 109 días desde la captura del ciudadano neerlandés sin una decisión sobre la extradición y estimó que el plazo aplicable era de 60 días.

Para el ente acusador, la funcionaria carecía de competencia para resolver esa solicitud. Cinco días después, el 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la orden, por lo que Van der Voort continuó detenido a la espera del proceso de extradición.

La jueza pidió que una eventual detención se cumpliera en su residencia

Durante la audiencia de imputación, en la que la Fiscalía presentó el caso bajo el nombre de “vendiendo la justicia al narcotráfico”, la jueza hizo uso de la palabra para cuestionar la petición de una medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Tenemos un deber, sí, pero también estamos expuestos a que esa firma que damos como juez nos conlleve posibles investigaciones penales y disciplinarias y la privación de la libertad”, manifestó Martínez López. Añadió que la responsabilidad hace parte del juramento que asumen los jueces de la República.

La procesada aseguró que ha defendido durante su trayectoria el deber de ejercer “una recta administración de justicia”. También aludió a una presunta falta de respuesta de un funcionario de la Corte Suprema de Justicia durante el fin de semana en que se resolvió el hábeas corpus.

Según su explicación, esa situación habría impedido que la jueza constitucional contara a tiempo con elementos de la Corte para tomar una decisión. Martínez López sostuvo que esa respuesta después se incorporó al expediente.

La jueza solicitó al responsable definir las medidas cautelares que, si ordenaba privarla de la libertad, autorizara que la detención se cumpliera en su domicilio. Argumentó que la fiscal sustentó el supuesto riesgo procesal en actuaciones atribuidas a la abogada y no en conductas suyas.

“Eso es todo, señor juez, le agradezco la oportunidad de poder pronunciarme”, concluyó Martínez López. Las audiencias continuarán mientras el juez define las solicitudes de la Fiscalía y la situación jurídica de los imputados.