La muerte de Keiner Banguera Mancilla (y que para los integrantes de su comunidad y familiares fue un asesinato), un joven de 19 años e integrante del Consejo Comunitario del Río Tapaje, es objeto de versiones contrapuestas entre su familia, habitantes de El Charco, Nariño, y la fuerza pública.
El caso ocurrió el viernes 2 de octubre de 2026 (e incluso, el presidente Abelardo de la Espriella compartió una publicación sobre el resultado de la operación), cuando una embarcación en la que viajaba fue interceptada por unidades del Ejército Nacional y la Armada Nacional.
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Familiares y testigos sostienen que el joven fue atacado cuando regresaba a su casa y se encontraba en condición de indefensión.
Por su parte, la institución militar afirmó que Banguera pertenecía a una estructura armada y que los uniformados respondieron a una agresión, de acuerdo con un informe de Noticias Uno.
La comunidad pidió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer las circunstancias de la muerte y verificar los elementos que fueron presentados por las autoridades después del operativo.
La familia afirma que Keiner Banguera quería ingresar a la universidad
De acuerdo con los familiares del joven, Banguera Mancilla tenía planes de continuar sus estudios en la universidad.
Por su parte, Alí Bantú Ashanti, abogado de la familia, comentó en diálogo con el mismo medio que quienes conocían al joven lo describían como una persona ajena a actividades criminales.
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El representante sostuvo que no existe, según su versión, material que demuestre una vinculación de Banguera con grupos armados, tal y como señaló el mismo De la Espriella en declaraciones oficiales.
La defensa de la familia indicó que el joven se desplazaba hacia su vivienda cuando militares le hicieron una señal para detener el bote. Según el jurista, Banguera acató la instrucción, pero recibió un disparo en una pierna.
Ashanti también señaló que testigos del hecho habrían observado lesiones en el cuello del joven. Por lo anterior, desde la familia se planteó que el caso debe ser investigado para establecer si hubo uso desproporcionado de la fuerza y determinar la causa exacta de la muerte.
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El Ejército afirma que hubo una agresión contra los uniformados
La versión de la fuerza pública difiere de los testimonios recogidos por el medio. El coronel William Morales, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, sostuvo que los uniformados fueron atacados durante el procedimiento.
De acuerdo con el alto oficial, Banguera no detuvo la embarcación y disparó contra los militares. Sumado a lo anterior, el coronel Morales sustentó que los integrantes de las Fuerzas Militares reaccionaron, según él, dentro de una actuación legítima y con respeto por los derechos humanos.
Desde el Ejército también se señaló que el joven pertenecería al bloque occidental Jacobo Arenas, estructura vinculada por las autoridades a las disidencias de las Farc de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y uno de los principales objetivos de la administración de Abelardo de la Espriella.
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El presidente de la República también mencionó en sus declaraciones posteriores a los hechos que, en la embarcación en la que se transportaba Banguera Mancilla, fueron encontrados $675 millones y dos proveedores de pistola.
La comunidad y el expresidente Gustavo Petro cuestionaron los elementos presentados por las autoridades
Habitantes de El Charco rechazaron la versión institucional y exigieron una investigación independiente. Una testigo consultada por el mismo portal informativo cuestionó el uso de armas contra el joven y aseguró que era un civil.
El abogado de la familia agregó que los allegados desconocen el origen de los proveedores de munición y del dinero que las autoridades vincularon con el procedimiento.
Además, Ashanti cuestionó el manejo del cuerpo y sostuvo que la escena pudo haber sido alterada.
La Fiscalía deberá establecer la procedencia de los elementos incautados, las circunstancias de la interceptación, el uso de la fuerza y la eventual pertenencia de la víctima a una organización armada.
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De igual forma, la Defensoría del Pueblo acompaña a la familia de Banguera y solicitó verificar si los procedimientos de la Fuerza Pública cumplieron los protocolos aplicables en este tipo de operativos.
Por su parte, Gustavo Petro señaló desde su cuenta de X la mañana del martes 6 de octubre que “Keiner no es un narcoterrorista”.
“Abelardo, es un joven negro civil y desarmado ejecutado por sus hombres armados bajo su responsabilidad”, agregó el expresidente a modo de réplica hacia el jefe de Estado.
El exmandatario aseguró dentro de su respuesta hacia De la Espriella que “ha vuelto a la época de los 6.042 jóvenes ejecutados, crimen de lesa humanidad que debe ser reabierto por la Corte Penal Internacional por su propia decisión como presidente de desfinanciar la Justicia Especial para la Paz, JEP”.
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Petro al final le recordó al presidente que “se pactó desde un principio que si a la JEP no la dejaban hacer justicia vendría la Corte Penal Internacional a juzgar a los criminales contra la humanidad colombianos”. Por tal motivo, el expresidente declaró que “Abelardo ha incumplido y aquí confiesa la ejecución de un joven civil desarmado”.
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