El Ministerio de Hacienda pidió formalmente a la Corte Constitucional iniciar un incidente de impacto fiscal sobre la sentencia que pone en marcha la reforma pensional a partir del 1 de abril de 2027, al considerar que los efectos de la decisión podrían generar riesgos para las finanzas públicas.
La solicitud fue presentada este 22 de septiembre de 2026 por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ante la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, integrante de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
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En el documento, el jefe de la cartera económica solicita la apertura del Incidente de Impacto Fiscal sobre la Sentencia C-264 de 2026, mecanismo con el que el Gobierno busca que la Corte examine las consecuencias fiscales derivadas de su decisión.
El objetivo del Ejecutivo es que el alto tribunal pueda modular, modificar o diferir los efectos económicos del fallo, sin que ello implique reabrir la discusión jurídica que condujo a la sentencia.
Hacienda lleva el debate pensional al terreno fiscal
En la comunicación dirigida a la Corte, Gómez Martínez invoca el artículo 334 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 3 de 2011, que permite al Procurador General de la Nación o a los ministros solicitar la apertura de un incidente de impacto fiscal frente a determinadas decisiones judiciales.
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La petición busca que la Corte analice las consecuencias que tendría para las cuentas públicas la entrada en vigor de la reforma pensional bajo las condiciones fijadas en la Sentencia C-264 de 2026.
El mecanismo permite poner sobre la mesa argumentos relacionados con la sostenibilidad de las finanzas del Estado y estudiar alternativas sobre la manera y el momento en que una providencia judicial produce sus efectos económicos.
Con esta decisión, el Gobierno de Abelardo de la Espriella abre un nuevo capítulo alrededor de la reforma pensional, esta vez concentrado en sus implicaciones presupuestales y fiscales.
La solicitud no significa por sí misma que la entrada en vigor prevista para abril sea suspendida. Será la Corte Constitucional la que deberá estudiar la petición y determinar el trámite correspondiente frente al incidente planteado por el Ministerio de Hacienda.
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Gobierno busca moderar efectos económicos del fallo
El incidente de impacto fiscal está diseñado para permitir que las autoridades expongan ante las altas cortes las consecuencias que determinadas decisiones pueden tener sobre la sostenibilidad fiscal.
En el escrito, el Ministerio de Hacienda sustenta su legitimidad para presentar la solicitud y recuerda que este procedimiento está regulado tanto por la Constitución como por la legislación que desarrolló esa figura.
El Gobierno pretende que la discusión permita evaluar las implicaciones económicas antes de que comiencen a producirse plenamente los efectos de la sentencia que habilita la entrada en funcionamiento de la reforma pensional.
La petición adquiere relevancia porque el calendario señalado establece el 1 de abril de 2027 como fecha para la puesta en marcha del nuevo esquema, por lo que cualquier eventual decisión de la Corte sobre los efectos temporales o económicos de su fallo podría resultar determinante para la implementación.
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El documento remitido por Hacienda muestra que el Ejecutivo no está cuestionando únicamente aspectos operativos de la reforma, sino que busca que el tribunal constitucional considere específicamente su impacto sobre las cuentas del Estado.
Ahora corresponderá a la Corte definir si abre formalmente el incidente y, en caso de hacerlo, escuchar los argumentos fiscales presentados por el Gobierno antes de adoptar una determinación.
La solicitud representa así una vía jurídica con la que la administración De la Espriella pretende moderar o diferir las consecuencias económicas derivadas de la sentencia, bajo el argumento de proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Por ahora, la fecha prevista para la entrada en funcionamiento de la reforma se mantiene, mientras la Corte Constitucional define qué curso dará a la petición elevada por el Ministerio de Hacienda.
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