Que son los distritos mineros impulsados por Gustavo Petro que el gobierno De la Espriella anunció desmontar: “Para que estemos tranquilos”

La ministra de Minas y Energía María Nohemí Arboleda anunció en Cartagena la derogación de las 10 resoluciones que delimitaban los Distritos Mineros Especiales en Colombia, una decisión que, según dijo, busca reactivar la exploración, recuperar la inversión y cambiar el marco que regulaba esas zonas creadas para ordenar la actividad minera con reglas especiales.

El anuncio se produjo durante el Congreso Nacional de Minería 2026. Allí, la funcionaria sostuvo que la determinación no afecta derechos adquiridos porque las delimitaciones no llegaron a ejecutarse y no toca títulos, solicitudes ni trámites en curso.

La dimensión económica del giro quedó expuesta en las cifras que presentó la propia ministra: la inversión extranjera directa en minería cayó de US$1.508 millones a USD 178 millones, mientras las regalías del sector disminuyeron 34% entre 2022 y 2025. A eso se sumó una reducción cercana a USD 4.000 millones en exportaciones durante el mismo período.

Arboleda afirmó ante empresarios y gremios que la derogación se definió tras evaluaciones técnicas y una mesa de trabajo que se extendió hasta altas horas de la noche. “Esta decisión tiene efectos de futuro, y no afecta los derechos de ningún ciudadano porque nada se ejecutó para que estemos tranquilos”, dijo.

Los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva fueron concebidos como un instrumento de planificación socioambiental, gestión y articulación institucional para alcanzar la sustentabilidad de las regiones con operaciones y proyectos mineros.

Su diseño incluía la promoción de la asociatividad entre mineros de pequeña escala, la industrialización de minerales estratégicos, nuevas alternativas productivas, reconversión laboral cuando fuera necesaria, solución concertada de conflictos y condiciones para garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones.

Entre sus objetivos figuraban la planificación de la actividad minera alrededor del agua y del ordenamiento territorial, la protección de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, la formalización de pequeños mineros y el impulso a la reindustrialización. El esquema también contemplaba fomentar trabajo digno en las zonas delimitadas y apoyar la diversificación económica de los territorios.

El marco normativo se remite al Decreto 0977 de 2024, que además fijó criterios para identificar, priorizar y delimitar estos distritos. Esos criterios incluían el tipo de operación minera, el volumen y grado de concentración de la actividad, el deterioro de los ecosistemas, las posibilidades de rehabilitación de las áreas afectadas, el potencial para otras actividades productivas, la tradición minera de la comunidad, los usos complementarios del suelo y la capacidad regional para industrializar minerales.

La arquitectura institucional prevista por ese decreto asignó al Ministerio de Minas y Energía la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales. Su función era articular entidades y actores relevantes a partir de un diagnóstico previo sobre cada territorio y de la identificación de las personas, organizaciones e instituciones con incidencia en las dinámicas socioeconómicas y ambientales de la región.

El Gobierno sostiene que la medida busca destrabar la actividad y devolver confianza

El instrumento central de esos distritos era el Plan Estratégico de Gestión, elaborado por cada mesa interinstitucional. Ese plan debía integrar análisis socioeconómico, productivo y de ordenamiento territorial, diálogos con comunidades locales, inventario de oferta institucional e indicadores de seguimiento sobre componentes mineros, sociales, económicos, étnicos y ambientales.

La ministra sostuvo que el nuevo rumbo apunta a reactivar una industria que, a su juicio, atravesó “cuatro años muy duros”. En ese contexto, dijo que “un país minero no se decreta desde un ministerio, tiene que construirse con cada uno de ustedes” y añadió que el Gobierno trabajará “con hechos y con acciones” que se conocerán en las próximas semanas.

Arboleda también defendió una visión en la que la minería acompañe la transición energética y productiva. “Sin minería no hay transición”, señaló ante los asistentes, y agregó que el ministerio “de minas y energía” había invisibilizado el componente minero.

En su intervención, la funcionaria cuestionó lo que definió como un “falso dilema” entre energía verde y energía convencional, y entre medio ambiente y desarrollo. También mencionó la importancia del carbón, la soberanía energética y la necesidad de un servicio confiable para el país, en un pasaje en el que aludió al Fenómeno de El Niño y al riesgo de apagón.

El sector minero pidió seguridad jurídica, inversión y control de la ilegalidad

Desde la industria, el presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Minería Santiago Cardona afirmó que, con articulación entre Gobierno y empresas, se podrían movilizar USD 4.700 millones en inversión extranjera en tres años.

También planteó inversiones anuales del orden de USD 500 millones, frente a los USD 80 millones actuales, y reclamó respaldo para las operaciones en curso y continuidad para nuevos proyectos de exploración.

Cardona dijo, en declaraciones citadas por Semana, durante el encuentro que el sector viene de “4 años muy duros”, con 800 bloqueos y otras trabas. Su planteamiento fue que la hoja de ruta de los próximos cuatro años debe combinar mantenimiento de proyectos existentes, promoción de nuevas iniciativas y un marco regulatorio estable para decisiones de largo plazo.

Por su parte, el presidente de la ACM Juan Camilo Nariño advirtió sobre la pérdida de competitividad de Colombia frente a otros países de la región. Según explicó, la participación de la inversión extranjera destinada a minería en el país es de 1,5%, frente al 50% de Chile, el 30% de Perú y el 53% de Argentina.

Nariño sostuvo que el nuevo Gobierno debe concentrarse en restablecer el orden jurídico, mejorar la seguridad en los territorios, revisar el panorama de la ilegalidad y adoptar una aproximación estratégica del Estado hacia la minería. Arboleda, a su vez, dijo que desde su cartera trabajará para enfrentar la ilegalidad y que su propósito es que “ser minero vuelva a ser un orgullo en Colombia”.