
El Gobierno de Abelardo de la Espriella recortó $13,8 billones del Presupuesto General de la Nación de 2026 mediante el Decreto 1585 del 22 de octubre, ante la insuficiencia de los recaudos previstos para cubrir los gastos y obligaciones del Estado.
La reducción asciende exactamente a $13.807.808.353.561 y equivale al 0,7% del producto interno bruto. De ese monto, $10,75 billones corresponden a recursos del aporte nacional y $3,06 billones a recursos propios.
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Durante un consejo de ministros se había autorizado el 29 de agosto una disminución de hasta $21,9 billones. El ajuste decretado quedó $8,1 billones por debajo de ese límite, por lo que el Gobierno conserva margen para ordenar nuevas reducciones durante la vigencia fiscal.
La deuda pública absorbe $4 billones del ajuste

El servicio de la deuda pública concentra la mayor reducción individual, con $4 billones menos para obligaciones de deuda externa, títulos y préstamos. El decreto no especifica si el ajuste responde a menores pagos de capital, intereses u operaciones de manejo de deuda.
La disminución también alcanza gastos de funcionamiento e inversión. El Ejecutivo distribuyó el recorte en $3 billones menos para funcionamiento, a partir de la reducción de contratos de prestación de servicios y compras que considera no indispensables, y $6,8 billones en procesos de contratación que no llegarían a ejecutarse o no responderían a las prioridades nacionales.
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“El ajuste fiscal ya está en marcha. $13,8 billones menos en el gasto del Estado”, escribió De la Espriella en su cuenta de X. El mandatario calificó la decisión como el primer gran ajuste fiscal de su administración y anticipó que continuará reduciendo gastos.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que la medida es “el primer paso para cumplir el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella de reducir el gasto del Estado”. También agradeció a las entidades y sectores que participaron en el esfuerzo de austeridad.
La justificación oficial parte de una estimación del Ministerio de Hacienda: los recaudos nacionales serán inferiores al total de gastos y obligaciones financiados con esos recursos. El decreto añade que las apropiaciones aprobadas por el Congreso no alcanzan para atender los gastos previstos en el artículo 347 de la Constitución Política.
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Infraestructura, programas sociales y entidades nacionales

El mayor ajuste entre las entidades públicas corresponde al Instituto Nacional de Vías, con $1,44 billones menos. La disminución incluye cerca de $180.431 millones en funcionamiento y $1,26 billones en inversión vinculada a infraestructura vial y programas de la entidad.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tendrá una reducción de $949.143 millones, concentrada casi en su totalidad en inversión para infraestructura y servicios de transporte aéreo. La Agencia Nacional de Infraestructura registra otro recorte de $393.306 millones.
El Departamento Nacional de Planeación perderá $249.549 millones, de los cuales alrededor de $249.493 millones corresponden a inversión. La Presidencia de la República tendrá $191.668 millones menos, principalmente en gastos de funcionamiento.
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El Ministerio de Minas y Energía reducirá su presupuesto en $180.864 millones: cerca de $1.921 millones en funcionamiento y $178.943 millones en inversión. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural disminuirá $103.202 millones, mientras que el Ministerio de Educación Nacional recortará $13.341 millones destinados por completo a inversión.
Los recursos educativos afectados estaban asociados a calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media, además de programas de jornada escolar y bienestar docente. La Cancillería reducirá $69.000 millones, todos correspondientes a funcionamiento.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) tendrá $134.817 millones menos para inversión en programas de desarrollo integral de la primera infancia y la juventud, así como en el fortalecimiento de capacidades de las familias de niños, niñas y adolescentes.
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El ajuste también contempla reducciones en transporte, infraestructura, agricultura, vivienda y programas sociales. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social perderá $367.472 millones, principalmente en proyectos de transferencias monetarias y Renta Ciudadana.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tendrá $130.000 millones menos para inversión. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reducirá $369.570 millones, incluidos $359.112 millones de inversión ambiental.
El Ministerio del Interior tendrá una disminución de $274.639 millones, repartida entre $152.595 millones de funcionamiento y $122.044 millones de inversión. El Ministerio del Trabajo reducirá $271.527 millones, sobre todo en gastos de funcionamiento y transferencias corrientes.
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La Superintendencia de Notariado y Registro perderá $258.610 millones, principalmente de recursos propios, mientras que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios tendrá $255.273 millones menos para transferencias corrientes y funcionamiento carcelario.
Compromisos vigentes sin afectación
Las entidades incluidas en el Decreto 1585 deberán identificar las partidas específicas que serán reducidas e informar sus decisiones al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional dentro de los plazos fijados por la norma.
El recorte no tendrá efectos sobre los compromisos adquiridos y legalmente perfeccionados con cargo al presupuesto vigente. La medida se apoya en los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que permiten reducir o aplazar apropiaciones durante el año fiscal con autorización del Consejo de Ministros.
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Hacienda señaló que continuará su estrategia de saneamiento fiscal mediante la Ley de Rescate Económico, con la que el Gobierno proyecta reducir el próximo año el gasto estatal en cerca de 2,2 puntos del producto interno bruto, equivalentes a alrededor de $45 billones.
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