El proceso penal contra Lina Castillo, periodista que en 2019 denunció a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral cuando trabajaba en su equipo del Concejo de Bogotá, quedó parcialmente cerrado a su favor.
El Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá determinó que sus declaraciones sobre el presunto acoso y las amenazas no constituyeron calumnia. La decisión puso fin a esa parte de la causa que Morris inició tras las denuncias públicas, informó Cambio.
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El tribunal consideró que esas manifestaciones fueron un ejercicio legítimo de denuncia pública. Por ese motivo, cerró esa parte del proceso penal.
El expediente incluía además una acusación por injuria, pero el Juzgado 55 Penal de Bogotá declaró prescrita esa acción porque venció el plazo legal para juzgarla. Esa resolución no establece si existió responsabilidad por ese delito.
Castillo trabajaba en el equipo de Morris en el Concejo de Bogotá cuando formuló las acusaciones. La periodista relató que recibió comentarios sobre su cuerpo y su color de piel, que le pedían asistir a la oficina con falda y que, durante un almuerzo laboral, Morris le tocó las piernas.
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El entonces concejal respondió con una denuncia por injuria y calumnia. La Fiscalía Seccional de Bogotá presentó el escrito de acusación contra Castillo en 2023.
La Fiscalía ordenó revisar las relaciones de poder
En marzo de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo retiró el expediente de la seccional bogotana y lo entregó a Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema.
La instrucción fue analizar el caso a partir de la relación de poder entre Castillo y Morris, entonces exgerente de Rtvc. La revisión buscó impedir que la denuncia fuera evaluada solo como una posible afectación a la reputación del señalado.
El cambio coincidió con una carta firmada por más de 100 periodistas y abogadas, quienes solicitaron otra valoración del caso. De acuerdo con el medio de comunicación, la discusión jurídica incorporó el escrache como una forma de protesta pública que la Corte Constitucional ha reconocido dentro de la libertad de expresión.
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La tutela ante la Corte Constitucional sigue pendiente
En marzo de 2026, más de 40 mujeres firmaron un comunicado en el que denunciaron un supuesto patrón para silenciar a quienes acusan a Morris. Entre ellas estuvieron María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz Navarro.
Días después, otro grupo de 50 mujeres cuestionó la causa penal contra Castillo y la calificó como una judicialización de la denuncia pública.
La periodista mantiene además una tutela pendiente ante la Corte Constitucional. Allí solicita protección para su derecho a denunciar sin afrontar consecuencias penales por sus declaraciones.
El relato de Lina ante la justicia expone años de persecución
Lina Marcela Castillo Nisperuza declaró ante el Juzgado 86 Penal Municipal de Bogotá que sufrió persecución, amenazas y hostigamiento durante los cuatro años posteriores a su denuncia contra Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral. La comunicadora afirmó que fue atacada en redes sociales, que se utilizaron imágenes personales para desacreditarla y que enfrentó el proceso sin protección institucional ni estabilidad laboral.
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Durante la audiencia, también relató supuestos episodios de extorsión y sobornos en Choachí, además de cuestionar el uso de recursos y comunicados públicos para respaldar a Morris. Castillo sostuvo que la diligencia reavivó la revictimización y afirmó que, pese a las amenazas y señalamientos, decidió continuar con el proceso judicial.
“Ha sido muy revictimizante hoy escuchar al señor Hollman Morris, sobre todo la forma de referirse hacia mí”, afirmó la joven ante la jueza, según recogió la audiencia. “Quienes están conectados hoy acá, incluso su propia familia, me han atacado en redes usando mis imágenes, mis fotografías personales de mis redes sociales para atacarme, incluso desde Contravía”, añadió, haciendo referencia a espacios de comunicación vinculados con el exconcejal.
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