Recorte en el Presupuesto que hizo el Gobierno De la Espriella no serviría para ahorrar mucho: informe revela que solo está “en línea con la plata que hay”

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella formalizó un recorte de $13,8 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, una decisión equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) que constituye la primera fase de su plan de ajuste fiscal.

La medida quedó establecida en el Decreto 1585 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ejecutivo justificó el ajuste por la necesidad de adecuar el gasto público a los ingresos que el Estado espera recaudar durante la vigencia.

Del total recortado, $3 billones corresponden a gastos de funcionamiento, con reducciones en contratos de prestación de servicios y compras de bienes y servicios que el Gobierno considera prescindibles. El decreto también contempla una disminución de $4 billones en el servicio de la deuda.

El mayor componente del ajuste se concentra en la inversión, con $6,8 billones menos para proyectos y contratos que, según el Gobierno, no alcanzarán a ejecutarse o dejaron de ser prioritarios. La Administración aseguró que las medidas no afectarán la prestación de servicios a los ciudadanos.

El recorte podría traducirse en menores pagos primarios del Estado de entre $1,5 billones y $3,9 billones, y no en el valor total del ajuste, según estimaciones de la firma Qnomos. El análisis, publicado en el primer número del Monitor Presupuestal, cuestiona que el documento firmado el 22 de octubre de 2026, que redujo en 2,5% las apropiaciones del PGN, genere un ahorro fiscal equivalente a su monto nominal.

El argumento central de Qnomos radica en la diferencia entre autorización de gasto y ejecución efectiva. Una apropiación presupuestal define cuánto puede gastar una entidad, pero no garantiza que esos recursos se utilicen antes del cierre de la vigencia. Eliminar un cupo que no iba a ejecutarse no equivale a dejar de gastar.

El cálculo de la firma parte de la ejecución registrada hasta septiembre de 2026 y de las tasas históricas de compromiso, obligación y pago.

Por qué el recorte no equivale a un ahorro de $13,8 billones

Sobre esto, el gerente general de Qnomos, Edwin Fernando Pacheco, sostuvo que el ajuste responde a la falta de recursos disponibles, pero advirtió que eso no basta para hablar de ahorro fiscal: “El recorte pone el Presupuesto en línea con la plata que hay, y eso es necesario. Pero no hay que confundir bajar el cupo con ahorrar: de los $13,8 billones, nuestro ejercicio estima entre $1,5 billones y $3,9 billones de menores pagos primarios bajo distintos supuestos”.

Del total recortado, $4 billones corresponden a intereses de la deuda pública. Esa reducción disminuye el presupuesto autorizado, pero no modifica por sí misma las obligaciones contractuales del Estado. Otros $3,06 billones pertenecen a recursos propios de establecimientos públicos, una fuente excluida del modelo de pagos primarios del Gobierno nacional.

Por esas razones, la firma no elaboró una nueva proyección del déficit fiscal de 2026. Para que los menores pagos se reflejen en una mejora equivalente del balance público, los ingresos y los demás ajustes fiscales tendrían que permanecer constantes. Además, habría que verificar si una parte de ese ahorro ya estaba incorporada en las previsiones oficiales o en las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

Entidades y programas alcanzados por el ajuste presupuestal

Dentro de las entidades y programas alcanzados por el ajuste presupuestal están:

Transporte: $2,84 billones.

- Instituto Nacional de Vías (Invías): $1,44 billones.

- Aeronáutica Civil (Aerocivil): $949.100 millones.

Ambas entidades suman cerca de $2,39 billones del ajuste decretado.

• Registraduría Nacional: $775.000 millones.
• Rama Judicial: $696.500 millones.

En conjunto, siete entidades concentran el 50,9% de los recortes, sin contar los intereses de la deuda. En contraste, Defensa, Salud y Educación tuvieron disminuciones inferiores al 1,4% de sus recursos disponibles sin comprometer.

Las apropiaciones dirigidas a programas con beneficiarios directos suman cerca de $2,8 billones dentro de la reducción:

• Caminos Comunitarios de la Paz Total: $767.500 millones.
• Transferencias monetarias vinculadas a Renta Ciudadana: $286.800 millones.
• Fomento al empleo: $221.300 millones.

También figuran recursos para:

• Alimentación carcelaria.
• Atención a la niñez.
• Víctimas.
• Reforma rural.

Sin embargo, el decreto dispone que las entidades recorten únicamente partidas que no estuvieran comprometidas, por lo que las cifras no permiten establecer qué proyectos se suspenderán ni cuántas personas resultarán afectadas. Determinar ese impacto requerirá revisar la programación de cada entidad y los gastos que aún podían realizarse durante los últimos meses de 2026.

Brecha fiscal y las dudas sobre el presupuesto de 2027

El PGN de 2026 ascendió a $546,98 billones y arrastró una brecha de financiación ante el rechazo en el Congreso de una reforma tributaria prevista para aportar $16,3 billones. Los recursos de la emergencia económica cubrieron $1,6 billones, por lo que el faltante quedó en $14,7 billones.

En términos presupuestales, el recorte de $13,8 billones equivale al 94% de esa brecha, aunque esa proporción no implica una reducción equivalente del déficit fiscal.

El Carf proyectaba un déficit de 7,8% del producto interno bruto (PIB), cálculo que ya incorporaba un ajuste previo de $9,7 billones. La meta oficial del Gobierno era cerrar 2026 con un déficit de 7,2% del PIB. Qnomos señaló además que entidades con recursos elevados, sin comprometer el del año anterior, como Invías y Aerocivil, tendrán presupuestos iniciales superiores en 2027, lo que mantiene abierta la discusión sobre la capacidad de ejecución de las entidades y el tamaño de sus asignaciones futuras.

Por su parte, el exdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez consideró que el ajuste es insuficiente para corregir los desequilibrios fiscales proyectados.

Quiñonez vinculó ese debate con el presupuesto de 2027, fijado en $634,9 billones. “Este presupuesto de $634,9 billones refleja la realidad del gasto, lo que necesita la Nación para funcionar”, afirmó. El exfuncionario sostuvo además que el Gobierno ha encontrado límites para reducir las erogaciones públicas: “El Gobierno se va dando cuenta realmente de lo que puede tocar y lo que no puede tocar, porque el gasto es inflexible”.

Recordó que antes de la llegada del Gobierno actual se hablaba de un ajuste de $45 billones, pero ante la radicación del proyecto de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda planteó una reducción de $25 billones y, finalmente, el recorte anunciado quedó en $13,8 billones.

Según él, esa cifra no corrige los desequilibrios previstos ni reduce lo suficiente las necesidades de endeudamiento: “El recorte resulta ser insuficiente. Tiene que ser realmente alrededor de $45 billones”.

También cuestionó las metas de recaudo tributario previstas para 2027: “La Dian o los ingresos tributarios proyectados para 2027 están bastante altos y quién sabe si realmente la Dian logre ese nivel de recaudo”. Anticipó además que una eventual ley de rescate podría modificar beneficios tributarios con efectos similares a los de una reforma tributaria.