El director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera, cuestionó al procurador general, Gregorio Eljach, por la falta de sanciones conocidas en la investigación disciplinaria relacionada con las expresiones de Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana.
Herrera planteó el reclamo durante la Cumbre Internacional de Justicia Allí sostuvo que la CEJ presentó una denuncia a través de su subdirector, Andrés Pérez Velasco, sin que hasta ahora haya recibido una respuesta sobre el estado de las actuaciones.
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El caso se refiere a declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales de Benedetti, entonces ministro del Interior, dirigidas contra Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según Herrera, el exfuncionario la calificó de “loca” y “criminal”.
La CEJ pidió explicaciones por la ausencia de decisiones conocidas
“Me pregunto, y le pregunto al señor procurador general, por qué casi después de doce meses de que un ministro tildara a una magistrada de criminal y de delincuente, la Procuraduría todavía no lo ha sancionado”, afirmó Herrera durante su intervención.
El director de la CEJ calificó esos señalamientos como un “acto misógino y peyorativo” y consideró que debían recibir una respuesta de los organismos competentes. También insistió en que los ataques contra una mujer y contra la dignidad de la Rama Judicial no pueden quedar sin una actuación institucional.
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En declaraciones a La FM, Herrera preguntó: “¿Qué más requiere el procurador general para sancionar a este ministro?”. Además, expresó inquietud por las razones detrás de la falta de resultados y dijo que esperaba que no existieran consideraciones particulares en el trámite.
“Yo no quisiera pensar que cuando el doctor Eljach dijo que iba a ser el procurador de todos, se le notara tanto como para hacerle favores a todos”, manifestó Herrera en esa entrevista.
Herrera anunció acciones para conocer el estado del expediente
El jurista sostuvo que las entidades de control deben dar explicaciones oportunas sobre las investigaciones disciplinarias que involucran a funcionarios públicos. También diferenció esas actuaciones de los procesos penales que puede adelantar la Fiscalía General de la Nación.
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A juicio de Herrera, las herramientas de la Procuraduría permitirían dar respuestas más ágiles en casos como el de Benedetti. Por eso, anticipó que recurrirá a mecanismos formales para solicitar información sobre el expediente.
“Si me toca enviar de aquí en adelante derechos de petición diarios a la Procuraduría General, así lo voy a hacer”, aseguró.
Herrera también alertó sobre el riesgo de que las investigaciones no avancen hacia decisiones conocidas. “No podemos permitir que la Procuraduría se convierta en una lavadora de pecados ajenos, como tampoco que se convierta en una sastrería para la impunidad”, expresó.
El director de la CEJ defendió la independencia judicial y afirmó que magistrados, jueces y juezas recibieron señalamientos durante el gobierno anterior. Según su planteamiento, las decisiones de la Rama Judicial deben respetarse, aun cuando generen controversias políticas.
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Detalles de lo ocurrido
El proceso disciplinario se originó en hechos ocurridos en noviembre de 2025, cuando la magistrada Cristina Lombana encabezó un allanamiento en una vivienda de Puerto Colombia, Atlántico. En ese lugar residía el entonces ministro del Interior Armando Benedetti con su familia.
Tras el operativo, Benedetti cuestionó públicamente la actuación de Lombana y la competencia de la Corte Suprema de Justicia para practicar diligencias en su contra. En sus declaraciones afirmó que la magistrada había ordenado el procedimiento sin tener facultades y la llamó “loca demente” y “delincuente”.
El entonces funcionario sostuvo que la Corte solo podía investigarlo por hechos vinculados a su condición de congresista, cargo que, según dijo, había dejado hacía más de tres años. Añadió que Lombana fue recusada en dos oportunidades y le atribuyó una fijación personal.
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En X, Benedetti aseguró que no hallarían elementos en la vivienda y defendió su disposición a comparecer ante la justicia. “Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito”, escribió.
Posteriormente ofreció disculpas públicas a Lombana. Explicó que sus expresiones respondieron al impacto emocional que le produjo el allanamiento, realizado mientras su familia se encontraba en la residencia. El caso abrió nuevos cuestionamientos.
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