Jaime Arizabaleta celebró que se levantara la suspensión al porte de armas en Colombia: “No hay mejor manera”

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, respaldó la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas en Colombia. El congresista sostuvo que la medida permite que los ciudadanos no queden indefensos ante la delincuencia y la presentó como una respuesta a la circulación de armamento ilegal.

“No hay mejor manera de detener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”, afirmó Arizabaleta al fijar su posición sobre el Decreto 1368, firmado el martes 8 de septiembre por el jefe de Estado.

El pronunciamiento del legislador del Valle del Cauca se produjo en medio de reacciones divididas en el Congreso de la República. Mientras integrantes del Centro Democrático y otros sectores respaldaron el cambio por considerar que fortalece la legítima defensa, dirigentes de la oposición anunciaron demandas contra la norma y advirtieron sobre posibles efectos en los índices de violencia.

Jaime Arizabaleta vinculó la medida con la defensa de los ciudadanos

Para Jaime Arizabaleta, el levantamiento de la suspensión representa una “gran noticia” para el país. El representante afirmó que el Gobierno nacional avanza en una dirección acertada al permitir que quienes cumplan los requisitos legales puedan solicitar autorización para portar armas.

“Estoy muy contento porque el Gobierno de Abelardo de la Espriella va en la dirección correcta. Esto de levantar el permiso del porte de armas es una gran noticia para el país”, señaló el congresista en una declaración pública.

El legislador sostuvo que la discusión debe centrarse en el uso criminal de armas sin permiso y no en la posibilidad de que un ciudadano obtenga una autorización bajo los controles establecidos por el Estado. Según su argumento, la mayor parte de los hechos delictivos se comete con armas ilegales.

Su postura se sumó a la del presidente De la Espriella, que sostuvo al momento de la firma que el “99,9% de los delitos cometidos con armas” involucra armamento ilegal o sin autorización. El mandatario argumentó que la estadística debe orientar la discusión pública sobre seguridad y porte de armas.

Para Arizabaleta, la medida no equivale a que cualquier persona pueda portar un arma sin restricciones, sino que abre la posibilidad de que los ciudadanos que se ajusten a las exigencias legales cuenten con una herramienta de defensa.

El representante a la Cámara Durguez Espinosa, también del Centro Democrático, expresó una opinión similar. El legislador por Risaralda aseguró que la decisión recupera capacidad de defensa para la población frente a organizaciones y delincuentes que disponen de armas ilegales.

Espinosa afirmó que, tras los acuerdos de paz con las disidencias de las Farc, 600.000 armas con salvoconducto salieron de circulación, mientras que más de tres millones de armas ilegales permanecieron en manos de la delincuencia.

“En buena hora los colombianos nos podemos defender, porque si el Estado no nos puede defender, que nos permita hacerlo”, manifestó el representante.

El Gobierno citó más de 15 mil armas incautadas entre enero y septiembre

La decisión presidencial se apoyó, de acuerdo con la información oficial, en los resultados operativos de la fuerza pública entre enero y septiembre de 2026. En ese período, las autoridades incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos e infracciones al Código Penal.

Los balances también indicaron que 980 armas incautadas estaban vinculadas con disidencias de las Farc, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.

Dentro del material decomisado figuraban 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros, datos que el Gobierno utilizó para sostener que la principal amenaza proviene de las estructuras armadas y redes criminales que operan al margen de la legalidad.

Según Arizabaleta, esas cifras respaldan su planteamiento de que el debate sobre el porte de armas debe diferenciar entre los permisos otorgados bajo control oficial y el mercado ilegal. El congresista insistió en que la delincuencia no se nutre de armas registradas, sino de circuitos clandestinos que requieren una respuesta de seguridad distinta.