Fiscalía pactó 10 preacuerdos con presuntos integrantes de los PPP por ataques violentos en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación suscribió 10 preacuerdos con presuntos miembros del grupo PPP, investigado por ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público, estaciones de Transmilenio, policías y ciudadanos durante jornadas de protesta en Bogotá. Las penas pactadas oscilan entre cuatro años y ocho meses y siete años y diez meses de prisión.

Los acuerdos serán presentados el miércoles 28 de octubre de 2026 ante un juez de la República, que deberá revisar su legalidad y decidir si los avala. Los términos definidos con los procesados no implican todavía una condena en firme, pues requieren control judicial.

El caso involucra a 10 de los 11 investigados por integrar el grupo que se autodenominaba Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo, conocido como PPP. La investigación reunió señalamientos por terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, perturbación del transporte público y violencia contra servidor público, entre otras conductas.

Las penas pactadas llegan hasta siete años y diez meses de prisión

La mayor pena incluida en los acuerdos corresponde a Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima, que aceptó cargos por siete delitos y tendría una condena de siete años y diez meses de prisión. Entre los hechos que se le atribuyen figura el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado dentro de un bus del Sitp que, según el expediente, transportaba cerca de 12 pasajeros.

El documento del caso describe que Manios Lozano habría lanzado una “papa bomba” al interior del vehículo. Ese episodio hace parte de los ataques investigados contra el sistema de transporte de la capital.

También firmó un preacuerdo Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, identificado en la investigación como uno de los presuntos líderes de la estructura. Aceptó cargos por ocho delitos, entre ellos concierto para delinquir, terrorismo, incendio, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, perturbación del transporte público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público.

Para Cantor Cortés se pactó una pena de siete años y siete meses de prisión. La Fiscalía le atribuyó participación en al menos 14 hechos relacionados con actos violentos y daños a infraestructura pública.

Carlos Raúl Torres Laguna, alias El Pri, aceptó cargos por los ocho delitos incluidos en su acuerdo y tendría una pena de siete años y siete meses. Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete, suscribió un acuerdo por cinco conductas, con una sanción prevista de siete años y siete meses.

Los acuerdos incluyen a la única mujer investigada dentro del grupo

Entre las personas que aceptaron cargos está Silvia María Camargo Pinzón, alias Chimal, señalada como la única mujer dentro de la agrupación investigada. El preacuerdo contempla una pena de cinco años y cinco meses de prisión por concierto para delinquir, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, perturbación del servicio de transporte público y violencia contra servidor público agravada.

Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo, aceptó responsabilidad por cinco delitos y tendría una pena de siete años y dos meses. Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche, acordó una condena de siete años por cinco conductas.

Kennet Steven Mestra Montes tendría una sanción de cinco años y diez meses por cinco delitos. La misma pena fue pactada para Brayan Stiven Valderrama Cubies, alias Garu, investigado por seis conductas. Johan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow, suscribió el acuerdo con la pena más baja entre los 10 procesados: cuatro años y ocho meses por dos delitos.

El expediente fue trasladado a la Unidad de Justicia Restaurativa

La definición de los preacuerdos ocurrió después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenara trasladar el expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa. La decisión quedó consignada en la Resolución 171 del 16 de junio de 2026.

La medida dispuso que fiscales del Grupo de Tareas Especiales de Justicia Restaurativa analizaran las conductas atribuidas, las responsabilidades de cada procesado y la procedencia de mecanismos de terminación anticipada. La resolución también ordenó revisar la proporcionalidad de la intervención penal y la viabilidad jurídica de herramientas restaurativas.

El traslado del caso abrió cuestionamientos debido a la gravedad de las conductas investigadas. La pesquisa incluyó hipótesis sobre una presunta financiación del ELN y el supuesto uso de universidades públicas de Bogotá como lugares de reunión y refugio.

La investigación vinculó al grupo con al menos 28 actos vandálicos

Las autoridades capturaron a los 11 presuntos integrantes de los PPP en diciembre de 2025, después de una investigación que se extendió durante más de un año. Según la información divulgada entonces por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía, los investigadores revisaron más de 4.000 horas de video, interceptaron cerca de 50 líneas telefónicas y recogieron declaraciones de testigos y víctimas.

La investigación señaló que los integrantes del grupo ingresaban a universidades públicas con carnés falsos para hacerse pasar por estudiantes. Luego se cambiaban de ropa, utilizaban overoles, capuchas, máscaras y guantes, y fabricaban artefactos como cócteles molotov y “papas bomba”.

Las autoridades los relacionaron con incendios de buses del Sitp, daños a la estación Ciudad Universitaria de Transmilenio, ataques contra patrullas policiales y agresiones contra uniformados. En allanamientos realizados en Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba fueron incautados dispositivos móviles, computadores, prendas de vestir y material explosivo, de acuerdo con el reporte oficial.

La audiencia del 28 de octubre definirá si los preacuerdos cumplen las condiciones legales para recibir aprobación judicial. Hasta que exista esa decisión, las penas pactadas corresponden a los términos acordados entre la Fiscalía y los diez procesados.