Continúa la polémica alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sigifredo López, exdiputado del Valle secuestrado por las extintas Farc y víctima en el proceso, acusó a la entidad de contratar a Marcelina Condomí, señalada por el dirigente vallecaucano como condenada por corrupción e inhabilitada de por vida para contratar con el Estado.
Así mismo, sostuvo que esas decisiones mantienen un “carnaval del desfalco” con recursos de los colombianos y de las víctimas.
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“Es tan grande el abuso que comete la Dirección Ejecutiva con el presupuesto y la plata de los colombianos y de las víctimas, que contrataron con una señora, Marcelina Condomí, condenada por corrupción e inhabilitada de por vida para contratar con el Estado”, dijo López en un video.
Según su denuncia, la Dirección Ejecutiva contrató $4.000.000.000 para socializar una consulta previa y luego suscribió otro contrato por $2.200.000.000. Afirmó que los recursos se destinaron a la divulgación de la Ley Estatutaria 1957 de 2017, que reglamentó el funcionamiento de la jurisdicción.
“Contrataron cuatro mil millones de pesos para socializar una consulta previa y luego hicieron otro contrato por dos mil doscientos millones de pesos. Platas que se las gastaron en una supuesta socialización de la ley estatutaria número diecinueve cincuenta y siete del año diecisiete, que fue la que puso, eh, la que reglamentó el funcionamiento de la JEP”.
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López pidió que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen una posible celebración indebida de contratos. También afirmó que el director ejecutivo que autorizó la contratación sería reelegido dentro de 20 días.
“Y eso es un delito que se llama celebración impedida de contratos, que tiene que investigar la Fiscalía, que tiene que investigar la Procuraduría. Y a ese señor que contrató, dentro de veinte días lo van a reelegir como director ejecutivo para que siga el carnaval del desfalco en la JEP con la plata de las víctimas y la plata de los colombianos”, expuso en su mensaje.
La JEP desmintió denuncias de corrupción
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó las denuncias de corrupción sobre su gestión y defendió el uso de sus recursos, argumentando que las revisiones de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación no registraron irregularidades y que sus viajes internacionales y su sede en Bogotá responden a obligaciones judiciales, operativas e internacionales.
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En su defensa, sostuvo que en 2025 alcanzó un cumplimiento presupuestal del 99,3%, el Ministerio de Hacienda la ubicó entre las instituciones públicas con mejor ejecución de los recursos asignados y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la describió como un ejemplo de transparencia pública.
La Jurisdicción cuestionó las versiones sobre el valor de su edificio principal en Bogotá y señaló que el avalúo comercial estimado para 2026 asciende a $288.538.000.000. Según explicó, los $20.975.000.000 difundidos como referencia corresponden al valor catastral del inmueble en 2020, no a su precio comercial.
En efecto, añadió que sigue en arriendo porque los proyectos para comprar la sede recibieron conceptos desfavorables durante las administraciones de Iván Duque Márquez y Gustavo Petro. El Ministerio de Hacienda objetó la primera iniciativa y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hizo lo propio con la propuesta posterior.
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Al responder sobre las actuaciones de los órganos de control, el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en Colombia afirmó: “Tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, la JEP no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo”.
Los viajes al exterior fueron vinculados con funciones judiciales y rendición de cuentas
La JEP sostuvo que las comisiones internacionales de magistrados responden a invitaciones oficiales, actividades judiciales y espacios relacionados con derechos humanos y derecho penal internacional. En sus argumentos, afirmó que estas misiones permiten informar a la comunidad internacional sobre el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, depositado ante el Consejo Federal Suizo y reconocido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2261.
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