La Corte Constitucional sesionó por primera vez desde Bucaramanga a propósito del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional: Una Corte Constitucional para el Mundo, escenario en el que la Sala Plena estudió una demanda de inconstitucionalidad relacionada con el uso de vehículos de tracción animal destinados a actividades turísticas.
El debate se centró en la expresión “actividades turísticas”, contenida en la Ley 2138 de 2021, norma que establece medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en el territorio nacional. La disposición contemplaba una excepción al mandato general de sustitución para aquellos vehículos utilizados con fines turísticos.
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Luego del análisis, la Sala Plena determinó que la palabra “turísticas” vulneraba el artículo 79 de la Constitución Política, relacionado con el derecho a un ambiente sano y con la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. De acuerdo con la Corte, la excepción permitía el sometimiento de los animales a un sufrimiento que consideró innecesario.
La Corte declaró inexequible la expresión “turísticas” del parágrafo del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021, disposición que permitía mantener los vehículos de tracción animal destinados al turismo por fuera de la obligación general de sustitución.
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La demanda que dio lugar al pronunciamiento había sido interpuesta por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en relación con la posibilidad de utilizar animales para este tipo de actividades. La decisión de la Corte modifica el alcance de la excepción contemplada en la legislación nacional sobre sustitución de vehículos de tracción animal.
La excepción para el turismo fue retirada de la legislación
La Sala Plena también determinó que la decisión debía extenderse a otras disposiciones relacionadas con el mismo asunto. En virtud de la integración de la unidad normativa, la Corte hizo extensiva la declaración de inexequibilidad al artículo 10 de la Ley 2138 de 2021 y al parágrafo 1º del artículo 98 de la Ley 769 de 2002.
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La Corte explicó que, aunque deben adoptarse medidas para proteger a las personas cuyo sustento económico depende de los vehículos de tracción animal utilizados con fines turísticos, esa circunstancia no permite mantener la excepción establecida en la legislación.
En particular, el alto tribunal concluyó que la recreación turística no constituye un límite constitucionalmente admisible al deber de protección de los animales. Además, determinó que la excepción analizada no superaba un juicio intermedio de proporcionalidad.
La decisión establece así que la utilización de animales en vehículos de tracción para actividades turísticas dejará de estar cobijada por la excepción que permitía este tipo de vehículos frente al mandato de sustitución previsto en la legislación.
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El pronunciamiento fue adoptado mediante la Sentencia C-310 de 2026, cuyo magistrado ponente es Héctor Alfonso Carvajal Londoño. En la decisión, los magistrados Carlos Camargo Assis y Miguel Polo Rosero aclararon su voto.
La Corte dio seis meses para iniciar los programas de sustitución
La Corte Constitucional no estableció la aplicación inmediata de la inexequibilidad. La Sala Plena decidió diferir los efectos de la decisión durante un periodo de seis meses, contado a partir de la notificación de la sentencia. Durante ese plazo, las entidades territoriales deberán iniciar los programas de sustitución correspondientes al ámbito turístico, de acuerdo con las medidas contempladas en la Ley 2138 de 2021.
El periodo de seis meses busca permitir que comiencen los programas de sustitución y que las personas afectadas reciban medidas de reconversión laboral. La determinación contempla, por tanto, tanto la eliminación de la excepción para los vehículos de tracción animal destinados a actividades turísticas como la necesidad de implementar medidas dirigidas a quienes dependen económicamente de esta actividad.
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La Corte señaló que las entidades territoriales deberán ofrecer medidas de reconversión laboral a las personas que resulten afectadas por la aplicación de la decisión. Estas acciones deberán desarrollarse dentro del periodo establecido por el tribunal para la entrada en vigor de los efectos de la inexequibilidad.
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