El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el jueves 29 de octubre ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, un proyecto de 105 artículos que propone ampliar la base del IVA, recortar el gasto estatal y elevar los ingresos públicos para enfrentar el desequilibrio entre el recaudo mensual y las obligaciones de la Nación.
La iniciativa busca obtener cerca de $40 billones para atender necesidades fiscales y frenar el crecimiento de la deuda pública. El Ministerio de Hacienda indicó que el Estado recauda en promedio $29 billones mensuales, frente a gastos superiores a $40 billones, mientras que el servicio anual de la deuda pasó de $118 a $155 billones.
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El vicepresidente José Manuel Restrepo, presentó el proyecto junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el ministro de Justicia e Interior encargado, Iván Cancino. Durante una rueda de prensa en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Restrepo sostuvo: “El Gobierno anterior del presidente Gustavo Petro nos dejó una bomba de tiempo, una bomba que estallaría el próximo año, en 2027, a menos que como Gobierno actuemos”.
La reforma no elevaría la tarifa general del IVA, que se mantendría en 19%, pero eliminaría tratamientos preferenciales y extendería el tributo a productos, servicios y operaciones que hoy no están gravados. La propuesta deberá ser debatida y aprobada por el Congreso, por lo que su contenido aún puede cambiar.
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Frutas, hortalizas y procesados con la tarifa plena
La lista de bienes que hoy no pagan IVA y pasarían a la tarifa del 19% incluye miel, tomate, cebolla, repollo, pepino, hortalizas, coco, banano, cítricos, uvas, sal, semillas y abonos.
Los alimentos procesados perderían el tratamiento preferencial cuando incorporen transformación industrial, conservantes o envases destinados a mantenerlos en estantería. La propuesta conservaría el beneficio únicamente para proteínas básicas y productos primarios sin transformación.
Entre los productos alcanzados figuran conservas y vegetales procesados como maíz dulce, arvejas en lata, champiñones preparados, encurtidos, fríjoles precocidos, frutas en almíbar y compotas. También se gravarían mayonesa, salsa de tomate, mostaza, salsas preparadas, aderezos, sopas deshidratadas y cubos de caldo concentrado.
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La tarifa plena también abarcaría galletas dulces y saladas de paquete, cereales inflados o azucarados para el desayuno, tostadas industriales, ponqués empacados y pastas especiales rellenas o instantáneas. La relación suma jamones curados o cocidos, tocineta, salchichas tipo viena o cóctel, atún y sardinas en lata.
Los chocolates de mesa procesados, las chocolatinas, los caramelos y las mezclas lácteas azucaradas o saborizadas también pasarían al gravamen general. La medida alcanzaría productos consumidos por millones de hogares en Colombia.
La tarifa del 19% para licores, apuestas y compras internacionales
Los licores, vinos y aperitivos sometidos al impuesto al consumo o al monopolio departamental pasarían a pagar IVA. El 100% de ese recaudo sería cedido a los departamentos para financiar el aseguramiento en salud.
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Así mismo, las plataformas de apuestas por internet deberían liquidar el 19% sobre los depósitos de sus usuarios, tanto si se realizan en dinero como en criptoactivos.
Los casinos físicos y las máquinas tragamonedas tendrían bases mensuales de tributación definidas en Unidades de Valor Tributario (UVT), el indicador que Colombia utiliza para calcular obligaciones fiscales.
El proyecto también incorporaría al impuesto servicios de alojamiento web, computación en la nube, entradas de cine y eventos deportivos. Las compras efectuadas mediante plataformas internacionales de comercio electrónico con un valor de hasta 200 dólares también quedarían gravadas con IVA del 19%, al eliminarse el tratamiento que hoy permite excluir determinadas importaciones de bajo valor.
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Las estaciones de servicio tendrían un cambio desde el 1 de enero de 2028. Las comercializadoras minoristas de gasolina corriente pasarían a ser responsables de liquidar y recaudar el IVA, mientras que la venta al por menor de Acpm o diésel continuaría excluida del gravamen.
El texto prevé además nuevos impuestos para cerveza y cigarrillos, el restablecimiento del impuesto al carbón y la eliminación de los gravámenes al patrimonio y a los plásticos de un solo uso.
La tarifa reducida del 5% se desmontaría en dos etapas. Desde la sanción de la ley, perderían ese beneficio buses, camiones, automóviles híbridos y eléctricos, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas.
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Si es aprobada la ley, a partir del 1 de enero de 2028 se eliminarían por completo las disposiciones del Estatuto Tributario que fijan el IVA del 5%. El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Lisandro Junco, advirtió que productos de consumo cotidiano como café, azúcar, aceites, pastas y chocolate, además de los planes de medicina prepagada, pasarían a tributar con la tarifa general del 19%.
El impacto final sobre los precios dependería de la forma en que cada empresa traslade el impuesto al consumidor y de las condiciones de mercado. El proyecto mantiene excluidos del IVA los servicios médicos y hospitalarios, la educación, el transporte público, los servicios públicos domiciliarios y el arrendamiento de vivienda.
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La canasta protegida y el alistamiento para la devolución
La reforma mantendría sin IVA al pescado, los productos lácteos, el arroz, la papa, la yuca, los granos, el pan y el agua, además de los servicios de salud, incluidos los planes adicionales a la contribución al sistema, educación, seguridad social, transporte y servicios públicos.
La canasta de alimentos protegidos incluiría arroz, pan tradicional, arepa, carne fresca de res, cerdo y pollo, huevos, leche líquida, papa, yuca, granos, pescado fresco y agua. La sal figura tanto entre los bienes que pasarían a tributar como entre los productos sin IVA de esta canasta.
Las fórmulas infantiles, los medicamentos, la educación y los servicios públicos domiciliarios continuarían excluidos. Los anticonceptivos femeninos también conservarían ese tratamiento.
El biodiésel y los servicios financieros quedarían fuera del impuesto. El Gobierno prevé un proceso de alistamiento con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para extender el uso de la factura electrónica antes de aplicar el mecanismo de devolución.
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Los bienes y servicios que seguirían sin IVA representan cerca del 58% del gasto total de los hogares en condición de pobreza.
Devoluciones de IVA para hogares de menores ingresos
El Gobierno plantea que cerca del 70% del ajuste fiscal provenga de recortes al gasto estatal y que el resto recaiga sobre contribuyentes de mayores ingresos. El plan incluye una reducción del 50% del gasto en contratos de prestación de servicios para 2027, un recorte del 20% en los gastos de funcionamiento y la venta de activos públicos considerados improductivos.
El componente social contempla una devolución individual de IVA a 19 millones de colombianos de menores ingresos a través de EfectIVA (mecanismo de devolución monetaria propuesto en Colombia (a través de la Ley de Rescate Económico/Fiscal). El mecanismo comenzaría a operar en 2028, aunque el proyecto establece un giro anticipado para los beneficiarios a más tardar el 20 de diciembre de 2027.
La compensación se calcularía con la información de facturación electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y sería administrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Pedir factura con número de cédula permitiría determinar la devolución, aunque el mecanismo garantizaría un monto mínimo para las personas más vulnerables incluso si no presentan comprobantes.
Las personas en pobreza extrema, pobreza y el tramo de menores ingresos de la población vulnerable recibirían el 100% del IVA pagado por bienes y servicios gravados. Los demás tramos de población vulnerable tendrían devoluciones del 50%, 40% o 30%, con pagos individuales en ciclos de hasta 15 días y un tope mensual de 5,5 Unidades de Valor Tributario.
El Ministerio de Hacienda calcula que los hogares de menores ingresos pagan en promedio $138.000 mensuales de IVA. Con EfectIVA, 19 millones de personas recibirían un promedio de 231.000 pesos mensuales, mientras que otros 16,5 millones tendrían devoluciones parciales de hasta el 50% del impuesto.
Restrepo afirmó que los hogares con ingresos de hasta $3,4 millones mensuales serían beneficiarios del sistema. “Ese 10% más rico del país aportará más (...) nueve de cada diez colombianos no se verán directamente afectados por esta ley”, señaló el vicepresidente.
El proyecto también propone destinar $30 billones durante los cuatro años de gobierno a la recuperación del sistema de salud. Para impulsar la inversión y el empleo, la tarifa general del impuesto de renta para sociedades bajaría del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028, junto con incentivos para compañías que hagan grandes inversiones en Colombia.
El Ejecutivo calcula que la combinación de ahorro estatal, modificaciones tributarias y crecimiento económico permitiría mejorar las finanzas públicas en $51 billones en 2027 y en más de $122 billones en 2030.
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