Senador encendió las alarmas por amenazas contra directores de la Registraduría y la Procuraduría: “La Fiscalía heredó una situación complicada”

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa afirmó que la Fiscalía General de la Nación heredó un panorama complejo en materia de seguridad, tras las amenazas reportadas contra el registrador Nacional, Hernán Penagos, y el procurador General, Gregorio Eljach.

A través de un pronunciamiento emitido en su cuenta de la red social X, el congresista analizó los riesgos que enfrentan los titulares de los organismos de control y electorales del país frente a las investigaciones en curso.

“Esta semana el país conoció amenazas contra el Registrador, el Procurador y otros altos funcionarios”, escribió Motoa al comienzo de su mensaje.

El congresista advirtió sobre la vulnerabilidad que esta clase de presiones proyecta hacia otros sectores del territorio colombiano: “Lo que revela un panorama muy complejo... porque si integrantes del Estado lidian con semejante zozobra, ¿qué pueden esperar líderes sociales, comunitarios, periodistas y ciudadanía en general?”.

En el mismo pronunciamiento, el legislador vinculó los hechos intimidatorios con el clima de polarización social y respaldó las labores investigativas del ente acusador para esclarecer las alertas tempranas: “Cada vez más evidente que @FiscaliaCol heredó una situación complicada, en la que la polarización (mediante acoso y señalamientos) continúa muy enquistada en el seno de la sociedad colombiana (sic)”.

El senador de Cambio Radical concluyó su balance expresando respaldo al organismo judicial: “Confío en capacidades y objetividad del ente acusador”.

Hernán Penagos y Gregio Eljach, bajo alertas de seguridad: las medidas que se anunciaron

La reacción en el Congreso se dio luego de que el registrador Hernán Penagos contara a Caracol Radio que él contaba con información sobre un presunto plan orquestado desde un centro carcelario para atentar contra su vida, lo que encendió las alarmas y desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella se pronunciaron.

Y es que el ministro de Justicia, Iván Cancino, puso al tanto de la situación al presidente Abelardo de la Espriella, al vicefiscal y encargado de la Fiscalía General de la Nación, Gilberto Guerrero, además de que advirtieron que iban a tomar medidas de seguridad para el funcionario.

Luego de conocerse estas presuntas amenazas, el jefe del organismo electoral abordó el tema durante el acto de lanzamiento oficial del calendario comicial de 2027 y declaró que se encuentra tranquilo en el ejercicio de su cargo. Penagos señaló que, hasta la fecha, no dispone de reportes adicionales a los datos entregados por los organismos de inteligencia del Estado, por lo que mantendrá sin alteraciones sus compromisos de planeación en todo el país.

A la alerta del registrador se sumaron las declaraciones del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, que advirtió que su esquema de protección personal y el de su núcleo familiar debieron ser ajustados por riesgos inminentes.

El titular del Ministerio Público se refirió a estas medidas preventivas al retomar sus labores presenciales en la sede principal de la Procuraduría, luego de permanecer ausente de las instalaciones durante un mes.

“Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo”, afirmó Eljach a su llegada a la dependencia oficial, cuando fue abordado por diferentes medios de comunicación.

El jefe del órgano disciplinario expresó sus expectativas frente a su retorno al despacho: “Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece”.

El procurador detalló además que los indicios preliminares bajo verificación involucrarían a personas vinculadas a la misma entidad de control, por lo que sostuvo: “Ya muy comprometida mi seguridad y la de mi familia. Por razones que, sin tener conclusiones definitivas, involucran a gente que trabaja acá”.

Pese a sus advertencias, el funcionario no entregó nombres específicos ni profundizó en los detalles de las indagaciones internas para no entorpecer los procedimientos de las autoridades forenses y de inteligencia.

Los casos expuestos por Penagos y Eljach encendieron el debate político en el Congreso, donde diversas bancadas reclamaron garantías institucionales para el normal desarrollo de las elecciones y la vigilancia disciplinaria.

Los esquemas de custodia asignados a las sedes de la Registraduría Nacional y de la Procuraduría General permanecen bajo monitoreo especial por parte de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras la Fiscalía recopila testimonios para determinar el origen de los presuntos planes delictivos.