Presupuesto de 2027: Daniel Briceño propone recortarle $11.402 millones a la JEP para pagar indemnizaciones a militares y policías

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño radicó una proposición formal frente a las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación 2027, con la que se busca aplicar un recorte superior a los $11.400 millones al presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reorientar esos fondos de manera directa hacia el sector defensa para el pago de indemnizaciones.

La iniciativa económica fue presentada durante los debates del proyecto presupuestal de la Nación, el cual asciende a un monto global proyectado de $634,9 billones y se tramita de forma conjunta en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Según los detalles consignados en la proposición formulada por el congresista, los recursos financieros extraídos del tribunal de justicia transicional tendrían como propósito exclusivo atender obligaciones pendientes con las familias de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que perdieron la vida en hechos atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc-EP.

“Acabo de firmar esta proposición del Centro Democrático que busca hacerle una nueva reducción a la JEP por $11.402.272.009 para llevarlos al Ministerio de Defensa para pagar las indemnizaciones pendientes de las familias de los militares y policías asesinados por las FARC. Justicia”, escribió el representante Daniel Briceño en su cuenta de X al dar a conocer el documento oficial.

La medida del congresista propone reducir en ese monto el presupuesto de inversión del programa “Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional” de la JEP e incrementar en idéntica proporción el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Defensa, con destino exclusivo al pago de sentencias ejecutoriadas por la muerte de miembros de la fuerza pública.

En la exposición de motivos de la proposición se cita una respuesta oficial del Ministerio de Defensa del 8 de septiembre de 2026, donde se revela que existen pendientes de pago 850 sentencias ejecutoriadas por la muerte de uniformados, las cuales suman $685.778 millones de pesos entre capital, intereses y costas.

El documento advierte que actualmente se están pagando turnos asignados en 2019, acumulando siete años de demora que le han costado al Estado $114.999 millones en intereses sobre 358 sentencias.

A su vez, el texto señala que la JEP recibió $1,23 billones de inversión desde 2018 y que, según respuesta oficial de esa misma entidad, dicha inversión no financia proyectos restaurativos ni reparación directa a las víctimas.

Asimismo, se argumenta que los $11.402 millones recortados corresponden a herramientas administrativas y soluciones tecnológicas, y se advierte que a 28 de septiembre de 2026 la JEP solo había obligado el 62% de su presupuesto de inversión.

ONG de víctimas de las Farc-EP agradecieron a Daniel Briceño por su proposición

La solicitud de modificación presupuestal presentada en la Cámara de Representantes generó una reacción positiva en diversos sectores de víctimas del conflicto armado, de manera particular entre los integrantes de la corporación Rosa Blanca, organización no gubernamental que representa a mujeres víctimas de reclutamiento infantil, violencia sexual y abusos cometidos por la antigua estructura de las Farc.

A través de X, la organización respondió a Briceño y celebró el planteamiento y respaldó la idea de redireccionar el gasto público hacia la reparación directa, cuestionando la intermediación de organismos internacionales en el manejo del presupuesto estatal.

“Excelente propuesta. Ese es el camino para que las víctimas sean reparadas y la plata no se quede en la burocracia internacional inauditable del PNUD”, se lee en el post de la ONG.

Y añaden: “A través de la Patria Milagro esperamos que su gobierno corrija la mayor injusticia en contra de las víctimas de las Farc, perpetrada por el Secretariado”.

La proposición de Briceño es la única opción que tiene sobre la JEP porque la justicia transicional no puede desaparecer

Las modificaciones presupuestales representan la vía de acción legislativa disponible para los congresistas frente a la JEP, debido al blindaje jurídico que ampara la existencia de la corte transicional creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Estado y las Farc-EP.

El tribunal fue incorporado a la Constitución Política con el objetivo de investigar, juzgar y sancionar delitos atroces como secuestros, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado, estableciendo un esquema de sanciones restaurativas para quienes aporten verdad y penas de hasta 20 años de prisión para quienes rechacen su responsabilidad.

Jurídicamente, no es viable eliminar de forma arbitraria la JEP mediante leyes ordinarias, dado que requeriría una reforma constitucional de alto nivel con revisión obligatoria por parte de la Corte Constitucional.

Asimismo, su existencia responde a compromisos internacionales depositados ante la ONU; en caso de que el Estado suprimiera este mecanismo, se activaría la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional (CPI).

Cabe recordar que la JEP cuenta con un periodo de 10 años para adelantar sus investigaciones, contado desde su puesta en marcha oficial en marzo de 2018, por lo que esta etapa concluiría en marzo de 2028; sin embargo, la Constitución estableció un plazo total de 15 años para completar el proceso, que incluye investigaciones, juicios, resoluciones y sentencias, término que se cumpliría en marzo de 2033.