Un perro de raza pitbull fue rescatado en condiciones de vulnerabilidad y con signos de desnutrición en una vivienda del norte de Bucaramanga, tras una alerta ciudadana por un presunto caso de abandono y maltrato animal.
El procedimiento ocurrió en el sector Las Parcelas, de Villas de San Ignacio. La Policía Nacional informó que una residente de la zona contactó a la línea institucional y señaló que el animal permanecía solo en el inmueble desde hacía varios días.
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La ciudadana también indicó que el canino lloraba y ladraba de manera constante, aparentemente en busca de ayuda. Al llegar al lugar, uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental encontraron al pitbull con un deterioro físico que, según la institución, podía comprometer su integridad y bienestar.

Los policías realizaron una inspección en la vivienda y procedieron con la aprehensión preventiva del pitbull, en el marco de la estrategia ‘Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura’.
La Policía señaló que el animal estaba en evidente estado de desnutrición y vulnerabilidad. De acuerdo con la información conocida, el canino presentaba un cuadro físico avanzado, con la piel adherida a los huesos.
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Tras el rescate, las autoridades se comunicaron con quien sería la propietaria del perro, según la información aportada por vecinos del sector. Los uniformados le explicaron los motivos de la aprehensión preventiva y las actuaciones que adelantarán las entidades competentes frente al presunto caso de maltrato animal.
El pitbull fue llevado a la Unidad de Bienestar Animal (UBA), donde médicos veterinarios evaluarán su estado de salud y definirán el tratamiento necesario para su recuperación.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga indicó que el caso quedó bajo la ruta de protección animal. Una vez avance el proceso de recuperación, las autoridades determinarán las medidas que correspondan para garantizar el cuidado del canino.
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Entre las opciones que podrán ser valoradas está una eventual entrega en adopción, en caso de que se establezca que otra persona puede asumir de forma responsable su protección y bienestar.
Gobierno reglamentó la Ley Ángel y creó una ruta nacional para atender casos de maltrato animal
El 9 de septiembre se conoció que el Gobierno nacional reglamentó la Ley Ángel y estableció una Ruta de Atención al Maltrato Animal que permitirá clasificar y priorizar las denuncias según el nivel de riesgo para cada animal.
La medida busca coordinar la respuesta entre alcaldías, inspecciones de convivencia, Policía, Fiscalía General de la Nación y otras entidades competentes.
La reglamentación ubica en la práctica la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, iniciativa de la senadora Andrea Padilla Villarraga que fortaleció los mecanismos de prevención, investigación y sanción del maltrato animal.
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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié, afirmó que la norma busca que las denuncias tengan consecuencias institucionales.
“Prometimos proteger a los animales y estamos cumpliendo. La Ley Ángel, de la autoría de la senadora Andrea Padilla Villarraga, no podía quedarse en una declaración de buenas intenciones, sino convertirse en una respuesta concreta cada vez que un animal sea víctima de crueldad”, manifestó.
La nueva ruta contempla tres niveles de atención: inmediata, prioritaria y seguimiento preventivo. El objetivo es que las autoridades den prelación a los reportes en los que la vida, la integridad o el bienestar del animal enfrenten un mayor riesgo.
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La valoración de los casos no dependerá únicamente de heridas o lesiones visibles. Los funcionarios también deberán considerar signos asociados al bienestar animal, entre ellos dolor, miedo, estrés o sufrimiento.

El Ministerio de Ambiente indicó que los municipios y distritos deberán adoptar su propia ruta mediante actos administrativos, de acuerdo con las características y necesidades de cada territorio. La reglamentación también fija lineamientos para que alcaldías y distritos implementen el Curso de Sensibilización contra el Maltrato Animal. Esta herramienta busca promover conductas de respeto y cuidado, prevenir nuevos episodios de violencia e informar sobre las consecuencias penales de esas acciones.
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Los contenidos deberán incluir la identificación de las conductas sancionadas, principios de bienestar y comportamiento animal, factores relacionados con el maltrato y sus efectos. La metodología, según el Gobierno, deberá promover la participación y la reflexión de quienes asistan.
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