El concejal Andrés Tobón propuso que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín impida la creación de zonas de tolerancia y nuevos establecimientos destinados a ofrecer servicios sexuales pagos.
La iniciativa, expuesta este martes 6 de octubre de 2026 en una entrevista con Noticias Caracol, también busca restringir la presencia de explotación sexual en el espacio público de la ciudad.
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Tobón sostuvo que la discusión debe apartarse de la idea de que existe un ejercicio autónomo del trabajo sexual en las calles de la capital antioqueña. Según afirmó, detrás de esa actividad hay redes que controlan a mujeres, hombres, niños y adolescentes.
“Aquí no existe el trabajo sexual libre”, declaró el concejal. A su juicio, las situaciones detectadas en sectores públicos de Medellín mantienen vínculos con estructuras criminales y casos de explotación comercial.
La propuesta aparece durante el debate sobre la actualización del POT, instrumento que define los usos del suelo, las áreas de expansión urbana y las actividades permitidas en distintos puntos del municipio. Tobón indicó que pretende incorporar el planteamiento como una enmienda dentro de ese proceso.
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La medida apunta al espacio público y a futuros negocios
El alcance de la iniciativa contempla dos frentes. El primero es evitar que haya calles, parques u otros espacios públicos donde se permita la explotación sexual. El segundo consiste en impedir la apertura de nuevos comercios cuya actividad principal sea los servicios sexuales pagos.
El edil explicó que los establecimientos ya existentes conservarían su condición de uso establecido, debido a las normas que protegen actividades habilitadas con anterioridad. “Los que existen quedan ya listos en uso establecido”, precisó durante la entrevista.
Esa distinción limitaría la medida a futuras autorizaciones, sin ordenar de forma inmediata el cierre de los locales que ya operan bajo las condiciones legales vigentes. Tampoco detalló cuáles serían los mecanismos de control sobre los negocios existentes ni las sanciones previstas para quienes incumplan eventuales restricciones.
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Tobón señaló que Medellín no debería ampliar una oferta comercial asociada con la explotación sexual. Para el concejal, la regulación urbana puede convertirse en una herramienta para frenar la expansión de actividades que, según su postura, favorecen economías ilegales.
El centro y El Poblado aparecen entre las zonas bajo observación
Durante la conversación, el concejal mencionó varios sectores que, a su entender, requieren intervención. Habló del centro de la ciudad, de Barbacoas y de áreas de El Poblado, donde se encuentra el Parque Lleras.
Sobre este último punto, señaló que la administración encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez ha reducido parte de la problemática. Aun así, advirtió que persisten dinámicas relacionadas con la prostitución y la explotación sexual en la vía pública.
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“Hay sectores que tienen que mirarse con mucho detalle”, expresó Tobón. El funcionario planteó que la relación entre presencia de personas en situación de explotación, intermediarios y organizaciones criminales debe ser analizada en las zonas donde esa actividad se mantiene.
El concejal también planteó sospechas sobre la participación o tolerancia de algunos establecimientos comerciales frente a lo que ocurre en sus alrededores. En particular, se refirió a negocios legales, entre ellos gastrobares, que podrían operar junto con actividades vinculadas a redes de explotación.
Según Tobón, parte de la dificultad en el Parque Lleras surge por una eventual “connivencia de algunos establecimientos”. Dijo que varios locales han sido objeto de vigilancia, controles y actuaciones de las autoridades, aunque no identificó nombres ni aportó casos concretos durante la entrevista.
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La propuesta todavía está en etapa de estudio
El proyecto no ha sido radicado formalmente como una modificación aprobada del POT. Tobón explicó que presentó la discusión ante el Concejo de Medellín esta semana y que la administración municipal evalúa su viabilidad.
El siguiente paso dependerá de los avances del debate técnico y político sobre el instrumento de ordenamiento. Si consigue respaldo, el concejal prevé presentar una enmienda para que la prohibición quede incluida en la norma urbana de la ciudad.
“Está en estudio por parte de la administración”, afirmó. La eventual incorporación requerirá el apoyo de otros integrantes del Concejo y deberá ajustarse a las disposiciones legales que regulan los usos del suelo y los derechos de los establecimientos ya habilitados.
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