Reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia podría tardar seis años: Anif alerta por el reto de financiar hasta $40 billones

El tamaño de la reconstrucción que deberá asumir el país después del terremoto del 10 de agosto de 2026 abre una discusión que va más allá de las obras: cómo sostener financieramente la recuperación durante varios años.

Un análisis de Anif estima que el proceso podría prolongarse hasta seis años y advierte que conseguir los recursos será complejo por la situación de las finanzas públicas.

El sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó territorios que representan cerca del 14,5% del PIB nacional. El Gobierno calcula que reconstruir las zonas afectadas costará entre $30 y $40 billones y mantener recursos durante toda la recuperación del proceso.

El costo de la reconstrucción será mayor que el del Eje Cafetero

La comparación con el terremoto del Eje Cafetero de 1999 permite dimensionar el desafío. Anif calcula que aquel proceso equivaldría actualmente a unos $17,1 billones. El esfuerzo que enfrenta Colombia tras el sismo de agosto sería de al menos el doble, pero en condiciones fiscales más estrechas.

Entre las alternativas identificadas aparece el Presupuesto General de la Nación de 2026. Anif señala que existen $20,1 billones sin comprometer, que podrían revisarse para atender la emergencia.

Otra bolsa está en el Sistema General de Regalías. De los $63,7 billones del presupuesto bienal, el análisis identifica $3,7 billones de proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), además de $10,1 billones de recaudo aún sin asignación.

El sector privado podría aportar mediante Obras por Impuestos, con cerca de $270.000 millones. Al sumar estas alternativas, el gráfico de Anif identifica alrededor de $34,2 billones en fuentes potencialmente movilizables. La cifra no representa una bolsa disponible de inmediato. Son mecanismos que podrían revisarse, reorganizarse o utilizarse para respaldar la reconstrucción.

El margen fiscal es limitado

El panorama fiscal explica por qué la financiación no será sencilla. Cuando se declaró la emergencia, la subcuenta de Manejo de Desastres del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tenía $47.265 millones, que el decreto de emergencia calificó como insuficiente. A esto se suma un endeudamiento bruto del Gobierno superior al 60% del PIB y un déficit fiscal que cerró 2025 en 6,4% del PIB. Para Anif, elevar considerablemente la deuda tendría riesgos y presionar las primas de riesgo del país.

El aumento de impuestos tampoco aparece como una salida libre de consecuencias. El centro de estudios advierte sobre la posibilidad de que medidas concebidas para responder a una emergencia terminen convirtiéndose en permanentes. Como antecedente, recuerda el impuesto a las transacciones financieras creado temporalmente para financiar la reconstrucción del Eje Cafetero y luego consolidado como el 4x1000.

Ante ese escenario, Anif propone combinar mecanismos. Entre ellos están las líneas de crédito con garantía del Fondo Nacional de Garantías, capaces de cubrir entre 60% y 90% del crédito, para facilitar financiación a microempresarios afectados con uso limitado de recursos públicos.

También plantea acudir a líneas de crédito contingente de la banca multilateral y distribuir el riesgo financiero entre distintas fuentes. La propuesta apunta a una estrategia de financiación por capas, con recursos para emergencias frecuentes y transferencias excepcionales cuando ocurran desastres de mayor magnitud.

Para la participación empresarial existe además una modalidad especial de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, creada mediante el Decreto Legislativo 1389 del 9 de septiembre. Esta figura elimina la restricción geográfica habitual para municipios Zomac y Pdet, permitiendo la participación de ciudades como Pereira, Manizales y Cali. Las alianzas público-privadas con empresas constructoras aparecen como otra posibilidad para recuperar viviendas e infraestructura bajo estándares sismorresistentes.

El manejo del dinero será otro desafío durante los seis años estimados. El Fondo Patria Milagro, creado para canalizar los recursos de la reconstrucción, tendrá la responsabilidad de llevarlos hacia los proyectos y seguir su ejecución. Anif toma como referencia al Forec, creado tras el terremoto del Eje Cafetero para coordinarla, y señala que la credibilidad del fondo actual dependerá de la trazabilidad de los recursos: conocer su origen, destino y ejecución.

El análisis identifica tres factores determinantes: el control constitucional de los decretos legislativos, la capacidad institucional para ejecutar las obras y el riesgo de que medidas tributarias adoptadas por la emergencia terminen convirtiéndose en permanentes.