Procuraduría revisará licencias y obras de edificios afectados por terremoto en Colombia

La Procuraduría General de la Nación investigará qué ocurrió con las viviendas y la infraestructura afectadas por el terremoto registrado hace un mes en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. El objetivo del Ministerio Público será establecer si hubo fallas, negligencia o irregularidades en los procesos de construcción, supervisión y cumplimiento de normas técnicas.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el procurador general, Gregorio Eljach, anunció que la entidad revisará el recorrido institucional de las edificaciones afectadas, desde el momento en que las curadurías otorgaron licencias hasta la ejecución final de las obras.

La investigación incluirá el papel de las oficinas de planeación, así como de los responsables de interventoría y supervisión. Para esto, la Procuraduría acudirá a archivos y registros con el fin de identificar qué funcionarios tenían competencias en cada etapa y si cumplieron sus obligaciones.

Revisarán licencias y normas sismorresistentes

El Ministerio Público verificará licencias de construcción y remodelación, cumplimiento de normas de sismorresistencia y seguimiento a las obras. Uno de los puntos clave será establecer si lo construido correspondía realmente a lo autorizado por las autoridades competentes.

La investigación busca determinar si las edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto cumplían con los estándares exigidos o si, por el contrario, existieron omisiones en materiales, diseños, permisos, controles o procesos de supervisión.

Eljach señaló que la Procuraduría busca establecer responsabilidades, garantizar el resarcimiento de los daños cuando corresponda y verificar que la recuperación avance con rapidez, pero dentro del marco legal.

El anuncio se produce cuando distintas regiones afectadas aún evalúan daños en viviendas, edificios, servicios públicos e infraestructura. La Procuraduría pretende acompañar esa etapa sin reemplazar a las autoridades responsables, pero con vigilancia sobre el uso de recursos y el cumplimiento de las normas.

La entidad también examinará si las oficinas territoriales encargadas de planeación y control urbano actuaron conforme a sus deberes. Esto incluye revisar si hubo advertencias previas, modificaciones no autorizadas o posibles incumplimientos que hayan aumentado la vulnerabilidad de algunas estructuras frente al sismo.

Seguros y reconstrucción bajo vigilancia

El procurador también advirtió sobre otra problemática: muchas viviendas afectadas no contaban con seguro, lo que dejó a sus propietarios prácticamente sin respaldo económico frente a los daños. En otros casos, quienes sí tenían pólizas estarían enfrentando dificultades para lograr que las aseguradoras reconozcan y paguen los siniestros.

Esa situación agrega presión sobre familias que perdieron total o parcialmente sus viviendas y que ahora dependen de la respuesta institucional, de eventuales indemnizaciones o de programas de reconstrucción para recuperar su patrimonio.

Eljach puso como antecedente el terremoto de Popayán de 1983, cuando se descubrió que algunas edificaciones que colapsaron tenían materiales que no cumplían con los estándares de construcción. Ese desastre llevó posteriormente al establecimiento de normas técnicas de sismorresistencia en Colombia.

Con esa referencia, la Procuraduría busca evitar que una situación similar se haya repetido en las zonas golpeadas por el reciente terremoto. La entidad revisará si las fallas estructurales obedecieron únicamente a la magnitud del sismo o si también pudieron estar relacionadas con incumplimientos humanos, administrativos o técnicos.

El Ministerio Público aseguró que estará en los territorios para acompañar la respuesta institucional, sin coadministrar, pero vigilando que los recursos y las acciones se orienten correctamente hacia la recuperación de viviendas, infraestructura y servicios públicos.

La investigación se adelantará desde el nivel central, con presencia en las regiones afectadas y coordinación con ministerios, la gerencia encargada de la reconstrucción y las autoridades territoriales. La Procuraduría revisará tanto la etapa previa de construcción como las decisiones actuales de recuperación.

Con esta actuación, el organismo de control busca que la reconstrucción no avance solo con rapidez, sino también con garantías legales y técnicas. La prioridad será identificar responsabilidades, proteger a los damnificados y evitar que nuevas obras reproduzcan fallas que pudieron agravar los daños del terremoto.