El senador y líder del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, denunció ante el Congreso de la República que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aumentó de forma desmedida su nómina paralela de contratación, al pasar de 134 a 1.218 órdenes de prestación de servicios.
La revelación se conoció durante el inicio del debate legislativo sobre el proyecto de acto legislativo —el cual fue radicado por el mismo Gómez— que busca poner fin definitivo al funcionamiento de la justicia transicional en 2028, impidiendo cualquier prórroga temporal o adición de mandato.
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Durante su intervención del martes 27 de octubre de 2026, el congresista presentó las cifras del gasto operativo del tribunal y cuestionó los balances entregados a la ciudadanía frente al presupuesto asignado.
“Esta cifra es determinante. La nómina paralela de la justicia para la paz, la nómina paralela de la paz, pasó en el inicio de esta corporación judicial de 134 cargos a 1.218”, afirmó Enrique Gómez ante la Comisión Primera del Senado.
El legislador precisó el costo que representan estas vinculaciones contractuales para las finanzas del Estado y su proporción frente a la planta de personal establecida: “¿Cómo le explicamos al pueblo colombiano esto?”.
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Los números de la contratación que puso Enrique Gómez sobre la mesa
“Que este costo de contratos en 2026 ya suma 72.000 millones y la correlación entre OPS, nómina paralela y la planta es del 25%, lo cual sitúa a esta corporación judicial también frente a otras corporaciones de objeto equivalente, en una situación ostensiblemente mayor a la que tienen todas las demás corporaciones judiciales del país, que tienen que lidiar con la congestión de la justicia ordinaria”, dijo Gómez en su intervención.
El senador enfatizó que el incremento de personal no guarda relación directa con el número de decisiones de fondo adoptadas por las salas y secciones del tribunal de paz: “Un aumento de 1.084 contratistas en menos de siete años. Eso, visto el resultado que se ha venido evidenciando a nivel de sentencias y de resoluciones de situación jurídica y de resoluciones de conclusión, pues no tiene en la práctica ninguna justificación”.
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El congresista advirtió que el diseño judicial actual genera preocupación entre las víctimas debido a la falta de sanciones efectivas y a la lentitud en la resolución de los expedientes del conflicto armado: “Y la ciudadanía está indignada, aburrida, porque además anticipa el resultado que va a terminar siendo un mega resultado de impunidad”.
“No solo por la calidad de las penas, que no son privativas de la libertad que impone la JEP, sino porque existe una imposibilidad real en el esquema procesal que adoptó la JEP para llegar a conclusiones de hecho sobre las decenas de miles y cientos de miles, millones de casos de violaciones al derecho humanitario y crímenes de guerra de las Farc”, puntualizó Gómez.
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Esto es lo que busca el proyecto legislativo contra la JEP
La propuesta legislativa de Salvación Nacional modifica las normas constitucionales vigentes que contemplan una vigencia de 10 años para la JEP y un periodo posterior de 5 años adicionales para concluir actuaciones procesales.
El texto radicado eliminaría la posibilidad de que los magistrados soliciten al Congreso una extensión adicional del tiempo de labores o que se aprueben leyes para prolongar el mandato más allá del 2028.
En su lugar, el proyecto dispone que los expedientes e investigaciones que no alcancen a ser resueltos por la JEP pasen a conocimiento de los jueces de la justicia ordinaria.
Para cumplir con esta transición, el Congreso deberá tramitar una ley estatutaria que fije la ruta técnica y procesal del traslado de los procesos judiciales pendientes.
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La reforma aclara que las personas y hechos que asuma la justicia ordinaria seguirán rigiéndose bajo los parámetros de la justicia transicional, garantizando que ninguna sanción resulte más gravosa que las contempladas en los acuerdos iniciales.
El articulado también estipula que los comparecientes que deban presentarse después de 2028 quedarán bajo la jurisdicción de los despachos judiciales comunes, aplicando los beneficios y mecanismos acordados en el Acuerdo de Paz de 2016.
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