La Cancillería de Colombia, liderada por Omar Bula, identificó coincidencias, diferencias de valor y situaciones atípicas en 811 contratos que suman cerca de $92.846.000.000, durante la revisión de la contratación suscrita por la administración de Gustavo Petro. El análisis incluyó documentos celebrados antes de que entraran en vigor las restricciones de la Ley de Garantías y derivó en el traslado de 19 casos a la Contraloría General de la República.
La cartera informó que los contratos observados representan cerca de $100.164.000.000. Aclaró, sin embargo, que esa cifra corresponde al valor total de los procesos bajo observación y no acredita por sí sola un detrimento patrimonial. Las actuaciones se encuentran en una etapa preliminar y los involucrados podrán presentar sus explicaciones y ejercer su derecho de defensa.
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Más de la mitad de los contratos revisados tiene actividades similares
El examen de la Cancillería encontró que 551 de los 811 contratos contenían actividades repetidas o muy parecidas. Dentro de ese conjunto, 367 tenían objetos contractuales idénticos, aunque sus montos eran distintos.
Según el reporte publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, las diferencias de precio alcanzan hasta cuatro veces en contratos con el mismo objeto. En particular, casos que, por sus condiciones, requieren verificación adicional: uno fue pactado por $ 2.839.000.000 para ejecutarse en dos días, mientras otro aparece con un valor de $ 0 y un plazo que termina en 2028.
La revisión hace parte de las auditorías ordenadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre los procesos de contratación y los informes recibidos de la administración previa. El presidente anunció el 29 de agosto de 2026 auditorías forenses orientadas a detectar inconsistencias, faltantes, riesgos y posibles hechos de corrupción.
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La contratación se concentró antes de las restricciones electorales
Las fechas de suscripción también hicieron parte del análisis. La Cancillería estableció que 227 contratos se firmaron el 30 de enero de 2026, por $21.137.000.000. Ese monto equivale a 28,1% de la contratación anual y corresponde al día previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que 101 contratos se suscribieron durante fines de semana y que el 53,4% de la contratación del año quedó concentrado en las semanas anteriores a las restricciones electorales.
En cuanto al mecanismo de selección, la cartera aseguró que el 99,6% de los contratos examinados se adjudicó por contratación directa, sin procesos competitivos.
19 casos fueron enviados a la Contraloría
Los 19 contratos remitidos a la Contraloría General de la República serán examinados para determinar si existen elementos que justifiquen una actuación de control fiscal. La Cancillería indicó que mantendrá la revisión documental y que enviará los casos sustentados a la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía, según corresponda.
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La revisión se suma a otras verificaciones impulsadas por el actual Gobierno sobre entidades de la administración de Gustavo Petro. En el Ministerio de Igualdad, cuya liquidación estuvo acompañada por una auditoría integral, el Ejecutivo anunció la revisión de contratos, nóminas, programas y recursos comprometidos, con una expectativa de recuperación cercana a $ 200.000.000.000.
El Gobierno nacional afirmó que en ese caso examinó más de 60 contratos por cerca de $469.000.000.000 y que presentó 13 denuncias por presuntas irregularidades. Entre los procesos aparecían varios firmados durante los últimos meses de funcionamiento del ministerio.
Por otra parte, el organismo de control anunció que revisará tres contratos suscritos por el Gobierno saliente con la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) e Inravisión, por cerca de $16.627.000.000. Las alertas planteadas en esos casos se relacionan con posibles sobrecostos, duplicidades y pagos sin soportes.
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