El Pacto Histórico denunció ataques digitales, suplantación de identidad y campañas de desinformación dirigidas contra mujeres que ejercen oposición política al Gobierno de Abelardo de la Espriella, entre ellas la senadora Isabel Zuleta y la representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal.
En un comunicado, el movimiento político y la bancada del Congreso rechazaron la circulación de un video manipulado con inteligencia artificial en el que, según afirmaron, se suplanta la identidad de Isabel Zuleta y se le atribuyen declaraciones que nunca realizó.
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La colectividad también denunció la difusión de montajes, publicaciones falsas y supuestos trinos que, de acuerdo con su versión, son utilizados para engañar a la ciudadanía, afectar la reputación de las congresistas y atacar su ejercicio político.
Pacto Histórico denuncia una campaña de ataques digitales
El movimiento político sostuvo que los hechos denunciados no corresponden únicamente a publicaciones aisladas, sino que estarían acompañados de dinámicas de amplificación en redes sociales.
Para sustentar esta afirmación, el Pacto Histórico citó una investigación de Cuestión Pública, según la cual fueron identificadas 5.001 publicaciones provenientes de 3.626 cuentas en cinco horas y media.
De acuerdo con lo señalado en el comunicado, el informe documentó patrones de saturación digital y cuentas hiperactivas con señales de baja autenticidad. La colectividad afirmó que estas dinámicas buscan simular respaldo a ideas de derecha y a consignas afines al actual Gobierno, entre ellas “defensores de la Patria”.
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Según el Pacto Histórico, estas acciones tendrían como efecto saturar la conversación pública y dificultar la visibilidad de las voces críticas.
La colectividad pidió que las autoridades determinen el alcance de estas dinámicas y establezcan quiénes estarían detrás de las estructuras digitales señaladas en su denuncia.
La colectividad señala un componente de violencia contra las mujeres
El Pacto Histórico también sostuvo que los ataques denunciados tienen un componente misógino, debido a que las mujeres que ejercen oposición política serían objeto de insultos sexualizados, señalamientos sobre su apariencia y mensajes degradantes.
De acuerdo con el comunicado, estas agresiones no estarían dirigidas únicamente a controvertir las posiciones políticas de las congresistas. La colectividad afirmó que también buscan intimidar y desalentar la participación de mujeres en el debate público.
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El documento menciona a Clara López, María José Pizarro, Francia Márquez, Alejandra Omaña, Isabel Zuleta y María Fernanda Carrascal entre las mujeres que, según el Pacto Histórico, han enfrentado de manera reiterada tergiversaciones, burlas, intimidaciones y ataques relacionados con su participación política.
La colectividad agregó que algunos de los mensajes denunciados incluyen alusiones a la violencia sexual.
Piden investigar el uso de inteligencia artificial
Uno de los puntos centrales del comunicado es la solicitud para investigar el uso de inteligencia artificial en la creación y difusión de contenidos que suplantan la identidad de las congresistas.
El Pacto Histórico señaló que la utilización de estas herramientas puede contribuir a fabricar contenidos que aparentan ser reales y que atribuyen a una persona declaraciones que no ha realizado.
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La colectividad citó la Ley 2502 de 2025, al señalar que esta norma reconoce la gravedad del uso indebido de la inteligencia artificial y agrava la falsedad personal cuando se utiliza para suplantar identidades.
Con base en esa legislación, el movimiento pidió a las autoridades determinar si las conductas denunciadas pueden ser objeto de investigación y establecer las responsabilidades correspondientes, si a ello hubiere lugar.
Estas son las investigaciones que solicita el Pacto Histórico
En el comunicado, el movimiento político formuló solicitudes a distintas entidades estatales.
A la Fiscalía le pidió investigar la suplantación de identidad, los contenidos manipulados con inteligencia artificial, los falsos trinos y las conductas de acoso, amenaza y violencia política de género que, según la colectividad, estarían dirigidas contra congresistas del Pacto Histórico.
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A la Policía y a sus unidades especializadas en informática les solicitó identificar y desmantelar las presuntas redes coordinadas y granjas de bots que serían utilizadas para suplantar, desinformar y hostigar a mujeres que participan en política.
El movimiento también pidió al Consejo Nacional Electoral establecer si las operaciones digitales denunciadas tienen relación con campañas, organizaciones políticas, contratistas o fuentes de financiación sujetas a vigilancia y reporte.
Por otra parte, solicitó a los organismos de control investigar si recursos, funcionarios, contratistas o infraestructura estatal estarían siendo utilizados para financiar, promover o amplificar campañas contra la oposición.
Estas solicitudes corresponden a peticiones formuladas por el Pacto Histórico para que las autoridades investiguen y determinen si las conductas denunciadas ocurrieron y quiénes podrían estar involucrados.
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Solicitan cooperación para identificar posibles estructuras digitales
El comunicado incluye además una solicitud dirigida al Ministerio de Minas y Energía, XM, la Superintendencia de Servicios Públicos y los operadores de red.
El Pacto Histórico pidió establecer mecanismos de cooperación con las autoridades competentes para identificar y reportar patrones atípicos de consumo energético que, junto con evidencia digital y técnica, puedan contribuir a detectar infraestructuras dedicadas a operaciones digitales coordinadas.
La colectividad planteó esta medida como parte de las acciones que, a su juicio, permitirían avanzar en la identificación de las denominadas granjas de bots y otras estructuras tecnológicas que podrían ser utilizadas para difundir desinformación y hostigar a personas que participan en el debate político.
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Piden al Gobierno rechazar los ataques
El Pacto Histórico también exigió al Gobierno rechazar públicamente las prácticas denunciadas y garantizar que ningún recurso, entidad, funcionario o contratista del Estado sea utilizado para perseguir, intimidar o silenciar a quienes ejercen el derecho constitucional a la oposición.
En el mismo sentido, la colectividad planteó la necesidad de avanzar en una regulación que establezca responsabilidades claras para quienes produzcan, financien, coordinen o permitan la circulación masiva de contenidos falsos y campañas de violencia política digital.
El movimiento político sostuvo que la inteligencia artificial no debe utilizarse para suplantar identidades ni difundir contenidos falsos y que las estructuras digitales coordinadas no deben sustituir la deliberación democrática.
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