Gobierno de Abelardo de la Espriella ganó batalla legal por suspensión del piloto de aspersión con glufosinato en Putumayo: Tribunal local tendrá la última palabra

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió las impugnaciones contra la sentencia que suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. Así, el expediente pasará al Tribunal Administrativo del Putumayo, que deberá decidir en segunda instancia mientras la medida que frenó el programa sigue vigente.

La decisión, que se conoció en la noche del miércoles 30 de septiembre, analizó la suspensión ordenada mediante la Sentencia No. 003 del 22 de septiembre de 2026, que detuvo la ejecución material del piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Esto representaría una primera victoria para el Gobierno nacional.

De acuerdo con Blu Radio, esta concesión implica que el juzgado aceptó tramitar los recursos presentados por entidades del Gobierno, que buscan revertir la decisión que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con este herbicida en este territorio; en medio de la decisión que justificaba una medida de protección para los territorios.

En su momento, la togada Ana Pilar Vidal Uribe, del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, había ordenado suspender por completo el piloto. En su argumentación, la jueza consideró que la incertidumbre científica sobre los efectos del herbicida, sumada al posible riesgo para derechos fundamentales, justificaba una medida de protección.

El plan experimental preveía fumigaciones aéreas sobre un máximo de 1.000 hectáreas durante cerca de siete días. El Gobierno planteó la prueba como un mecanismo para medir la eficacia del químico contra cultivos ilícitos, la precisión de las aeronaves y la dispersión del producto antes de una eventual aplicación más amplia.

La disputa por los requisitos previos del piloto

En el recurso interpuesto por el Ministerio de Justicia, se pidió revertir la suspensión al sostener que no existe una amenaza cierta e inminente y que el piloto dependía aún del cumplimiento de condiciones administrativas. Para la cartera, que esos trámites siguieran pendientes durante la fase preparatoria no demostraba un incumplimiento.

La posición de la cartera, al mando de Iván Cancino, cuestionó la aplicación de los precedentes constitucionales relacionados con el glifosato a un programa experimental con una sustancia distinta. “La incertidumbre científica no equivale a la acreditación de un peligro grave o irreversible”, se leyó en la defensa del ministerio.

A su vez, remarcó que “la existencia de condiciones administrativas pendientes tampoco equivale a su incumplimiento”; es decir, que haya trámites pendientes no representa que el Gobierno esté violando la ley o desobedeciendo a los jueces, en relación con las etapas que debe surtir el programa de fumigación antes de su implementación.

El Ejecutivo también argumentó que la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019 no establecieron un régimen constitucional aplicable a cualquier programa de aspersión aérea con herbicidas. Según su interpretación, esas decisiones se referían específicamente al glifosato y a la eventual reanudación de un programa de fumigación.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) presentó otro recurso y sostuvo en su exposición que las resoluciones que autorizaron el programa podían controvertirse por otras vías judiciales. La entidad añadió que, hasta el momento de la tutela, no se habían llevado a cabo una serie sobrevuelos ni aspersiones.

Diez tutelas y nuevas solicitudes ante el Tribunal

El proceso concentra diez acciones de tutela acumuladas, entre ellas la impugnación de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación, una de las organizaciones vinculadas al trámite. En su decisión, el Tribunal Administrativo del Putumayo podrá confirmar el fallo del juzgado de Mocoa, revocarlo por completo o hacer precisiones.

El juzgado incorporó además un informe de Filipo Aníbal López, secretario de Infraestructura de Orito y alcalde encargado, que solicitó retirar al municipio del proceso. También remitió para valoración de la segunda instancia un memorial relacionado con declaraciones públicas del presidente de la República sobre la erradicación aérea.