
La Defensoría del Pueblo pidió una respuesta institucional inmediata ante los homicidios de una adolescente de 16 años y un adulto, además de las denuncias sobre el presunto secuestro de cinco personas en Ataco, Tolima.
La entidad reclamó acciones para establecer el paradero de los desaparecidos, proteger a la población civil y esclarecer las circunstancias de los hechos.
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El pronunciamiento fue divulgado el 27 de octubre desde Ibagué. La Defensoría señaló que los familiares y habitantes de la zona informaron sobre el secuestro de cinco personas, aunque precisó que sus condiciones de seguridad y ubicación todavía deben ser verificadas por las autoridades.
La Defensoría pidió investigar los dos homicidios y verificar las denuncias
En el comunicado, la entidad exhortó a la Fiscalía General de la Nación a priorizar las investigaciones sobre los homicidios y a avanzar en la comprobación de las denuncias relacionadas con las cinco personas reportadas como secuestradas.
El organismo solicitó que se determinen las circunstancias en las que ocurrieron los crímenes y que se esclarezca si existe relación entre los reportes de presunta privación de la libertad y otros hechos de violencia conocidos en el municipio.
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La Defensoría también reclamó que las autoridades competentes adopten medidas urgentes para localizar a las cinco personas y establecer sus condiciones de seguridad. Según el documento, esas acciones deben estar acompañadas por mecanismos de protección para sus derechos y para las comunidades que puedan estar expuestas a riesgos.
La entidad recordó que nadie puede ser sometido a privaciones arbitrarias de la libertad, amenazas o violencias que pongan en peligro su vida e integridad. En esa línea, sostuvo que las instituciones tienen la obligación de prevenir estas conductas y ofrecer protección efectiva a la población.
El homicidio de la adolescente exige medidas de protección reforzada
El comunicado dedicó un apartado al asesinato de la menor de edad. La Defensoría sostuvo que este hecho requiere una respuesta reforzada debido a la protección constitucional especial que corresponde a niños y adolescentes.
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Además, pidió reforzar las acciones dirigidas a familiares, testigos y habitantes que puedan encontrarse en situación de riesgo. El pronunciamiento solicitó garantizar acceso a atención integral y acompañamiento psicosocial para quienes resulten afectados por los hechos.

La Defensoría indicó que mantendrá el seguimiento sobre las decisiones que adopten las autoridades. Su atención, según precisó, estará puesta en las gestiones para dar con el paradero de las cinco personas denunciadas como presuntamente privadas de la libertad y en las medidas de seguridad para las comunidades de Ataco.
La entidad recordó una alerta temprana por la disputa entre grupos armados
La Defensoría situó los hechos en un contexto de riesgos que ya había advertido en el sur de Tolima. El municipio de Ataco está incluido en la Alerta Temprana 016 de 2022, que había señalado una disputa territorial entre disidencias de las Farc asociadas al denominado Estado Mayor Central, conocido como EMC, y la Segunda Marquetalia.
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El documento también recordó un pronunciamiento de septiembre de 2026 sobre riesgos humanitarios, ambientales y de seguridad en la región por “la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima, particularmente en Ataco, así como sobre el fortalecimiento de economías ilegales, la presencia de estructuras armadas y el incremento de los riesgos para los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto armado”.

De otro lado, la entidad informó que su equipo territorial participó en el Consejo de Seguridad convocado por las autoridades locales los días 25 y 26 de octubre. En esa instancia, la entidad planteó la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección ante los hechos informados en el municipio.
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“Continuaremos haciendo seguimiento a la situación y a las medidas adoptadas por las autoridades competentes, con especial atención a las actuaciones dirigidas a establecer el paradero de las cinco personas reportadas como presuntamente privadas de la libertad y a garantizar la seguridad de las comunidades”, finalizó.
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