Iván Cepeda criticó el proyecto de Estatuto Antiterrorista del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Violaciones de derechos humanos”

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara un Estatuto Antiterrorista para endurecer las herramientas jurídicas y operativas contra grupos armados organizados, con listas de organizaciones, un régimen carcelario especial y mecanismos de control patrimonial. La propuesta sería presentada ante el Congreso de la República en las próximas semanas junto con una ley de sometimiento.

El paquete estaría integrado por dos proyectos que avanzarían en paralelo: una ley estatutaria y una ordinaria, de acuerdo con información publicada por El Tiempo. La primera abarcaría medidas que afectan derechos fundamentales; la segunda permitiría que otros componentes entren en vigor sin esperar la revisión constitucional del conjunto de la iniciativa.

Las fuentes del Ejecutivo citadas por el diario indicaron que las estructuras incorporadas serían clasificadas como Grupos Armados Organizados, conocidos como GAO.

Esa designación permitiría aplicarles el Derecho Internacional Humanitario (DHI), el conjunto de normas que regula la conducción de las hostilidades en conflictos armados y fija límites para proteger a quienes no participan directamente en ellas. La clasificación también serviría de fundamento para operaciones militares, incluidos bombardeos contra las estructuras registradas, dentro de los alcances que establezcan la legislación y esas normas internacionales.

La crítica de Iván Cepeda a la propuesta del Gobierno nacional

El senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda cuestionó en su cuenta de X el borrador del proyecto gubernamental que prevé presentar próximamente ante el Consejo de Política Criminal y advirtió que su contenido podría sustituir el Estado de derecho por un esquema de poder sin controles judiciales.

El principal reparo del dirigente apunta a que la incorporación de personas y grupos a una lista de organizaciones terroristas quedaría en manos de la autoridad ejecutiva mediante órdenes administrativas, sin una decisión judicial previa. Para Cepeda, ese mecanismo expone a los incluidos a sanciones económicas, daños patrimoniales y afectaciones a su buen nombre aun sin antecedentes, condenas ni sanciones penales.

El proyecto contempla además la creación de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, un cargo previsto por cinco años y definido, según Cepeda, bajo un estado de excepción por Abelardo de la Espriella. El legislador sostuvo que esa figura concentraría facultades que excederían el período de un gobierno.

Cepeda también cuestionó que el texto faculte al Gobierno a legalizar prácticas de espionaje, escuchas ilegales e inteligencia criminal. A su juicio, esas disposiciones amplían el alcance de una iniciativa cuya definición de terrorismo considera imprecisa.

Cepeda alertó que la definición de terrorismo podría alcanzar a la protesta social

En su mensaje, Cepeda afirmó que el borrador presenta como terrorismo cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. “Potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad”, señaló.

El dirigente sostuvo que esa formulación podría habilitar la calificación de expresiones de protesta social como acciones terroristas. “Bajo estas definiciones, el actual Gobierno entraría en esa categoría”, afirmó al cuestionar el alcance de la norma.

Cepeda puso el foco en que el texto tomaría como referencia principal instrumentos jurídicos y legales de Estados Unidos, en lugar del derecho internacional público, el derecho de los derechos humanos o el DIH. “Su carácter genérico podría dar lugar a toda clase de violaciones de derechos humanos”, advirtió.

La lista administrativa y el nuevo comisionado concentran las objeciones

El cuestionamiento de Cepeda se centra en que el Ejecutivo podría incluir personas en la lista de organizaciones terroristas sin control judicial anterior y en que el Alto Comisionado contra el Terrorismo tendría atribuciones excepcionales durante un período de cinco años. La tensión, según su planteo, es que esas herramientas podrían afectar libertades públicas y derechos individuales sin una condena penal previa.

Sobre la creación del cargo, Cepeda dijo que se trata de “la creación de un cargo con plenos poderes”. Añadió que su vigencia excedería la duración de cualquier administración.

El político de izquierda afirmó que la aprobación del estatuto con el contenido del borrador tendría un efecto directo sobre el marco constitucional colombiano. “La Constitución de 1991 habrá sido sepultada, y un régimen despótico y autoritario quedará con las manos libres para atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía en Colombia”, sostuvo.