Procuraduría vigila nuevas reglas para mensajes de texto ante fraudes que dejan pérdidas millonarias

La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva sobre las nuevas reglas que prepara la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, para el envío de mensajes de texto en Colombia, ante el crecimiento de fraudes y estafas cometidos a través de teléfonos celulares.

El objetivo del Ministerio Público es verificar que la regulación permita mejorar la identificación de quienes envían los mensajes, reforzar los controles sobre los canales utilizados y facilitar el bloqueo de rutas empleadas para cometer delitos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la preocupación se concentra especialmente en los casos en los que los mensajes se originan o son gestionados desde el exterior, debido a las dificultades adicionales que pueden existir para establecer su procedencia y ejercer controles.

La Procuraduría busca determinar si las medidas que adopte la CRC serán realmente eficaces para proteger a los ciudadanos frente a modalidades de ciberdelincuencia que utilizan mensajes aparentemente legítimos para obtener información personal, claves o dinero.

Mensajes falsos imitan comunicaciones de entidades reconocidas

Los mensajes de texto continúan siendo utilizados diariamente para recibir códigos de seguridad, alertas bancarias, confirmaciones de operaciones y comunicaciones de diferentes servicios.

Ese mismo canal, sin embargo, es aprovechado por delincuentes para hacerse pasar por bancos, empresas u otras organizaciones reconocidas y generar confianza en las víctimas.

En algunos casos, los usuarios reciben comunicaciones que aparentan provenir de canales legítimos y son inducidos a entregar información confidencial, ingresar a enlaces fraudulentos o realizar operaciones que terminan comprometiendo sus recursos.

Según información suministrada por entidades financieras y citada en el reporte, durante 2024 se registraron reclamos relacionados con robos mediante mensajes de texto por alrededor de $252 millones diarios.

Para la Procuraduría, esta cifra evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención, identificación y control frente a estas prácticas.

La actuación preventiva busca que la nueva regulación tenga mecanismos que permitan establecer con mayor claridad quién originó un mensaje y por qué ruta fue distribuido.

También pretende que los operadores y actores involucrados cuenten con herramientas para bloquear los canales que sean identificados como parte de esquemas fraudulentos.

Atención especial a mensajes gestionados desde el exterior

Uno de los puntos que tendrá especial seguimiento será el tráfico de mensajes que proviene o es administrado desde otros países.

Según el planteamiento del órgano de control, este tipo de operaciones puede presentar mayores obstáculos al momento de identificar a los responsables o aplicar medidas de vigilancia.

Por eso, la Procuraduría revisará que el proyecto regulatorio contemple herramientas suficientes para enfrentar estas situaciones y evitar que las dificultades de trazabilidad permitan mantener activas rutas utilizadas por delincuentes.

El Ministerio Público también seguirá las decisiones que adopte la CRC para establecer si las nuevas obligaciones contribuyen efectivamente a reducir los riesgos para los usuarios.

La revisión no implica que las reglas ya hayan sido adoptadas de manera definitiva, sino que hace parte del seguimiento preventivo sobre el proyecto regulatorio que está en preparación.

La prioridad, según la actuación conocida, es que el esquema final permita identificar emisores, mejorar la trazabilidad de los mensajes y bloquear rutas asociadas con fraudes.

La Procuraduría considera que la regulación debe responder al papel que los mensajes de texto todavía tienen dentro de servicios financieros y otros procedimientos de autenticación.

Al mismo tiempo, busca que la existencia de esos canales no facilite la suplantación de entidades ni la circulación de comunicaciones diseñadas para engañar a los usuarios.

El órgano de control anunció que mantendrá el seguimiento mientras avanza el proceso regulatorio de la CRC.

El propósito es evaluar si las medidas finalmente adoptadas ofrecen herramientas efectivas contra el fraude, la estafa y el robo de información o dinero, especialmente en operaciones que pueden ser más difíciles de rastrear por tener origen o gestión internacional.