
La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad avanza con recortes administrativos, revisión de obligaciones financieras y traslado de programas sociales a otras entidades del Estado.
John Milton Rodríguez, encargado de adelantar el proceso, aseguró que en los primeros 53 días de trabajo se superó la meta anual de recuperación de recursos públicos. El funcionario informó que se devolverán al Tesoro Nacional más de $233.700 millones, una cifra superior a los $200.000 millones que, según explicó, se habían fijado como objetivo para todo el año.
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El balance fue presentado a través de su cuenta de X, donde destacó las medidas de austeridad y el saneamiento de las finanzas de la entidad.
“Este esfuerzo técnico y coordinado ha permitido suprimir la burocracia innecesaria, sanear pasivos laborales y garantizar el traslado efectivo de programas sociales vitales a otras carteras para asegurar su continuidad sin intermediarios”, señaló el Gobierno en la publicación.
Rodríguez sostuvo que los resultados responden a un trabajo coordinado con distintos ministerios y departamentos administrativos, siguiendo las directrices del presidente Abelardo de la Espriella. También aseguró que el propósito es recuperar recursos públicos y reorganizar las obligaciones que dejó la entidad antes de su liquidación.
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Recortes administrativos y obligaciones pendientes
Uno de los principales componentes de la liquidación es la reducción de la estructura burocrática. Según Rodríguez, el proceso contempla la supresión de cargos y la eliminación de funciones duplicadas. El funcionario también reportó un ahorro anualizado de $70.600 millones, tras avanzar en varias etapas de reducción de gastos.
En su balance, también afirmó que se atendieron atrasos en el pago de nóminas y obligaciones de seguridad social correspondientes a dos meses. Añadió que las medidas se han desarrollado con acompañamiento del Ministerio del Trabajo para garantizar los derechos laborales de los empleados.
“La instrucción del señor presidente ha sido muy clara, no vinimos a apagar la luz y cerrar la puerta en silencio, vinimos a cuidar el bolsillo de todos los colombianos, frenar el despilfarro y devolver al tesoro nacional cada peso mal invertido”, afirmó Rodríguez en el video publicado.
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El liquidador también mencionó la entrega de oficinas y pisos que, según explicó, seguían generando gastos de arrendamiento. Esta medida permitió recuperar cerca de $2.400 millones para el Estado colombiano. Además, señaló que se cerró la etapa de recepción de acreencias y comenzó la calificación de las reclamaciones para avanzar posteriormente en su negociación. Este procedimiento hace parte de la revisión de las obligaciones financieras que deben resolverse durante el cierre de la entidad.
Traslado de programas sociales y hallazgos bajo revisión
Otro de los frentes expuestos por Rodríguez es la continuidad de los programas sociales que estaban a cargo del ministerio. El funcionario aseguró que se revisaron contratos y convenios para reactivar proyectos que, de acuerdo con su balance, estaban abandonados o desfinanciados desde 2024.
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Entre las prioridades mencionó el sistema Salvia, destinado a proteger a mujeres víctimas de violencia. Según explicó, se adelantan mesas técnicas con distintos ministerios, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública para definir el traslado de funciones y garantizar la continuidad de las iniciativas. “Aquí no venimos a politiquear ni a improvisar, servir a la gente no depende de un cargo, sino una vocación de más de 27 años en lo social”, sostuvo el funcionario.
La liquidación también contempla cambios en el manejo de patrimonios autónomos y fondos, así como traslados presupuestales. Rodríguez indicó que se liberaron $60.000 millones mediante esos movimientos y que se busca ordenar los recursos disponibles para cumplir con las obligaciones correspondientes.
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Finalmente, el Gobierno aseguró que los hallazgos e irregularidades detectados durante el proceso fueron puestos en conocimiento de los organismos de control. Según el balance divulgado, la información fue remitida a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación para que las entidades competentes adelanten las actuaciones que consideren pertinentes. “Cada hallazgo ha sido puesto en conocimiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, aquí no hubo retórica, hay rigor técnico, auditoría, respeto absoluto por la plata a los colombianos”, afirmó Rodríguez.
El balance presentado por el liquidador recoge las primeras medidas adoptadas para cerrar la entidad, reducir sus costos y transferir sus programas. La devolución de los recursos anunciados, el saneamiento de las obligaciones pendientes y la continuidad de las iniciativas sociales hacen parte de los principales retos de este proceso.
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