La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hizo un llamado al Estado colombiano para que garantice los recursos presupuestales necesarios para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).
La petición fue realizada el martes 6 de octubre, en medio del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, que ya fue aprobado en las comisiones económicas conjuntas del Congreso por un valor de $634,9 billones.
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La Cidh señaló que ambas instituciones cumplen funciones relacionadas con la justicia transicional y la búsqueda de personas desaparecidas, por lo que deben contar con condiciones adecuadas para desarrollar sus mandatos. Según el organismo, esta garantía está vinculada con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de memoria, verdad y justicia y con los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, la Cidh ha hecho seguimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hacen parte la JEP y la Ubpd, junto con la Comisión de la Verdad. La comisión señaló que, desde entonces, ha reconocido avances de la JEP en el esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad, la determinación de responsabilidades y la emisión de sus primeras sentencias y sanciones propias.
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Sobre el impacto de los recortes
El 23 de septiembre, las comisiones terceras y cuartas del Congreso aprobaron en primer debate una propuesta para reasignar $170.000 millones del presupuesto de la JEP correspondiente a 2027.
La comisión indicó que, si la medida se concreta, la jurisdicción recibiría aproximadamente $254.000 millones menos de los recursos que requiere para atender sus necesidades operativas. Según la propia JEP, esta situación pondría en “grave riesgo” su funcionamiento y provocaría el “inminente cierre e inoperancia” de sus sedes.
La Cidh también señaló que una reducción de este alcance podría afectar el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes, además de la implementación de las sanciones propias establecidas por la jurisdicción.
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En el caso de la Ubpd, la comisión indicó que los recursos previstos para 2027 serían inferiores a las necesidades operativas de la entidad e incluso estarían por debajo de los asignados durante 2026. De acuerdo con la información entregada por la Unidad, esto podría comprometer “capacidades esenciales” para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, entre ellas las acciones de búsqueda en vida, las prospecciones forenses, la toma de muestras biológicas y el despliegue territorial de sus equipos.
La Cidh agregó que esta situación también podría implicar el cierre de al menos la mitad de los laboratorios forenses de la Unidad de Búsqueda y limitar la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda.
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La petición de la Cidh
La Cidh reconoció que los Estados tienen margen para establecer sus políticas de gasto y definir prioridades presupuestarias. Sin embargo, recordó que esas decisiones deben considerar su impacto sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En particular, sostuvo que la independencia de los órganos con funciones jurisdiccionales y el deber de investigar graves violaciones de derechos humanos y buscar a personas desaparecidas requieren recursos adecuados, suficientes y estables.
“La Comisión llama al Estado a considerar, en la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027, la importancia de la JEP y UBPD para combatir la impunidad de hechos de extrema gravedad, esclarecer la verdad de lo ocurrido y contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera”, señaló la Cidh.
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El organismo también recordó que los mandatos de ambas entidades tienen carácter temporal y excepcional. Por ello, reiteró la importancia de que el debate presupuestal tenga en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición.
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