Carf advierte que ajuste fiscal no puede aplazarse: déficit total llegaría al 10 % del PIB

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, prendió las alarmas por la situación de las finanzas públicas en Colombia y advirtió que el ajuste fiscal “ya no puede postergarse”. Aunque el organismo reconoce que el nuevo proyecto de Presupuesto para 2027 refleja mejor las necesidades reales de gasto, señaló que el déficit y la deuda siguen en aumento.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el nuevo proyecto de presupuesto para 2027 asciende a $635 billones, equivalentes al 29,9 % del Producto Interno Bruto, PIB. La cifra representa $59,2 billones más que la propuesta inicial presentada en julio por el gobierno anterior.

Ese aumento reconoce gastos que no estaban completamente financiados, entre ellos salud, pensiones, nómina pública, subsidios de gas y energía, universidades y el fondo de combustibles. Sin embargo, para el Carf, el problema fiscal del país va más allá del tamaño del presupuesto.

Déficit y deuda siguen al alza

Para 2027, el Gobierno y el Carf proyectan un déficit de 4,5 % del PIB, muy por encima del 0,5 % previsto inicialmente. Además, el déficit total se acercaría al 10 % del PIB, una cifra que refleja la presión creciente sobre las cuentas públicas.

El comité también advirtió que la deuda neta llegaría a 67 % del PIB, cerca del límite establecido por la regla fiscal. Ese nivel reduce el margen de maniobra del Estado y puede aumentar los costos de financiamiento en los próximos años.

La preocupación no se limita al balance presupuestal inmediato. El Carf alertó que existen riesgos adicionales relacionados con mayores gastos en salud y pensiones, el impacto del fenómeno de El Niño y los recursos que se necesitarán para atender la emergencia por el terremoto.

Un mayor nivel de deuda también puede traducirse en primas de riesgo más altas, mayores tasas de interés y más necesidades de financiamiento. Ese escenario, según la advertencia, puede generar un círculo que complique todavía más la sostenibilidad fiscal del país.

El diagnóstico del comité llega en medio de una discusión presupuestal marcada por la necesidad de sincerar gastos, conseguir nuevas fuentes de ingresos y revisar el tamaño del gasto público. Aunque el nuevo presupuesto reconoce obligaciones que antes no estaban plenamente financiadas, el Carf insiste en que esa corrección debe ir acompañada de medidas estructurales.

Piden ajuste estructural y permanente

Para el Carf, Colombia necesita un ajuste fiscal creíble, estructural y permanente, tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos. El Gobierno había anunciado una corrección equivalente a 2,2 % del PIB, pero el comité advirtió que el ajuste no puede depender de medidas temporales, aplazamientos o decisiones que solo posterguen el problema.

La sostenibilidad de las finanzas públicas, según el organismo, exige decisiones de fondo que permitan frenar el crecimiento de la deuda y reducir el déficit de manera duradera. La advertencia apunta a que el país no puede seguir financiando obligaciones permanentes con recursos inciertos o transitorios.

“Corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste; su decisión requerirá de la aprobación del Congreso de la República y de la participación responsable de los demás actores institucionales y de la sociedad”, señaló el comité.

El Carf añadió que la sostenibilidad fiscal es un principio constitucional y “un bien público de todos los colombianos”, por lo que las medidas necesarias para preservarla no pueden seguir aplazándose.

La discusión ahora queda en manos del Gobierno y del Congreso, que deberán definir cómo financiar el Presupuesto de 2027 y qué medidas adoptar para contener el deterioro de las cuentas públicas. El reto será equilibrar la atención de necesidades urgentes, como salud, pensiones, subsidios y reconstrucción por el terremoto, con la obligación de evitar que la deuda siga acercándose a niveles de mayor riesgo.

El mensaje del Carf es claro: reconocer los gastos reales es un primer paso, pero no basta. Sin un ajuste permanente en ingresos y egresos, el país podría enfrentar más presión por intereses, menor confianza fiscal y menos espacio para responder a nuevas emergencias económicas o sociales.