FIP alerta que Colombia tendría disponible solo 46 % de su capacidad militar para operaciones

Colombia tendría disponible apenas el 46 % de su capacidad militar para realizar operaciones, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, que advierte sobre problemas de alistamiento, mantenimiento y financiación en componentes aéreos, navales, fluviales y terrestres de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el diagnóstico forma parte del estudio ‘Recuperar la ventaja, radiografía de las capacidades militares y una agenda para fortalecerlas y recuperar el control territorial frente a la nueva violencia organizada’.

La FIP sostiene que Colombia necesita dejar de responder únicamente a las crisis inmediatas de seguridad y avanzar hacia una planeación permanente y de largo plazo de sus capacidades militares, especialmente ante el crecimiento y sofisticación de los grupos armados.

El estudio advierte, sin embargo, que algunas de las cifras sobre disponibilidad deben interpretarse con cautela. Los datos aéreos y navales proceden del informe de empalme de transición de gobierno de julio de 2026, que no establece fecha de corte ni criterios técnicos de clasificación.

Por esa razón, la Fundación señala que esos números constituyen una aproximación al estado del inventario y no una medición exacta del alistamiento operacional.

Problemas en aire, mar y capacidades terrestres

Según el documento, el 55,5 % del inventario aéreo estaría fuera de servicio, mientras que en las capacidades navales y fluviales la proporción no operativa alcanzaría 48,1 %.

En las fuerzas terrestres, las principales dificultades aparecen en los recursos destinados al sostenimiento. El déficit presupuestal sería de 96 % para artillería, 93 % para transportes y 78 % para caballería.

La FIP relaciona estas limitaciones con un escenario de seguridad que se ha deteriorado. Entre 2024 y 2025, los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública aumentaron 62 %, mientras las acciones contra infraestructura y bienes civiles crecieron 59 %.

También se registró un incremento en el uso de nuevas tecnologías por parte de organizaciones armadas. Los ataques ejecutados mediante drones pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, lo que representa un crecimiento de 132 %.

Al mismo tiempo, los principales grupos armados pasaron de 21.958 integrantes en 2024 a 27.121 en 2025, mientras su influencia territorial aumentó de 562 a 627 municipios.

Aunque las acciones de la Fuerza Pública contra esas estructuras crecieron 34,5 % durante 2025, la Fundación plantea que aumentar el número de operaciones no garantiza por sí solo una reducción sostenida de su capacidad.

El Clan del Golfo es uno de los casos destacados. Según el informe, entre 2023 y 2025 una cuarta parte del esfuerzo militar se concentró en esa organización, pero el grupo duplicó sus integrantes frente a 2022 y pasó de presencia en 145 municipios de 13 departamentos a 296 municipios en 17 departamentos.

FIP plantea financiar capacidades a largo plazo

La presión sobre la operación militar también tiene un componente presupuestal. Durante 2025, el 76,2 % del presupuesto del sector Defensa estuvo destinado a cubrir costos de personal activo y retirado.

Además, la participación de Defensa dentro del Presupuesto General de la Nación pasó de 22,4 % en 2003 a 14,7 % en 2025, mientras durante la última década los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos.

La FIP advierte también sobre el peso futuro de las asignaciones de retiro. Entre 2002 y 2010, el pie de fuerza aumentó 47 %, y buena parte de ese personal adquirirá derechos de retiro entre 2022 y 2035. Para 2024, las obligaciones reconocidas por retiro, invalidez y sustitución pensional se acercaban a $50 billones.

Ante este panorama, el centro de estudios plantea diez medidas al Gobierno, entre ellas definir un nivel mínimo de operación, conectar las necesidades militares con las decisiones fiscales y garantizar financiación para modernización más allá de un solo periodo presidencial.

También propone recuperar primero los equipos que todavía puedan regresar al servicio y anticipar con al menos diez años la renovación de capacidades relacionadas con movilidad aérea, ataque, control fluvial, vigilancia y reconocimiento.

La Fundación recomienda además incorporar de manera permanente herramientas de guerra electrónica, ciberdefensa, análisis de datos e inteligencia artificial, así como reorientar la inteligencia hacia las redes financieras, logísticas, de reclutamiento y apoyo de los grupos armados.

El planteamiento central es que Colombia no resolverá sus problemas de seguridad únicamente comprando nuevos equipos o aumentando las operaciones. Para la FIP, el reto consiste en recuperar las capacidades existentes, garantizar su sostenibilidad financiera y utilizarlas bajo una estrategia de largo plazo para recuperar control territorial.