Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció fumigación de cultivos ilícitos con glifosato en 9 municipios: estos son

El gobierno de Abelardo de la Espriella proyecta retomar la aspersión aérea con glufosinato de amonio herbicida agrícola no selectivo y de amplio espectro, en las 261.000 hectáreas de cultivos ilícitos registradas en Colombia, pero un juzgado de Putumayo suspendió de manera preventiva el plan piloto hasta que se cumplan requisitos ambientales, sanitarios, técnicos y de consulta previa.

La restricción deja fuera de una eventual intervención cerca del 86,7% de las 40.565 hectáreas de coca detectadas en Putumayo. Las autoridades identificaron 35.164 hectáreas con algún tipo de protección, restricción territorial o programa estatal que impide su fumigación.

El 22 de septiembre de 2026, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa amparó los derechos de los accionantes y ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía abstenerse de ejecutar las aspersiones autorizadas por la Resolución 0007 de 2026, según informó El Tiempo.

La decisión regirá hasta que las entidades demuestren de manera integral y verificable el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa. El despacho definió la medida como temporal y preventiva, y pidió a los accionantes que promuevan una acción popular.

El plan piloto de siete días y hasta 1.000 hectáreas

La Resolución 0007 contempla un ensayo con glufosinato de amonio 200 SL durante siete días y en un área máxima de 1.000 hectáreas. El Gobierno pretende que esa prueba sea el punto de partida para extender la estrategia a otras regiones del país.

El Ministerio de Justicia impugnó la suspensión. El 25 de septiembre de 2026, delegados de la Presidencia, los ministerios de Defensa, Justicia, Interior y Salud, la Policía, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) presentaron una nueva solicitud contra el fallo.

Las entidades argumentaron que el piloto todavía no comenzó, no tiene una fecha definida y mantiene pendientes trámites ante la ANLA, la Aeronáutica Civil y la Autoridad Nacional de Consulta Previa. También sostuvieron que el juez no explicó por qué las medidas cautelares de la jurisdicción contencioso-administrativa resultaban insuficientes.

El Gobierno nacional afirmó en el documento que no existía una amenaza inminente que justificara frenar el programa mediante una tutela, pues aún era posible solicitar medidas cautelares ante la justicia administrativa. Además, cuestionó que el juzgado aplicara al glufosinato los criterios establecidos por la Corte para el glifosato.

La impugnación también objeta la aplicación del principio de precaución. Las entidades señalaron que el fallo lo utilizó como si exigiera demostrar riesgo cero, una condición que, de acuerdo con su interpretación de la jurisprudencia constitucional, resulta inviable.

Las áreas excluidas de una eventual fumigación

El juzgado cuestionó que no se hubieran identificado públicamente los polígonos de intervención. La respuesta oficial fue que no existe un polígono operacional definitivo, aunque sí se delimitaron las zonas donde el programa no podrá realizarse.

La Policía excluyó áreas protegidas, resguardos indígenas, consejos comunitarios, territorios incluidos en programas de sustitución de cultivos, centros poblados y otros espacios sensibles. De las hectáreas de coca detectadas en Putumayo, solo 5.401 podrían ser objeto de intervención, aunque el piloto tendría un límite inferior.

Las zonas disponibles se distribuyen entre Puerto Asís, con 1.647 hectáreas; Orito, con 1.111; Puerto Guzmán, con 799; Valle del Guamuez, con 787; Puerto Caicedo, con 571; Villagarzón, con 267; Leguízamo, con 161; San Miguel, con 38, y Mocoa, con 22.

Las restricciones abarcan 14.946 hectáreas vinculadas al programa RenHacemos y 5.426 ubicadas en resguardos indígenas. Otras 5.387 están limitadas por el Plan de Manejo Ambiental de la ANLA, 4.419 por pretensiones étnicas y fallos judiciales, 2.102 por zonas de frontera, 1.621 por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, 1.003 por parques nacionales y 260 por consejos comunitarios.

El Gobierno sostuvo que esas exclusiones constituyen salvaguardas suficientes para el ensayo. El Ministerio de Salud señaló que un concepto del Instituto Nacional de Salud se exige para un programa de alcance nacional, mientras que los resultados del piloto permitirían realizar ese análisis para una eventual ampliación.

Las entidades aclararon que no buscan que el glufosinato sea declarado inocuo. Si el Tribunal Administrativo del Putumayo no revoca la decisión, pidieron que precise la duración de la suspensión y sus efectos una vez que los accionantes presenten la acción popular.

El juzgado de Mocoa, sin embargo, exigió una licencia ambiental específica para el piloto, con un acto administrativo vigente de la ANLA que cubra la sustancia, la modalidad de aplicación y el territorio involucrado. Además de ordenar que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud entreguen una evaluación técnica sobre los riesgos del herbicida para la salud humana, requisitos que deberá analizar el Tribunal Administrativo del Putumayo.