Firmantes de paz en riesgo: 512 han sido asesinados desde la firma del Acuerdo

Al menos 512 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo en 2016, según el más reciente informe del Consejo Nacional de Reincorporación. La alerta volvió a tomar fuerza después de que tres firmantes fueran asesinados en la última semana, dos de ellos en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, los casos más recientes corresponden a José David Giraldo y su hijo Yerlin Giraldo, asesinados en Cajibío, Cauca. Ambos participaban en procesos de reincorporación y en proyectos comunitarios y productivos, entre ellos iniciativas relacionadas con la producción de café.

El doble homicidio ocurrió en medio de un panorama que el Consejo Nacional de Reincorporación califica como de alto riesgo para quienes dejaron las armas tras la firma del Acuerdo de Paz. La entidad reportó que, desde diciembre de 2016, han sido asesinados 500 hombres y 12 mujeres firmantes. Además, 42 permanecen desaparecidos y más de 500 han sido desplazados de sus territorios por amenazas y hechos de violencia.

Cauca, Valle y Nariño concentran amenazas

Para Christhian Galvis, abogado y coordinador regional del equipo de defensa de firmantes de paz en el suroccidente, los asesinatos de José David y Yerlin no pueden verse como hechos aislados. Según dijo, ambos estaban comprometidos con la construcción de paz y con procesos comunitarios en el Cauca.

Galvis aseguró que el doble homicidio evidencia, en sus palabras, un “plan de exterminio contra los firmantes del Acuerdo de Paz en el suroccidente colombiano”. El abogado también pidió intervención política de la nueva administración de Abelardo de la Espriella para responder a la situación de seguridad de esta población.

“Lo que estamos requiriendo inicialmente es voluntad política del nuevo gobierno, voluntad política que permita generar acciones interinstitucionales”, afirmó.

El informe muestra que las amenazas son el principal hecho victimizante contra los firmantes. La Fiscalía tiene 1.939 investigaciones por amenazas, de las cuales 201 corresponden a mujeres. Según el Consejo Nacional de Reincorporación, 874 casos estaban inicialmente en el inventario de la Unidad Especial de Investigación y otros 1.065 fueron trasladados desde otras fiscalías para unificar las investigaciones e identificar patrones criminales.

El riesgo tiene una fuerte concentración territorial. Norte del Cauca, Valle del Cauca y Nariño conforman el corredor occidental donde se registra la mayor incidencia de amenazas. El Consejo relaciona esta situación con la presencia de economías ilícitas y disputas de grupos armados por el control territorial.

Piden evitar estigmatización institucional

En las zonas más afectadas, los firmantes pueden quedar expuestos por sus actividades económicas, comunitarias y organizativas. De acuerdo con el análisis citado, algunos grupos armados los ven como obstáculos para el control de los territorios y de las economías ilegales.

Las organizaciones de firmantes también insistieron en evitar mensajes estigmatizantes desde instituciones del Estado. Según Galvis, los señalamientos pueden aumentar el riesgo individual y colectivo de quienes siguen en procesos de reincorporación.

“Es muy lamentable lo que está ocurriendo. Va a tender a acrecentarse porque a partir de la estigmatización y a partir de los señalamientos injustos que han provenido de distintas aristas de este nuevo gobierno, seguramente ese riesgo que individual y colectivamente sufren los firmantes del acuerdo se traducirá en más hechos que no queremos seguir lamentando”, concluyó.

La cifra de 512 asesinatos refleja la fragilidad de las garantías de seguridad para quienes apostaron por la reincorporación. Aunque el Acuerdo de Paz abrió una ruta para la dejación de armas y la construcción de proyectos productivos, el balance evidencia que muchas comunidades siguen atrapadas entre amenazas, disputas armadas y falta de protección efectiva.

El llamado de los defensores de firmantes apunta a una respuesta urgente, coordinada y territorial. No solo se trata de investigar los homicidios ya cometidos, sino de prevenir nuevos ataques, proteger proyectos comunitarios y garantizar que quienes dejaron las armas puedan permanecer en sus regiones sin ser desplazados, amenazados o asesinados.