Abelardo de la Espriella ordenó expulsar a migrantes venezolanos irregulares que tengan anotaciones o delincan en Bogotá: “Sin ninguna dilación”

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó deportar a los migrantes venezolanos en situación irregular que cometan delitos o tengan anotaciones en Bogotá, una medida que aplicará “sin ninguna dilación” y que será coordinada con la Alcaldía para enfrentar la seguridad y la migración en la capital colombiana.

La instrucción fue impartida el miércoles 28 de octubre al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, tras un consejo de seguridad con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, su equipo de trabajo y la cúpula militar.

“Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación y es la orden que le he dado al Director de Migración Colombia”, expresó el mandatario.

Bogotá concentra más de 148.000 migrantes venezolanos en condición irregular, una situación que el mandatario describió como compleja. De La Espriella sostuvo que la respuesta deberá ajustarse al marco legal y combinar controles migratorios con acciones contra las organizaciones criminales.

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, afirmó el presidente. Luego precisó la orden dirigida a Castañeda: “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación”.

El mandatario no detalló qué tipo de anotaciones serán consideradas para ejecutar las deportaciones. Tampoco vinculó de forma expresa a los migrantes venezolanos en condición irregular con el Tren de Aragua, una de las estructuras criminales que identificó entre las amenazas para la ciudad.

Consejos mensuales y controles en cárceles

El Gobierno nacional y la administración distrital realizarán un consejo de seguridad mensual en Bogotá para revisar el cumplimiento de la estrategia, con responsables, plazos y resultados verificables. La hoja de ruta anunciada regirá durante lo que resta de 2026 y buscará desmantelar las organizaciones que operan en la capital.

De la Espriella dijo que la prioridad será combatir al Ejército de Liberación Nacional, el Tren de Aragua, Los Ingenieros y El Mesa. Las autoridades reforzarán sus acciones en las localidades de Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, con foco en comerciantes y transportadores, señalados como víctimas recurrentes de extorsión.

“Ningún colombiano tiene por qué pagarle a un criminal para poder trabajar, vivir y transitar”, sostuvo el Presidente. También pidió establecer control militar en Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes.

Las medidas incluyen la protección de niños y adolescentes frente al reclutamiento por parte de organizaciones criminales. El mandatario anunció que se intensificarán los controles en las cárceles para impedir que desde los centros penitenciarios se continúen ordenando extorsiones y otros delitos.

La orden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) contempla trasladar a otros departamentos a los detenidos en Bogotá que sigan delinquiendo desde prisión. De la Espriella consideró que mantenerlos recluidos en la misma ciudad donde actuaban facilitó que conservaran capacidad de operación.

“A todos los bandidos que estamos capturando en Bogotá no los vamos a dejar detenidos en Bogotá, los vamos a llevar a otros departamentos”, manifestó. Según explicó, esa decisión apunta a impedir que los capturados continúen dando instrucciones desde los lugares de reclusión en la capital.

La Operación Kratos y las capturas en Bogotá

La ofensiva contra las estructuras criminales incluyó la Operación Kratos, realizada durante la madrugada del miércoles 28 de octubre. El despliegue dejó 172 capturas y 114 allanamientos en Bogotá.

Del total de detenidos, 104 fueron capturados por orden judicial y 68 en flagrancia. En el operativo participaron más de 1.400 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

Las autoridades registraron 92 capturas por concierto para delinquir, 29 por tráfico de estupefacientes, 22 por hurto, 15 por porte ilegal de armas y tres por homicidio, entre otros delitos. Un hombre que opuso resistencia fue abatido por las autoridades.

Durante la operación fueron incautadas 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos, tres proveedores, 34 celulares, 4,6 kilogramos de estupefacientes, 250 papeletas de la droga conocida como tusi y dinero en efectivo.

De la Espriella definió el operativo como el primero de una serie de acciones contra distintas manifestaciones del crimen. Destacó la coordinación entre el Gobierno nacional, el Distrito, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública.