Hasta 18.000 cédulas de personas fallecidas podrían usarse cada año en intentos de fraude, según un estudio de la compañía tecnológica AUCO. La investigación identificó 1.500 identificaciones de colombianos muertos utilizadas durante el último mes para solicitar préstamos, financiar compras o suscribir contratos de arrendamiento.
El informe, divulgado en Bogotá en octubre de 2026 y conocido por Infobae Colombia, se basa en más de 250.000 verificaciones mensuales de identidad realizadas en distintos sectores económicos. Los expertos detrás del estudio afirmaron que se registran cerca de 50 casos diarios, más de dos por hora, y una cédula de una persona fallecida por cada 167 validaciones.
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Si se mantiene esa tendencia, el cálculo alcanzaría unas 9.000 operaciones o intentos de operación en seis meses y 18.000 en un año.
El hallazgo pone el foco en un tipo de suplantación que puede pasar inadvertido cuando las empresas limitan sus controles a la revisión visual de un documento.
Las cédulas auténticas pueden ser usadas por terceros
El estudio señala que el documento empleado en estos casos puede ser legítimo, aunque su titular haya muerto. Esa circunstancia dificulta la detección inicial del fraude, pues una cédula válida puede no presentar señales físicas de alteración.
“Estamos viendo documentos reales de personas fallecidas que alguien intenta utilizar para pedir préstamos, financiar productos o firmar contratos. Como la cédula es auténtica, una revisión visual puede no detectar nada extraño”, explicó Santiago Montoya, CEO de AUCO y autor del informe.
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Montoya indicó que el problema no se restringe a los documentos de personas fallecidas: “También puede involucrar identificaciones robadas, documentos con la fotografía alterada o cédulas válidas utilizadas por alguien distinto de su titular”.
La advertencia coincide con los llamados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ha insistido en la necesidad de registrar los fallecimientos de manera oportuna. Ese trámite permite cancelar el documento de identidad y reducir el riesgo de que terceros mantengan activa la identidad de una persona muerta.
En 2025, la entidad canceló 105 cédulas por falsa identidad. Hasta agosto de 2026, había anulado otras 83 por la misma causa.
El fraude alcanza desde microcréditos hasta telefonía celular
Los casos analizados por la firma de tecnología indican que los documentos en solicitudes de microcrédito, negocios inmobiliarios, constructoras, comercios con ventas financiadas, empresas de venta por catálogo y compañías de telecomunicaciones. La diversidad de sectores refleja que el riesgo no depende únicamente de las operaciones bancarias tradicionales.
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Las estadísticas de la Superintendencia de Industria y Comercio también muestran la dimensión de la suplantación de identidad en Colombia. Desde 2020, la entidad ha recibido 40.316 denuncias relacionadas con este delito o práctica fraudulenta.
Entre 2022 y mayo de 2026, la Superintendencia registró 13.983 reclamaciones por suplantación mediante su herramienta SIC Facilita. De ese total, 11.365 estuvieron vinculadas con telecomunicaciones, en particular con empresas de telefonía celular.
Para Montoya, validar que una cédula luzca auténtica dejó de ser suficiente: “Mirar una cédula y comprobar que ‘parece original’ ya no alcanza”.
Según el directivo, las compañías deben contrastar el rostro de la persona que adelanta el trámite con la fotografía del documento, comprobar que las imágenes no hayan sido modificadas y confirmar la identidad por una segunda vía.
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Desde el 19 de noviembre habrá nuevas obligaciones para las empresas
El tema toma relevancia ante la entrada en vigencia general de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, prevista para el 19 de noviembre. La norma exige a las empresas cobijadas adoptar medidas suficientes y razonables para verificar la identidad de sus clientes.
Además, cuando exista un reclamo por suplantación, las organizaciones deberán entregar la información utilizada para aprobar la operación cuestionada. Si no logran acreditar cómo hicieron esa comprobación, podrían tener que suspender los cobros, corregir reportes y responder por las consecuencias económicas del fraude.
“Si la empresa no guardó evidencia de cómo validó la identidad, después no tendrá con qué demostrar que la operación fue legítima”, señaló Montoya.
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