Congresistas demócratas piden a Marco Rubio no apoyar un eventual reinicio de fumigaciones aéreas en Colombia: “Representa una amenaza significativa”

Congresistas demócratas de Estados Unidos solicitaron al secretario de Estado, Marco Rubio, que no autorice ni respalde la reanudación de fumigaciones aéreas de cultivos de coca en Colombia.

19 legisladores cuestionaron la efectividad de esa estrategia y alertaron sobre sus posibles efectos para la salud y el ambiente.

La petición figura en una carta dirigida a Rubio, en la que los firmantes expresaron preocupación ante informes según los cuales la administración de Donald Trump habría alentado al Gobierno colombiano a recuperar el programa de aspersión aérea.

Los congresistas rechazaron que Estados Unidos aporte recursos, logística u otra clase de asistencia al eventual programa.

“Nos oponemos a cualquier apoyo financiero o logístico de Estados Unidos a la reanudación prevista de la fumigación aérea”, afirmaron en la comunicación.

El documento fue suscrito por representantes como Mark Pocan, de Wisconsin; Rashida Tlaib, de Míchigan; Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Pramila Jayapal, de Washington; Jesús “Chuy” García, de Illinois, y Jim McGovern, de Massachusetts.

Los firmantes sostuvieron que las fumigaciones aéreas no demostraron una reducción sostenida de los cultivos de coca. En ese sentido, escribieron que el programa “no ha demostrado ser eficaz para reducir los cultivos de coca y representa una amenaza significativa para la salud humana y los ecosistemas frágiles”.

La carta recordó que la Corte Constitucional de Colombia prohibió en 2015 el uso de fumigaciones aéreas, después de que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Según los congresistas, más de dos décadas de aspersión con glifosato causaron “efectos devastadores para la salud de comunidades ya afectadas de manera desproporcionada por el conflicto armado”. En ese grupo incluyeron a pequeños agricultores, comunidades afrodescendientes e indígenas, además de los ecosistemas locales y la Amazonía.

Los legisladores indicaron que la Corte estableció requisitos para una posible reactivación del programa. Entre ellos mencionaron pruebas científicas que descarten afectaciones para la salud humana y el ambiente, consultas con comunidades afectadas y la aplicación de la medida como último recurso, después de la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación forzosa.

La advertencia de los demócratas se refiere al proyecto piloto que plantea realizar aspersiones en Putumayo, sobre una superficie inicial de 1.000 hectáreas. De acuerdo con la carta, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, manifestó la intención posterior de erradicar 330.000 hectáreas de cultivos de coca.

Los firmantes apuntaron que esa proyección supera la estimación de las Naciones Unidas sobre la superficie actualmente destinada al cultivo de coca en Colombia.

El 12 de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa suspendió de forma temporal el proyecto piloto. La carta señala que la decisión ordenó cumplir las condiciones establecidas por la Corte Constitucional antes de seguir adelante y estableció que hasta entonces no se había aportado información suficiente.

El Gobierno colombiano apeló esa decisión. La resolución 7 de 2026 define el plan como una fase experimental controlada, limitada, temporal y evaluable, circunscrita a zonas delimitadas del departamento de Putumayo.

Los firmantes también cuestionaron que el proyecto contemple el uso de glufosinato de amonio. Indicaron que la OMS lo considera un pesticida de mayor peligrosidad que el glifosato y recordaron que la Unión Europea prohibió su uso en 2018.

“La administración Trump debería abstenerse de presionar al Gobierno colombiano para que insista en una estrategia antinarcóticos que ha fracasado”, expresaron los congresistas en la carta.

La comunicación solicitó a Rubio una respuesta, a más tardar el 13 de noviembre de 2026, sobre la naturaleza del apoyo de la administración Trump a las fumigaciones aéreas y sobre una posible presión del Departamento de Estado para que Colombia restablezca el programa.

Los congresistas pidieron, además, precisiones sobre eventuales compromisos financieros o logísticos de Estados Unidos, la posición de Washington frente al uso de glufosinato de amonio en la Amazonía colombiana y los planes para reemplazar programas que antes financiaba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

La carta cerró con una nueva oposición a cualquier asistencia estadounidense para retomar las aspersiones: “Dos décadas de fumigación aérea destinadas a reducir los cultivos de coca no demostraron ser eficaces a largo plazo”.