Caso Kevin Acosta: la Procuraduría investiga una “interrupción injustificada del tratamiento” y alista posibles sanciones contra la Nueva EPS

Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia A severa, murió el pasado 13 de febrero de 2026 mientras esperaba que la Nueva EPS le suministrara el tratamiento que requería para atender su enfermedad. El caso ocurrió durante el periodo en que Guillermo Alfonso Jaramillo se desempeñaba como ministro de Salud, bajo el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, y cuando la entidad promotora de salud se encontraba bajo intervención estatal.

En ese momento, Luis Óscar Galves Mateus ejercía como agente interventor de la Nueva EPS. Tras la muerte del menor, el caso derivó en actuaciones de distintas autoridades, entre ellas la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, además de pronunciamientos públicos de funcionarios del Gobierno y acciones promovidas por la familia.

El abogado de los familiares de Kevin Acosta, Wilson Ruiz, divulgó el miércoles 30 de septiembre un documento de la Procuraduría en el que el organismo de control ordena trasladar el informe relacionado con el caso a los procuradores delegados para vigilancia administrativa, con el propósito de que se valore el inicio de las actuaciones disciplinarias correspondientes.

Ruiz señaló, a través de su cuenta en X, que el documento contiene elementos que permitirían investigar una posible “omisión administrativa grave” por parte de la entidad intervenida. “¡Esto es gravísimo!”, manifestó el abogado al referirse al contenido del informe.

El traslado de la Procuraduría

El documento fue elaborado el 17 de marzo de 2026 y está firmado digitalmente por Mónica Andrea Ulloa Ruíz, procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social. En el oficio, la funcionaria remitió el informe sobre el caso de Kevin Arley Acosta para que fuera valorado desde el punto de vista de la garantía del derecho fundamental a la salud.

La Procuraduría explicó que el traslado se realiza en el marco de sus funciones preventivas y de control de gestión, relacionadas con la defensa del derecho fundamental a la salud y con la evaluación de las condiciones de operación de las entidades promotoras de salud y entidades administradoras de planes de beneficios.

En el documento se indica que el informe corresponde al caso del menor, afiliado al régimen subsidiado de la Nueva EPS. La entidad de control precisó que el traslado se efectuó “para las acciones disciplinarias correspondientes” y con el propósito de evaluar el inicio y desarrollo de las actuaciones que correspondan.

Entre los anexos relacionados por la Procuraduría aparecen las respuestas a requerimientos realizados a la Nueva EPS, Integral Solutions IPS y Medicarte IPS, documentos que hacen parte del material trasladado para la valoración de las posibles actuaciones.

De acuerdo con Wilson Ruiz, el informe establece que se debe determinar si existió “una interrupción injustificada de su tratamiento hasta el día de su fallecimiento y que esa situación generó un riesgo vital que terminó materializándose”.

Fiscalía también investiga la muerte del menor

El caso de Kevin Acosta también es objeto de una investigación en la Fiscalía General de la Nación. Según la información suministrada por la familia, el ente acusador solicitó la imputación de cuatro personas vinculadas con la Nueva EPS por el delito de homicidio culposo, a raíz de presuntas omisiones relacionadas con la atención y el suministro del tratamiento que necesitaba el niño.

Entre las personas investigadas se encuentra Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como agente interventor de la Nueva EPS cuando ocurrieron los hechos.

La investigación penal constituye una línea distinta a la actuación disciplinaria que ahora analiza la Procuraduría. Mientras el documento del Ministerio Público fue remitido para valorar las actuaciones disciplinarias correspondientes, la Fiscalía adelanta las diligencias relacionadas con las circunstancias que rodearon la muerte del menor y las posibles responsabilidades penales.

El caso también adquirió una dimensión política después de que el entonces presidente Gustavo Petro y el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo se pronunciaran públicamente sobre el fallecimiento del niño. La familia cuestionó que se atribuyera parte de la responsabilidad a su entorno y denunció que información protegida de la historia clínica de Kevin había sido expuesta públicamente.

Posteriormente, la Fiscalía citó a Jaramillo a una audiencia de conciliación prevista para el 14 de septiembre, relacionada con una indagación por la presunta comisión del delito de revelación de secreto. El exministro respondió mediante una carta dirigida al ente acusador, en la que manifestó que no tenía intención de conciliar.

De manera paralela, la representación de víctimas, encabezada por los abogados Manuel Villanueva y Wilson Ruiz, solicitó que se abriera una investigación penal contra Jaramillo por el delito de homicidio culposo.

El nuevo documento de la Procuraduría se suma así a las actuaciones que distintas autoridades adelantan alrededor de la muerte del menor. El organismo de control deberá evaluar el material remitido y determinar las actuaciones disciplinarias que correspondan frente a las posibles irregularidades identificadas en el manejo de la atención y del tratamiento de Kevin Acosta.